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-Editorial
México llevó a cabo su primera elección popular para cargos judiciales federales el 1 de junio, un cambio histórico en el sistema legal del país que llegó tras meses de controversia política, disputas legales y protestas a nivel nacional.
La elección fue el resultado de una serie de reformas constitucionales impulsadas por la coalición gobernante Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Tras obtener una supermayoría en la Cámara de Diputados y casi alcanzarla en el Senado luego de las elecciones generales de 2024, la coalición —junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum— promovió la iniciativa “Plan C” para reformar a fondo al Poder Judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el Día de la Marina Nacional en Acapulco el sábado, y aprovechó el acto para destacar la primera elección pública de jueces federales en la historia de México, calificándola como un cambio trascendental en el sistema legal del país.
“Hoy es un día histórico”, dijo Sheinbaum durante la ceremonia. “Por primera vez, el pueblo elige al Poder Judicial. El principio de Juárez se convierte en realidad: ‘Fuera de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.’”
Reafirmando el compromiso de su gobierno con los derechos civiles, Sheinbaum prometió respetar la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y aseguró que el poder del Estado no será usado para reprimir la disidencia. “Creemos en la democracia como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, afirmó.
Por su parte, Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, condenó la elección judicial como una “farsa orquestada por el Estado”, más que un ejercicio democrático legítimo. Afirmó que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo el acarreo organizado desde el gobierno, el uso de “acordeones” con nombres de candidatos y la difusión anticipada de listas de aspirantes afines al partido oficial.
Mata Lozano argumentó que la elección careció de transparencia y de difusión, asegurando que muchos ciudadanos ni siquiera conocían a los candidatos. Enfatizó que el PAN no podía respaldar lo que describió como una operación cuidadosamente montada para imponer leales al gobierno en lugar de elegir a jueces y magistrados independientes, con capacidad y honestidad.
La elección del 1 de junio marcó la primera vez en la historia de México en que los jueces fueron seleccionados por voto popular. La reforma sustituyó el sistema tradicional de nombramientos por uno en el que cada poder del Estado evalúa y postula candidatos, quienes son elegidos por el pueblo por periodos definidos.
La Suprema Corte fue reducida de 11 a 9 ministros, con un único periodo de 12 años. El Consejo de la Judicatura Federal fue reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Los jueces de circuito y de distrito fueron elegidos por periodos de nueve años con posibilidad de reelección. Los magistrados electorales y disciplinarios ejercerán por seis años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó la elección, que incluyó seis boletas por votante. El proceso dividió al país en 60 distritos judiciales electorales distribuidos en los 32 circuitos federales.
La reforma enfrentó resistencia legal y política. El comité evaluador del Poder Judicial detuvo sus actividades en enero de 2025 tras una suspensión judicial. Posteriormente, el Senado asumió la tarea de postular candidatos, lo que generó controversia y llevó a la renuncia masiva del comité.
La votación judicial fue criticada por su falta de transparencia y por presunta injerencia política. El INE recibió reportes de funcionarios públicos distribuyendo “chuletas” con nombres de candidatos en Ciudad de México y Nuevo León. Los casos fueron turnados a la Fiscalía General de la República.
Más de 317,000 personas se registraron como observadores electorales, un aumento significativo frente a los 34,000 de 2024. El INE rechazó más de 38,000 solicitudes por vínculos partidistas, entre ellas más de 20,000 relacionadas con Morena.
Llamó la atención que el conteo de votos se centralizó, eliminando la participación ciudadana en las casillas. Además, el INE decidió no implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en elecciones anteriores ofrecía proyecciones iniciales. Se espera que los resultados oficiales se den entre el 1 y el 10 de junio.
Partidos de oposición, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil condenaron la reforma, señalando que pone en riesgo la independencia judicial. Algunos candidatos tenían antecedentes penales o presuntos vínculos con el crimen organizado. En Durango, todos los candidatos compitieron sin oponentes, lo que generó acusaciones de simulación.
El empresario Ricardo Salinas Pliego y el expresidente Vicente Fox llamaron a boicotear la elección, alegando fraude. Grupos cívicos como SomosMX —fundado por exmiembros del movimiento Marea Rosa— promovieron la vigilancia ciudadana y convocaron protestas masivas para el día de la elección.
La manifestación más grande tuvo lugar en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, con marchas simultáneas en capitales estatales de todo el país.