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-Editorial
El regreso de Gregory Bovino a un puesto de liderazgo dentro del Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha provocado fuertes reacciones de funcionarios electos y organizaciones laborales en los condados de Imperial y San Diego, reavivando preocupaciones de larga data sobre las prácticas de aplicación de leyes migratorias, los derechos civiles y la confianza comunitaria a lo largo de la frontera entre California y México.
La reasignación de Bovino ocurre después de que previamente desempeñó funciones de liderazgo fuera de California. Los detalles sobre el alcance de su autoridad o la duración de su asignación en El Centro no han sido divulgados públicamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
El representante federal Raúl Ruiz, M.D., demócrata de Indio, emitió un comunicado el martes criticando el regreso de Bovino y pidiendo rendición de cuentas relacionada con acciones de cumplimiento realizadas bajo su liderazgo en otras regiones. Ruiz citó incidentes en Minnesota relacionados con operaciones de la Patrulla Fronteriza que resultaron en las muertes de Alex Pretti y Renée Nicole Good, los cuales, dijo, ameritan una investigación independiente.
“Estos incidentes exigen una investigación completa e independiente, y el pueblo estadounidense merece respuestas claras y rendición de cuentas”, señaló Ruiz en su comunicado.
Ruiz también indicó que su oficina ha recibido reportes de residentes del Valle Imperial que alegan perfilamiento racial y prácticas indebidas de aplicación de la ley. Según Ruiz, constituyentes han reportado haber sido detenidos, interrogados y presionados para comprobar su ciudadanía, aun siendo ciudadanos estadounidenses.
“Ese tipo de conducta erosiona la confianza, viola el debido proceso y hace que las comunidades se sientan menos seguras”, dijo Ruiz.
El congresista también criticó las redadas migratorias a gran escala dirigidas a inmigrantes sin antecedentes penales, señalando que tales operativos separan familias, interrumpen economías locales y desvían recursos federales de la lucha contra delitos violentos, narcotráfico y trata de personas. Ruiz afirmó que las estrategias de cumplimiento basadas en el miedo y operativos masivos socavan la seguridad pública en lugar de fortalecerla.
Ruiz enfatizó que el Condado Imperial no debe ser tratado como un campo de pruebas para lo que describió como tácticas extremas de aplicación de la ley, y agregó que la seguridad fronteriza es más efectiva cuando se realiza con transparencia, rendición de cuentas y coordinación con líderes locales.
El residente de Brawley, Eric Reyes, criticó un reciente operativo de cumplimiento migratorio y expresó preocupación por su impacto en familias locales. “Ya vimos un ejemplo este sábado en Seeley. Hubo una redada y detuvieron a unas 20 personas que supuestamente estaban buscando, y nos dijeron que no eran criminales. No eran las personas que dijeron que estaban buscando, supuestamente criminales violentos y delincuentes sexuales. No es cierto. Estas eran personas indocumentadas, eso sí es verdad. Uno de ellos era un ciudadano estadounidense, una persona que se llevaron, dejando a sus hijos atrás. Tenía cuatro hijos, incluidos menores y jóvenes adultos que no podían valerse por sí mismos, y la comunidad se unió para apoyarlos. El problema es que este es un ejemplo. Tememos que esto vaya a escalar aquí en el Condado Imperial. Hemos entendido que ellos están aquí — estamos en la frontera, sabemos que la Patrulla Fronteriza tiene que hacer su trabajo — pero no habíamos tenido este tipo de escalamiento. Espero que no empeore. Y Bovino es un fracaso. Fracasó como comandante en general y lo regresaron aquí. Ojalá que se vaya al carajo”, dijo Reyes.
El residente de El Centro, Tony Gallegos, expresó preocupación sobre el liderazgo en la aplicación de leyes migratorias y su posible impacto en el Valle Imperial. “Al ver lo que pasó en otros estados donde él estuvo, creo que reaccionó de más y dejó que los agentes hicieran lo que quisieran en lugar de tener un mejor control sobre ellos”, dijo Gallegos. “Ahora que está de regreso en el Valle Imperial, espero que no haga lo mismo aquí que hizo allá. Creo que el Congreso va a tener que intervenir y tratar de que bajen la intensidad de lo que están haciendo. Hace que la gente sienta que nos estamos moviendo hacia un tipo de gobierno estilo Gestapo, en lugar de uno donde todos sean tratados por igual”.
Organizaciones laborales también han manifestado su oposición a la reasignación de Bovino. El Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial, AFL-CIO, que representa aproximadamente a 135 sindicatos y a más de 200 mil trabajadores y sus familias, emitió un comunicado condenando la decisión de regresar a Bovino al Sector El Centro.
En su comunicado, el consejo laboral afirmó que las comunidades fronterizas no deben estar sujetas a un liderazgo de aplicación de la ley que calificó como imprudente o inconstitucional. La organización argumentó que los trabajadores y familias de la región han sufrido previamente las consecuencias de operativos migratorios agresivos vinculados al liderazgo de Bovino.
El consejo laboral señaló redadas migratorias pasadas en el Condado de Kern y otras partes de California, las cuales, dijo, resultaron en separaciones familiares y mayor temor en vecindarios de clase trabajadora. También hizo referencia a protestas y manifestaciones en Minnesota, donde Bovino ocupó anteriormente un cargo de liderazgo, describiendo esas acciones como respuestas comunitarias a prácticas federales de aplicación de la ley consideradas excesivas.
En una sección de antecedentes de su comunicado, el consejo laboral citó hallazgos de la organización sin fines de lucro Project on Government Oversight. Según la organización, datos del periodo previo de Bovino como jefe del Sector El Centro mostraron la proporción más alta de incidentes de uso de la fuerza en relación con agresiones contra agentes entre los 20 sectores de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional.
El consejo laboral exhortó a la delegación congresional de California y a líderes estatales a oponerse a la reasignación de Bovino y pidió mayor supervisión del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El comunicado incluyó demandas más amplias relacionadas con la política migratoria federal y el liderazgo de las agencias, las cuales fueron atribuidas únicamente a la organización.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha respondido públicamente a las críticas sobre el regreso de Bovino, y no hubo comentarios oficiales disponibles de inmediato respecto a las acusaciones planteadas por Ruiz o el consejo laboral.
El Sector El Centro es responsable de la aplicación de leyes fronterizas en todo el Condado Imperial y partes del este del Condado de San Diego, cubriendo una región que incluye comunidades agrícolas, puertos internacionales de entrada y zonas desérticas remotas. El sector ha sido durante mucho tiempo un punto central en los debates sobre seguridad fronteriza, aplicación de leyes migratorias y libertades civiles en la zona fronteriza de California.
Mientras Bovino retoma sus funciones en la región, funcionarios locales, líderes laborales y grupos de defensa señalan que planean vigilar de cerca las operaciones de la Patrulla Fronteriza, mientras que autoridades federales continúan enfatizando la misión de la agencia de hacer cumplir la ley migratoria y proteger la seguridad nacional.
