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WASHINGTON, D.C.– Esta semana marcó ya seis meses desde que el Presidente Trump asumió el cargo, durante el cual el Consejo Americano de Inmigración ha seguido el creciente nivel de aplicación de la inmigración implementado a lo largo de la frontera, en todo el país y en todas nuestras comunidades. A través de múltiples órdenes ejecutivas y el rechazo de las prioridades de aplicación, la actual administración ha dejado a los inmigrantes y a sus defensores con políticas que sólo logran aterrorizar a las comunidades y socavar los valores de inclusión del país.
Dentro de estos primeros seis meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha eliminado el uso de las significativas prioridades de aplicación de la ley de inmigración para incluir a cualquier persona que esté indocumentada; amplió el uso de los arrestos; amplió la colaboración con la policía local a través del programa 287 (g); implementó una detención más severa para los inmigrantes; y dañó la relación entre los miembros de la comunidad y sus agencias policiales locales.
“Sin prioridades significativas, DHS está realmente tratando de obtener frutos muy bajos”, señaló Joshua Breisblatt, analista de Políticas del American Immigration Council. “¿Qué ganamos cuando deportamos a personas que han vivido en los Estados Unidos por muchos años, están apoyando a sus familias, pagando impuestos y apoyando nuestra economía?”
“El temor que el DHS está inculcando en las comunidades está erosionando la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley en vez de hacernos sentir más seguros”, dijo Royce Murray, director de Políticas del Consejo Americano de Inmigración. “El DHS debe tomar decisiones más inteligentes sobre cómo priorizar sus recursos de una manera que minimice el daño que hace a las comunidades y a las familias”.
Estas severas políticas dan un vistazo a lo que está por venir, una imagen especialmente sombría si DHS decide quitar los papeles temporales que han proporcionado a muchas personas durante años. Si los “Soñadores” que se han beneficiado del programa “Acción Diferida por Llegada en la Niñez” (DACA), pierden sus permisos de trabajo y permiso para quedarse, casi 800,000 personas podrían estar de repente en riesgo de deportación. Asimismo, más de 300,000 personas que han vivido y trabajado en los Estados Unidos durante muchos años con el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras sus países se recuperan de desastres naturales y conflictos, también podrían ver sus vidas vorazadas por la aplicación indiscriminada de la inmigración.
