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-Editorial
El Congreso del Estado de Baja California aprobó una iniciativa legislativa destinada a reforzar los mecanismos de control de armas en todo el país. La propuesta, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, busca establecer como requisito que los particulares acrediten el origen y la adquisición legal de cualquier arma al momento de su registro.
La medida fue aprobada por unanimidad durante una sesión ordinaria del Pleno del Congreso, con 20 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. Forma parte del Dictamen No. 5 de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, la cual recomienda enviar la iniciativa al Congreso de la Unión para su análisis y posible modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con la diputada Geraldo Núñez, la propuesta busca cerrar vacíos legales que permiten la circulación de armas de procedencia desconocida o ilícita. Destacó que, aunque la legislación federal vigente regula la posesión, portación y comercialización de armas, es necesario revisar y actualizar de manera constante estas normas para responder a los riesgos emergentes, especialmente aquellos vinculados con el tráfico ilegal de armamento.
“La disponibilidad descontrolada de armas representa una amenaza creciente para la seguridad pública”, señaló Geraldo Núñez. “Al exigir que los ciudadanos comprueben la adquisición legal de sus armas, promovemos una mayor responsabilidad y reducimos el riesgo de que éstas sean utilizadas en actos delictivos.”
La Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil identificó cuatro ejes principales que sustentan la propuesta legislativa: el tráfico y disponibilidad de armas; los vacíos legales en el registro; la legalización de armas de origen ilícito; y la necesidad de acreditar la procedencia legal de las mismas.
Con el fin de garantizar la armonización con las reformas recientes, la comisión incorporó un ajuste técnico basado en una modificación estructural a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, promulgada en mayo de 2025. Dicha reforma fue emitida con posterioridad a la presentación original de la iniciativa, por lo que el ajuste busca mantener la congruencia con el nuevo marco jurídico federal.
La comisión dictaminadora concluyó que la iniciativa se encuentra jurídicamente sustentada y en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinó además que la propuesta es legalmente procedente y necesaria para fortalecer las políticas de seguridad nacional.
Dado que la regulación de armas es competencia federal, el Congreso del Estado de Baja California remitirá la iniciativa aprobada al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación. Los legisladores coincidieron en que la propuesta representa un paso proactivo hacia una mayor transparencia, responsabilidad y seguridad pública mediante un control más estricto de la posesión de armas en México.