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-Editorial
La Suprema Corte de Estados Unidos anuló amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, al determinar que una ley federal de poderes de emergencia no autoriza al presidente a imponer aranceles, lo que representa un revés legal significativo para un elemento central de su agenda económica.
En una decisión de 6–3 en el caso Learning Resources v. Trump, el tribunal sostuvo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga al poder ejecutivo autoridad para imponer aranceles. El fallo invalida una serie de aranceles anunciados en 2025, incluidos amplios aranceles “recíprocos” aplicados a importaciones de numerosos países.
El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumaron las juezas y los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. La mayoría concluyó que el lenguaje de la ley no autoriza explícitamente aranceles y que el Congreso históricamente ha delegado el poder arancelario solo en términos específicos.
Roberts escribió que la interpretación de la administración permitiría al presidente imponer aranceles “de monto, duración y alcance ilimitados” sin autorización clara del Congreso. La opinión subrayó que, si bien la ley permite ciertas medidas económicas durante emergencias nacionales, no contiene referencia alguna a aranceles o derechos aduaneros.
En disenso, los jueces Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito argumentaron que los aranceles han sido históricamente una herramienta para regular las importaciones y sugirieron que otras autoridades legales podrían respaldar acciones comerciales similares. El disenso también expresó preocupaciones sobre el posible impacto fiscal si deben devolverse ingresos arancelarios previamente recaudados.
Trump anunció aranceles a inicios de 2025 sobre importaciones de Canadá, México y China, y posteriormente amplió la política para incluir un amplio conjunto de aranceles globales que afectaban a una gran variedad de bienes. La administración citó déficits comerciales, preocupaciones de seguridad nacional y generación de ingresos como justificaciones clave, al sostener que las medidas fortalecerían la manufactura nacional y brindarían palanca en negociaciones internacionales.
Bajo la política, casi todos los bienes importados quedaron sujetos a una tasa arancelaria base, con tasas más altas aplicadas a ciertos países. La administración también promovió aranceles “recíprocos” que aumentarían los derechos en respuesta a barreras comerciales extranjeras.
Múltiples empresas y gobiernos estatales impugnaron la política en tribunales federales, argumentando que la ley de poderes de emergencia citada por la administración no autorizaba aranceles. Tribunales inferiores fallaron contra el gobierno, y la aplicación de los aranceles continuó mientras las apelaciones estaban pendientes.
La Suprema Corte aceptó revisar el caso después de que tribunales de apelación confirmaran fallos que determinaban que la ley no permitía al presidente imponer aranceles de esa manera. Las y los ministros escucharon argumentos en noviembre de 2025 y emitieron su decisión el viernes.
El fallo se limita a los aranceles impuestos bajo la ley de poderes de emergencia y no determina si pueden imponerse aranceles bajo otras leyes comerciales. La Corte tampoco resolvió cómo deben manejarse los ingresos arancelarios previamente recaudados.
Analistas legales señalan que la decisión podría provocar litigios adicionales de empresas que buscan el reembolso de aranceles pagados mientras la política estuvo en vigor. El destino final de miles de millones de dólares recaudados en derechos aduaneros sigue siendo incierto.
La administración ha indicado que podría buscar aranceles mediante otras autoridades legales que requieren revisión por agencias y una aplicación más limitada.
Las reacciones al fallo variaron entre líderes políticos y empresariales.
Gavin Newsom criticó los aranceles y pidió la devolución de los fondos recaudados, al afirmar que la política elevó los costos para los consumidores y tensó las relaciones internacionales.
“Sus aranceles no fueron más que una recaudación ilegal que elevó los precios, perjudicó a las familias trabajadoras y dañó alianzas globales de larga data”, declaro Newsom en redes. “Cada dólar que su administración tomó ilegalmente debe ser reembolsado de inmediato — con intereses”.
Chris Cate, presidente y director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, dijo que la decisión brinda mayor certidumbre para el comercio transfronterizo y las cadenas de suministro regionales, particularmente en la economía binacional del sur de California y el norte de México.
“La decisión de la Suprema Corte de anular los aranceles bajo la IEEPA es un paso crítico y largamente esperado para restablecer la estabilidad en nuestra política comercial. Durante años, la Cámara ha sido una voz líder en la promoción de políticas que fortalecen el comercio transfronterizo y protegen las cadenas de suministro integradas que impulsan nuestra economía regional. En la región Cali-Baja, estas cadenas de suministro no son solo datos en una gráfica; son un motor económico comprobado que respalda empleos, impulsa la innovación y alimenta el crecimiento en ambos lados de la frontera. Seguiremos liderando en este tema, abogando de manera firme y constante por políticas comerciales que brinden certidumbre, refuercen nuestra competitividad binacional y permitan que nuestras empresas y comunidades prosperen”.
Comentaristas políticos y grupos de defensa expresaron una variedad de opiniones sobre el fallo y sus implicaciones económicas, reflejando el debate en curso sobre la política comercial y la autoridad del poder ejecutivo.