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-Editorial
Al igual que la icónica canción de The Clash titulada “¿Debería quedarme o debería irme?” (Should I Or Should I Go) México está celebrando una elección revocatoria especial para ver si el presidente de México debe permanecer en el poder o no. Si bien la constitución de México no obliga al presidente a pasar por un referéndum de mitad de período, Andrés Manuel López Obrador tenía otros planes e insistió en que se llevara a cabo este proceso y le pregunte la gente si aprueba su trabajo.
En un resultado que no sorprende, los primeros conteos muestran que el 90 por ciento de los votantes decidió mantenerlo, pero ahora los miembros del Partido Morena culpan al instituto electoral por la pésima participación, preparando el escenario para tratar de desmantelar la institución o reformarla.
El presidente está dispuesto a continuar con su plataforma populista a toda costa. Los opositores a este referéndum dicen que es solo una pérdida de dinero que sentará un mal precedente para la democracia de México.
El 10 de abril de 2022 se llevó a cabo la elección revocatoria presidencial mexicana de 2022, denominada oficialmente Proceso revocatorio del Presidente de la República elegido para el período constitucional 2018-2024 por el organismo electoral Instituto Nacional Electoral (INE), para decidir si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador debe permanecer en el cargo y cumplir su mandato completo de seis años.
Para ser válida, la revocación debe ser aprobada por mayoría absoluta de votos válidos y la participación debe ser de al menos el 40%.
Esta es la primera elección revocatoria nacional en México. Fue propuesta por el propio López Obrador durante su candidatura en las elecciones de 2018 y solicitada por opositores y simpatizantes de su gobierno. Es organizado por el INE, impulsado por 2.7 millones de firmas de 17 estados mexicanos que representaron el 3% del padrón electoral, siguiendo las reglas establecidas por la Constitución Política de México y la Ley Federal de Revocatoria de Mandato.
El INE, que inició los preparativos en agosto de 2021, señaló que faltaban recursos para la organización de la consulta, por lo que impugnó el presupuesto aprobado por el Congreso y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su pronunciamiento. En cambio, el presidente y otras figuras del gobierno aseguraron que la organización sí contaba con el dinero adecuado.
Tras suspender los preparativos, la decisión de suspensión fue revocada por la comisión de receso de la Corte Suprema y el Tribunal Federal Electoral, que ordenó al INE realizar la consulta. Con eso, el 4 de febrero se aprobó la convocatoria a consulta, lo que provocó la instalación de 57,377 mesas de votación y 1,567,4 millones de pesos mexicanos disponibles para el INE, menos de la mitad del dinero solicitado inicialmente.
Desde su campaña presidencial, López Obrador prometió realizar una elección revocatoria dos años después de su eventual gobierno. Luego, en el gobierno, el 19 de marzo de 2019, firmó una carta que decía ″En 2021 se va a hacer una consulta para preguntarle a la ciudadanía si quieren que siga gobernando o renuncie″ y rechazó que ″la propuesta de revocatoria encubre la intención de reelegirme en 2024″, acusación de algunos opositores al gobierno. En octubre del mismo año, el Senado mexicano aprobó la elección revocatoria en general, con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención.