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La Asociación Americana de Abogados en Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) se opone firmemente al proyecto de ley de financiamiento emitido por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, que se concentraría en aumentos masivos en la aplicación de la ley de inmigración y seguridad fronteriza y en la deportación de miles de indocumentados con niños, y lazos fuertes con los Estados Unidos. Estos aumentos inmensos llegan en un momento en que las aprehensiones fronterizas se han desplomado, y tanto la Inmigración y Aduanas (ICE) como la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) ya estaban en todo momento bajo altos niveles de financiamiento.
Entre otras cosas, el proyecto de Ley de Apropiaciones de la Cámara incluye:
- Aumentar el financiamiento del CBP a $1.6 mil millones para financiar el muro fronterizo sobre el cual representantes de los estados fronterizos de ambos partidos se han opuesto.
- Financiar la contratación de 500 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, aunque la agencia no pueda ocupar puestos vacantes en la actualidad. Dos tercios de los solicitantes no pueden aprobar un polígrafo con la intención de determinar si tienen antecedentes penales o planean usar su posición con fines coercitivos o abusivos.
- Aumentar el financiamiento de ICE en más de 600 millones de dólares, que incluye dinero para contratar a 1,000 nuevos oficiales de ICE. Más oficiales significarán una selección más indiscriminada de blancos de deportación, incluyendo miembros de familias legales, DREAMers, solicitantes vulnerables de asilo y menores de edad.
- Aumentar la capacidad del camas en los centros de detención de ICE a un máximo histórico de 44,000 que va de la mano con los planes para estropear las normas nacionales destinadas a garantizar condiciones de detención seguras y humanas.
“Los líderes de la Cámara han cedido a la demanda del presidente Trump de miles de millones de dólares en fondos para una fuerza de deportación enorme, mezquina e improductiva que se realiza a expensas de programas nacionales de vital importancia”, dijo Annaluisa Padilla, presidenta de la AILA. “Debido al cambio en las prioridades de cumplimiento de la administración, ICE está separando a las familias y deportando a personas quienes son miembros productivos de nuestra comunidad, entregando miles de millones en dinero de los contribuyentes para enormes aumentos en el inmenso sistema de detención migratoria de la nación, fondeando un muro innecesario e impráctico, y agregando a 1,500 agentes de refuerzo no sirve a ningún propósito racional y es una derogación del deber del Congreso hacia el pueblo estadounidense de gastar su dinero sabiamente”.
Benjamin Johnson, director ejecutivo de la AILA, señaló que “el financiamiento exigido por la administración de Trump, que el comité acaba de sellar, no se basa en las necesidades reales fronterizas o internas.” Este presupuesto significaría un aumento de $2.2 mil millones en fondos para ICE y CBP sobre los niveles decretados de la FY2017, a pesar del hecho de que, en general, las aprensiones fronterizas han disminuido constantemente en las últimas dos décadas e incluso se han reducido en un 68% desde octubre de 2016. En un momento en que la reputación de Estados Unidos en el mundo está siendo sacudida, el Congreso no debería ayudar a cumplir una promesa de campaña basada en nada más que el temor. Es inquietante que los miembros de la Cámara de Representantes estén apoyando una fuerza de deportación masiva cuando la gran mayoría, el 90%, del público estadounidense, apoya el estado legal permanente para los indocumentados. Necesitamos leyes migratorias que vayan con nuestros valores y que aumenten nuestra prosperidad compartida. Nuestro país merece algo mejor que una estrategia de refuerzo indiscriminada e inhumana”.
Más información se puede encontrar en el informe de AILA publicado en abril de 2017: Plan de Cumplimiento Masivo del Presidente Trump: Derrochador e ineficaz.
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La Asociación Americana de Abogados de Inmigración es la asociación nacional de abogados en inmigración establecida para promover la justicia, abogar por leyes y políticas justas y razonables de inmigración, avanzar la calidad de la ley de nacionalidad y la práctica, y mejorar el desarrollo profesional de sus miembros.
