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-Editorial
Desde su presentación el 8 de septiembre de 2022, por parte de la Diputada Rocío Adame, la iniciativa para establecer la Ley sobre Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California permanece en el limbo, esperando atención por parte del Congreso del Estado. Lamentablemente, a pesar de la apremiante necesidad de dicha legislación, ha habido una notable falta de progreso en este crucial proyecto de decreto, ya que el Congreso del Estado aún no ha tomado medidas decisivas para impulsarlo.
El presidente de COPARMEX Mexicali expresó su frustración por las interminables excusas proporcionadas por el Congreso para no avanzar en la crítica iniciativa. No se puede subestimar la importancia de la ley propuesta, destinada a abordar las desapariciones forzadas, particularmente para las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.
“Las excusas para no hacer el trabajo son infinitas”, dijo Octavio Sandoval López al referirse a las razones que ha expresado el Congreso de Baja California respecto del retraso en la expedición de dicha ley.
En conferencia de prensa, Sandoval López reconoció el minucioso trabajo realizado por el equipo de la diputada Rocío Adame, comparándolo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas de 2017. Los esfuerzos detallados en el proyecto subrayan su importancia, enfatizando que el tema no debería posponerse más.
Las desapariciones forzadas en México han sido una preocupación de larga data, documentada por las Naciones Unidas desde 1980. El proyecto de ley es crucial para abordar este tema, especialmente considerando las alarmantes estadísticas a noviembre de 2021, donde 95,121 personas fueron reportadas como desaparecidas, con al menos 52,000 no identificadas. cuerpos. El gobierno federal, reconociendo una crisis humanitaria debido a las desapariciones forzadas, enfatiza la urgencia de tomar medidas legislativas.
La ley propuesta se alinea con los estándares internacionales y aborda los elementos que caracterizan las desapariciones forzadas según lo descrito por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Destaca la participación de agentes gubernamentales, la negativa a reconocer el acto de privación de libertad y el ocultamiento de la suerte o paradero de la víctima.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México, define la desaparición forzada como un acto cometido por agentes del Estado o con autorización del Estado, seguido de una negativa a reconocer la privación de libertad u ocultamiento de la persona desaparecida. la suerte o el paradero de la persona.
Mientras el gobierno mexicano lidia con lo que se ha denominado una “crisis forense”, con más de 50,000 personas no identificadas en fosas comunes o servicios forenses, la necesidad de un marco legal integral para abordar las desapariciones forzadas se vuelve cada vez más urgente. La demora en la promulgación de la ley propuesta en Baja California genera preocupación sobre el compromiso de abordar este problema crítico que ha plagado a la nación durante décadas.