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-Editorial
Durante décadas, Estados Unidos ha lidiado con la inmigración, tratando de equilibrar su identidad histórica como nación de inmigrantes con preocupaciones legítimas sobre la seguridad fronteriza, el orden público y la seguridad nacional. Sin embargo, hoy ese delicado equilibrio parece cada vez más frágil. Lo que antes era un debate de política pública se ha transformado en una crisis más amplia de confianza, ya que la aplicación agresiva de las leyes migratorias —tanto en la frontera como en el interior del país— es percibida cada vez más como un factor que socava la paz social, las libertades civiles y la confianza en la autoridad gubernamental.
Esta erosión de la confianza ocurre en un momento en que las agencias federales están replanteando cómo definen, valoran y justifican la vida humana en la toma de decisiones públicas. A principios de este año, se dio a conocer que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) evalúa abandonar la práctica de larga data de asignar un valor monetario a las vidas salvadas al diseñar regulaciones sobre la calidad del aire. Aunque los ámbitos de política son distintos, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo mide el gobierno federal el valor de la vida humana y qué ocurre cuando ese valor se minimiza o se excluye por completo del proceso de decisión?
Esa pregunta dejó de ser abstracta y se convirtió en tragedia a inicios de enero de 2026, cuando Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, poeta y madre de tres hijos, fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo de control migratorio en el interior del país, en Minneapolis. El hecho conmocionó a la nación, desató protestas y reavivó el escrutinio sobre las tácticas de aplicación de la ley, la supervisión y la rendición de cuentas, no solo dentro de las agencias migratorias, sino en el conjunto de instituciones federales con creciente capacidad para usar la fuerza en suelo estadounidense.
Las cifras que impulsan el debate — y por qué el contexto importa
En el centro del discurso migratorio se encuentran estadísticas que se citan con frecuencia, pero rara vez se explican. Desde 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha reportado más de ocho millones de encuentros con migrantes a nivel nacional, una cifra que suele utilizarse para ilustrar la magnitud de la migración irregular. Sin embargo, los encuentros no equivalen a personas únicas ni implican necesariamente residencia permanente. Muchos corresponden a cruces repetidos, expulsiones aceleradas o solicitudes de asilo procesadas dentro de los marcos legales existentes.
CBP también registra a los llamados gotaways —personas que evaden la detección— y estima que más de 1.7 millones se encuentran actualmente en el país. Para los sectores más duros en materia de control migratorio, estas cifras representan una pérdida de control y una amenaza a la soberanía. Pero, desprovistas de matices, también alimentan respuestas políticas basadas en el miedo, que priorizan el volumen y la rapidez por encima de la proporcionalidad, el debido proceso y el juicio humano.
Inmigración legal: una realidad económica e institucional
Mientras la aplicación de la ley domina los titulares, décadas de investigación económica demuestran de manera consistente que la inmigración legal fortalece la economía estadounidense. Los inmigrantes legales cubren vacantes laborales críticas, contribuyen al crecimiento del PIB, impulsan la innovación y ayudan a contrarrestar el declive demográfico. Estudios independientes indican que la regularización de inmigrantes indocumentados podría sumar billones de dólares a la economía a largo plazo, al permitir su plena participación en el mercado laboral formal.
En síntesis, la inmigración —cuando es legal, estructurada y bien gestionada— ha sido históricamente un activo, no una carga. Sin embargo, el discurso político cada vez más presenta la movilidad humana como una amenaza a la seguridad, en lugar de un desafío de gobernanza.
Del control fronterizo a la vigilancia en el interior
En los últimos meses se ha producido un giro decisivo en la estrategia de aplicación de la ley. Las operaciones migratorias se han desplazado hacia el interior del país, con ICE realizando redadas y arrestos lejos de la frontera. Aunque estas acciones se presentan como operativos dirigidos contra personas con antecedentes criminales, con frecuencia han generado temor en las comunidades —incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales— que desconocen sus derechos ante encuentros con agentes federales armados.
Esa tensión alcanzó su punto crítico el 7 de enero de 2026. El agente de ICE Jonathan Ross disparó en repetidas ocasiones contra Renee Nicole Good mientras ella se encontraba sentada en su camioneta durante un operativo federal. Imágenes de video y testimonios de testigos indican que intentaba retirarse del lugar; hasta ahora, no ha surgido evidencia de que representara una amenaza letal inminente.
Autoridades federales, incluido el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional, defendieron el tiroteo como un acto de legítima defensa. Líderes locales, entre ellos el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazaron esa versión, calificándola de engañosa y exhortando a ICE a suspender operaciones en la ciudad. Las explicaciones contradictorias no hicieron sino profundizar el escepticismo público.
En el centro de la controversia se encuentra una pregunta fundamental, familiar para toda agencia federal: ¿se siguieron los protocolos establecidos y se ponderaron adecuadamente las consecuencias humanas?
Las directrices federales sobre el uso de la fuerza permiten la acción letal únicamente ante una amenaza inminente de muerte o daño corporal grave. Expertos en fuerzas del orden subrayan que disparar contra un vehículo en movimiento es una de las tácticas más peligrosas que puede emplear un agente, generalmente desaconsejada por el riesgo de rebotes, víctimas colaterales y peligro para el propio oficial.
Vacíos de capacitación y riesgo institucional
Los críticos sostienen que el caso Good refleja debilidades sistémicas. Recientes campañas de reclutamiento en ICE habrían incluido incentivos agresivos, capacitación abreviada y evaluaciones psicológicas limitadas, alejándose de estándares tradicionales. Especialistas advierten que una preparación insuficiente, combinada con autoridad militarizada y presión política, incrementa la probabilidad del uso excesivo de la fuerza.
Las consecuencias fueron elocuentes. Estallaron protestas en todo el país. Seis fiscales federales en Minnesota renunciaron tras la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos por violaciones a derechos civiles, una inusual y contundente reprimenda interna que evidenció fracturas dentro del propio sistema de justicia.
Aunque los datos federales completos sobre muertes por uso de la fuerza por parte de agentes migratorios son limitados, investigaciones periodísticas confirman múltiples tiroteos y fallecimientos en años recientes. En conjunto, revelan un patrón inquietante: cuando la aplicación de la ley migratoria depende cada vez más de operaciones armadas en el interior del país, la línea entre la seguridad pública y el riesgo para los civiles se vuelve peligrosamente difusa.
El costo de ignorar el valor humano
Durante décadas, las agencias federales han recurrido al concepto conocido como el “valor estadístico de una vida” —aproximadamente 10 millones de dólares— para justificar regulaciones que salvan vidas, desde aire más limpio hasta carreteras más seguras. Estos cálculos no buscan mercantilizar a las personas, sino garantizar que la vida humana no sea relegada en las decisiones de política pública.
Cuando las prácticas de aplicación de la ley —o los marcos regulatorios— comienzan a eliminar por completo esa consideración, las consecuencias dejan de ser teóricas. Se miden en vidas perdidas, comunidades desestabilizadas y confianza institucional erosionada.
Restaurar el orden sin sacrificar la humanidad
El camino a seguir exige reformas basadas en la rendición de cuentas y la contención:
- Ampliar las vías de inmigración legal para reducir la presión sobre los sistemas de control y fortalecer el crecimiento económico.
- Definir con claridad los límites de la aplicación de la ley y someter las operaciones en el interior a una supervisión transparente.
- Restablecer una capacitación rigurosa y evaluaciones psicológicas sólidas para agentes armados.
- Comprometerse con la transparencia de datos para que la ciudadanía pueda evaluar honestamente los resultados.
En una nación fundada sobre la libertad y la justicia, el orden no requiere miedo, ni la seguridad justifica la impunidad. Un sistema migratorio funcional debe ser firme, pero justo; legal, pero humano.
En última instancia, la manera en que una nación aplica sus leyes refleja cuánto valora la vida humana. Cuando ese valor se erosiona —ya sea en la política ambiental o en la aplicación de la ley migratoria— el costo no recae solo en quienes lo sufren directamente, sino en la democracia misma.
