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-Editorial
En una entrevista detallada en “This Week with George Stephanopoulos” de ABC, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió las recientes operaciones estadounidenses en Venezuela, citando sanciones autorizadas por tribunales y una “cuarentena” petrolera como parte de una estrategia más amplia de aplicación de la ley y seguridad nacional. Rubio rechazó las afirmaciones de que Estados Unidos esté gobernando ilegalmente al país sudamericano y sostuvo que las acciones están legalmente justificadas y dirigidas a funcionarios corruptos, no a la población venezolana.
“Nuestra autoridad legal emana de las órdenes judiciales vigentes”, declaró Rubio. “Lo que estamos dirigiendo es el rumbo que esta situación tomará en adelante”. Subrayó que las medidas recientes —incluida la intercepción y el decomiso de embarcaciones sancionadas— buscan presionar al liderazgo venezolano para que implemente reformas políticas y de seguridad sustantivas.
Rubio detalló el bloqueo de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo venezolano, describiéndolo como una medida destinada a impedir que los ingresos del crudo beneficien a lo que calificó como un reducido grupo de funcionarios corruptos. “El sector petrolero de Venezuela opera muy por debajo de su capacidad y se ha convertido en una operación pirata”, afirmó, aludiendo a la venta de crudo con fuertes descuentos y a la desviación de ganancias fuera del erario público.
Fuerzas navales y de la Guardia Costera de Estados Unidos están desplegadas para interceptar buques que transporten petróleo en violación de las sanciones. Según Rubio, este mecanismo de presión sigue siendo una herramienta central para la administración, con la expectativa de generar resultados concretos, entre ellos reducir el papel de Venezuela como corredor de organizaciones criminales transnacionales, narcotráfico y operaciones de actores adversarios como Irán y Hezbolá.
La entrevista también abordó la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Rubio describió la operación como una acción de aplicación de la ley basada en una acusación sellada en Estados Unidos y enfatizó que no se trató de una invasión. “Fue una operación de arresto. Fue detenido en territorio venezolano por agentes del FBI, se le leyeron sus derechos y fue trasladado fuera del país”, explicó. Reconoció que hubo apoyo militar limitado del Departamento de Defensa de EE. UU. para proteger al personal involucrado, pero aclaró que no se solicitó autorización del Congreso debido a consideraciones de seguridad operativa.
Rubio precisó que funcionarios estadounidenses pueden interactuar con autoridades venezolanas para necesidades operativas específicas —como vuelos de deportación o gestión de infraestructura—, pero insistió en que ello no implica reconocer la legitimidad del régimen de Maduro. “La retórica es una cosa. Lo que vamos a evaluar es muy simple: ¿qué hacen?”, afirmó, señalando que la política estadounidense dependerá de acciones concretas, como el desmantelamiento de redes de narcotráfico, la expulsión de grupos armados extranjeros y la cooperación contra organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC.
La crisis venezolana también ha generado interrogantes sobre la postura de seguridad de Estados Unidos en países vecinos. Rubio expresó preocupación por Colombia, donde remanentes de las FARC y organizaciones dedicadas al narcotráfico podrían aprovechar la inestabilidad regional. Analistas advierten que una presión sostenida de EE. UU. sobre Venezuela podría incentivar una mayor cooperación colombiana en materia antidrogas, aunque persisten riesgos de desplazamiento de la actividad criminal.
En México, la atención se centra principalmente en la seguridad fronteriza y los flujos migratorios. Expertos alertan que la inestabilidad venezolana, sumada a las sanciones estadounidenses, podría incrementar la migración irregular a través de territorio mexicano hacia Estados Unidos. “La gestión fronteriza de México es clave para mitigar los efectos colaterales del colapso económico venezolano”, señaló la doctora Ana Velázquez, analista de seguridad para América Latina del Wilson Center.
Rubio también hizo referencia a declaraciones previas del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, enmarcando las preocupaciones territoriales dentro de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Trump ha sugerido que el territorio podría ser necesario para la seguridad y defensa nacional, lo que ha generado inquietud entre expertos sobre el precedente que estas posturas podrían sentar respecto a la soberanía de territorios considerados estratégicos. “Cualquier debate sobre seguridad territorial debe contemplar el derecho internacional y la soberanía de otras naciones”, afirmó el profesor Erik Johansson, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown.
Por otro lado, Irán continúa siendo un elemento central en los cálculos estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Rubio señaló la presencia de operativos y aliados iraníes en Venezuela como una de las justificaciones de las acciones de presión. “No permitiremos que Venezuela se convierta en el cruce de caminos de muchos de nuestros adversarios en el mundo”, declaró. Expertos coinciden en que, si bien la influencia directa de Irán es limitada, sus alianzas en América Latina podrían facilitar financiamiento, logística y transferencias tecnológicas contrarias a los intereses estadounidenses.
Rubio también se refirió al futuro de la industria petrolera venezolana, destacando que Chevron es actualmente la única empresa estadounidense que opera en el país. Anticipó un fuerte interés de compañías energéticas occidentales si el sector es reformado. Analistas subrayan que las refinerías de la Costa del Golfo de EE. UU. están especialmente adaptadas para procesar crudo pesado venezolano, lo que podría generar incentivos económicos para una mayor integración. “La reintegración del petróleo venezolano al mercado global podría ayudar a estabilizar los precios, pero también complicar la aplicación de sanciones”, explicó María Sánchez, experta en política energética de la Universidad Rice.
Las operaciones han generado debate sobre su legalidad y los precedentes que podrían sentar. Rubio reiteró que todas las acciones están respaldadas por órdenes judiciales estadounidenses. No obstante, expertos en derecho internacional advierten que las intervenciones unilaterales, incluso cuando se presentan como acciones de aplicación de la ley, pueden elevar las tensiones diplomáticas. “Estados Unidos opera en una zona legal gris”, afirmó el profesor Kenneth Rothwell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. “Las acciones contra un gobierno soberano deben equilibrar los objetivos de seguridad con el respeto a las normas internacionales”.
La estrategia estadounidense apunta a mantener una presión sostenida sobre el gobierno venezolano y las redes criminales vinculadas al narcotráfico y a grupos armados. El éxito dependerá no solo de la aplicación de sanciones y operaciones de inteligencia, sino también de la cooperación de los socios regionales. En Colombia, el riesgo de un aumento de la violencia y el narcotráfico ha llevado al presidente Trump a advertir que el país podría convertirse en otra fuente de inestabilidad regional si grupos como las disidencias de las FARC y el ELN —responsables de más del 40 % de los cultivos de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2025)— no son controlados eficazmente. En México, pese al impulso de políticas de seguridad y desarrollo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país enfrenta niveles récord de homicidio y extorsión. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron más de 30 000 homicidios y cerca de 130 000 denuncias por extorsión, con cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa ejerciendo control territorial en diversas regiones. Analistas señalan que, aunque la afirmación de Trump de que “los cárteles gobiernan México” puede parecer exagerada, refleja una realidad documentada de influencia criminal en amplias zonas del país.
Groenlandia constituye otro elemento estratégico en la planificación estadounidense. Trump y sus asesores han argumentado que la ubicación del territorio en el Ártico es clave para la defensa y la vigilancia de la expansión militar de Rusia y China. Sin embargo, tanto Groenlandia como Dinamarca han reiterado su soberanía y rechazado cualquier intento de control o adquisición por parte de Estados Unidos. Finalmente, Irán, aunque no mantiene una presencia militar directa en América Latina, ha establecido vínculos financieros y logísticos con Venezuela, facilitando envíos de combustible, financiamiento de redes criminales y posibles transferencias tecnológicas, lo que refuerza la percepción de una amenaza hemisférica para Washington.
En conjunto, estos factores evidencian que la presión de Estados Unidos sobre Venezuela forma parte de una estrategia más amplia con implicaciones regionales y globales. Lograr un equilibrio entre los objetivos de seguridad, la cooperación internacional, el respeto a la soberanía y las consideraciones humanitarias será determinante para evaluar si estas políticas alcanzan sus objetivos sin provocar una mayor desestabilización de la región.
Rubio concluyó que la continuidad de las sanciones, la ejecución operativa y el compromiso diplomático constituyen una estrategia coordinada para reconfigurar el panorama político y económico de Venezuela. “Si una embarcación sancionada se dirige a Venezuela, será detenida”, afirmó, subrayando la intención de la administración de utilizar su influencia hasta que se implementen reformas significativas.
Evaluaciones de expertos indican que, si bien las acciones estadounidenses pueden interrumpir redes corruptas y disuadir la influencia de actores adversarios, también conllevan riesgos de inestabilidad regional, presiones migratorias y críticas internacionales. Los analistas recomiendan un seguimiento cercano de la respuesta interna de Venezuela y de los posibles efectos colaterales en América Latina.