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-Editorial
Ismael Zambada García, conocido como El Mayo y ampliamente considerado uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos de los cargos que lo señalan como líder de una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo.
El sinaloense de 75 años admitió ser uno de los principales dirigentes de una empresa criminal en funcionamiento continuo, así como de participar en una conspiración de crimen organizado bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). Su declaración de culpabilidad pone fin a décadas de persecución, durante las cuales evadió la captura mientras su cártel consolidaba su papel como fuerza dominante en el tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con fiscales federales, el Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Zambada, introdujo enormes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y, más recientemente, fentanilo en Estados Unidos, generando miles de millones de dólares en ganancias ilícitas. Documentos judiciales detallan cómo la organización utilizaba redes de transporte terrestre, marítimo y aéreo —incluidos túneles y rutas oceánicas— para trasladar drogas hacia el norte, mientras lavaba las ganancias en México.
Las operaciones del cártel comenzaron en los años ochenta y noventa centradas en la distribución de cocaína mediante alianzas con proveedores sudamericanos. Para la década de 2000, la organización se orientó a la producción de fentanilo y metanfetaminas en México, usando precursores químicos importados de Asia. Autoridades señalaron que esta expansión permitió al grupo dominar los mercados de drogas en Estados Unidos, contribuyendo al aumento de adicciones y muertes por sobredosis.
Según los fiscales estadounidenses, Zambada y el cártel mantuvieron su poder a través de la violencia sistemática y la corrupción. Testigos en juicios relacionados declararon que los integrantes del cártel sobornaban de manera habitual a funcionarios mexicanos en distintos niveles de gobierno, desde policías locales hasta altos mandos de seguridad. El grupo presuntamente empleaba intimidaciones, secuestros y asesinatos para proteger cargamentos y evitar la cooperación con las autoridades.
Los fiscales también mencionaron el prolongado conflicto del cártel con organizaciones rivales, entre ellas el Cártel de Juárez, lo que contribuyó a la violencia en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y tuvo repercusiones en comunidades estadounidenses como El Paso, Texas.
Zambada había sido acusado en múltiples jurisdicciones federales, entre ellas el Distrito Este de Nueva York, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Illinois, los Distritos Sur y Central de California, y el Distrito de Columbia. Como parte del acuerdo de culpabilidad, la acusación del Distrito Oeste de Texas fue trasladada a Nueva York para su resolución, y el resto de las acusaciones será desestimado en el momento de la sentencia.
Ahora enfrenta una condena mínima obligatoria de cadena perpetua por liderar una empresa criminal continua, y un máximo de cadena perpetua por el cargo de crimen organizado bajo RICO. También aceptó un fallo de decomiso por 15 mil millones de dólares. La audiencia de sentencia está programada para el 13 de enero de 2026 en la Corte Federal de Brooklyn.
La declaración de culpabilidad marca el fin de la carrera criminal de Zambada, casi una década después de que su socio y también fundador del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fuera condenado y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Ambos son reconocidos como los artífices de la construcción del Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de la historia.
Si bien el juicio de Guzmán atrajo atención mundial, Zambada fue descrito con frecuencia como la figura más discreta pero igualmente influyente, que administró las operaciones del cártel durante el encarcelamiento y posterior extradición de su socio. Durante años, autoridades estadounidenses lo consideraron uno de los prófugos más importantes de la guerra contra las drogas.
El caso contra Zambada fue producto de una investigación coordinada entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo de fiscalías federales en varios estados y de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Los fiscales describieron la declaración de culpabilidad como parte de la Operación Recuperar América, una iniciativa más amplia del Departamento de Justicia para combatir a los cárteles y a las organizaciones criminales transnacionales.
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la declaración de culpabilidad, calificándola como un momento histórico en la lucha contra el narcotráfico internacional.
En conferencia de prensa, Bondi destacó la cooperación con las autoridades mexicanas como clave para llevar a los líderes de los cárteles ante los tribunales estadounidenses. “Queremos agradecer a las autoridades de México por toda su ayuda para llevar a estos líderes de los cárteles ante la justicia”, dijo.
Aunque se negó a dar detalles específicos de la investigación, Bondi subrayó la magnitud de las recientes persecuciones bajo la administración Trump. “Bajo la dirección del presidente Trump, hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otro gobierno en la historia de este país”, declaró a los reporteros.