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-Editorial
El fiscal general de California, Rob Bonta, pidió el lunes a un juez federal que haga cumplir una orden judicial preliminar que bloquea a la administración Trump de exigir a los estados que entreguen información personal y sensible de millones de personas que reciben asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
La moción fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de California. En ella, Bonta argumenta que la renovada exigencia de datos por parte del gobierno federal —y sus amenazas de recortar fondos a los estados que no cumplan— viola una orden judicial vigente y la ley federal.
A principios de este año, Bonta presentó una demanda contra la administración Trump después de que funcionarios federales exigieran a los estados proporcionar información personal extensa sobre beneficiarios de SNAP. California sostuvo que la solicitud violaba protecciones federales de privacidad y excedía la autoridad del gobierno. La corte coincidió en que la exigencia probablemente era ilegal, al señalar que la administración había indicado su intención de divulgar o utilizar la información para fines no relacionados con la administración del programa. El tribunal emitió entonces una orden judicial preliminar bloqueando la solicitud.
En el nuevo escrito, Bonta y una coalición multiestatal de fiscales generales sostienen que la administración revivió esencialmente la misma exigencia y volvió a advertir a los estados que su financiamiento administrativo podría estar en riesgo si no entregan los datos.
“La más reciente exigencia de datos de SNAP por parte de la administración Trump no es más que un intento velado de evadir una orden judicial existente”, dijo Bonta en un comunicado.
SNAP es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por los estados que proporciona miles de millones de dólares en asistencia alimentaria cada año a decenas de millones de personas de bajos ingresos en todo el país. Para solicitar el beneficio, los participantes deben proporcionar información personal y financiera, la cual, de acuerdo con la ley federal, solo puede utilizarse para operar el programa.
California recibe más de mil millones de dólares anuales en fondos federales para administrar SNAP. Funcionarios estatales afirman que cualquier retraso o pérdida de ese financiamiento podría interrumpir beneficios y operaciones administrativas de las que dependen familias en todo el estado.
Según el escrito judicial, el gobierno federal emitió su exigencia original en julio. En noviembre, se presentó una nueva solicitud acompañada de lo que funcionarios federales describieron como un protocolo propuesto de seguridad y manejo de datos. La coalición sostiene que ese protocolo no corrige los problemas legales señalados por la corte, ya que permitiría al gobierno federal compartir y utilizar la información de maneras no relacionadas con la administración de SNAP.
Los fiscales generales indicaron que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos rechazó las preocupaciones planteadas por los estados y rápidamente envió cartas advirtiendo que podría retenerse el financiamiento administrativo. Los estados piden al tribunal que haga cumplir su orden preliminar y bloquee cualquier amenaza adicional vinculada a la solicitud de datos.
La moción es la más reciente de una serie de acciones legales presentadas por Bonta contra políticas de la administración Trump relacionadas con SNAP. Durante un reciente cierre del gobierno federal, California demandó al USDA para obligar el pago de beneficios de noviembre. Dos cortes federales determinaron que la administración actuó de manera ilegal. Cuando el gobierno pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender una de esas órdenes, California se opuso. La solicitud fue retirada después de la reapertura del gobierno. El programa SNAP ahora está financiado hasta septiembre de 2026.
El mes pasado, Bonta también presentó una demanda contra lineamientos del USDA que, según California, excluían erróneamente a ciertos no ciudadanos con residencia legal de la elegibilidad para SNAP. Tras la demanda, el USDA emitió lineamientos corregidos. Un juez federal también emitió una orden preliminar que impide al gobierno penalizar a California por errores derivados de esos lineamientos anteriores.
Hasta el momento, la corte no ha emitido un fallo sobre la nueva moción.
