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-Editorial
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, se reunieron durante la sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para firmar un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) destinado a resolver la crisis de contaminación por aguas residuales que afecta al Valle del Río Tijuana desde hace décadas.
El acuerdo establece acciones coordinadas entre ambos gobiernos para enfrentar el flujo transfronterizo de aguas negras sin tratar provenientes de Tijuana hacia el sur de California. Durante años, estas descargas han contaminado el valle, limitado el acceso a las playas, deteriorado la calidad del aire y representado riesgos a la salud pública para las comunidades a ambos lados de la frontera.
El MOU se basa en el acta binacional 328, suscrita en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), y adelanta los plazos de proyectos clave para que México cumpla sus compromisos de infraestructura a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Según el acuerdo, México destinará los 93 millones de dólares restantes previamente asignados para proyectos del acta 328 e iniciará la construcción de dos proyectos prioritarios de tratamiento de aguas antes de que termine el año. Estos incluyen la desviación de aguas tratadas y la rehabilitación de la Línea Paralela por Gravedad, ambos con fecha de finalización estimada para finales de 2025.
A cambio, Estados Unidos liberará fondos del Programa de Infraestructura Hídrica Fronteriza (BWIP) de la EPA para apoyar la rehabilitación de la Estación de Bombeo No. 1 y la mejora de los ductos de recolección del Río Tijuana. Además, la CILA estadounidense se comprometió a concluir la expansión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay (SBIWTP, por sus siglas en inglés) de 25 a 35 millones de galones diarios (MGD) para el 28 de agosto de 2025, un logro significativamente adelantado respecto al cronograma original.
Ambos países acordaron desarrollar una nueva acta binacional antes de que termine 2025, que incluirá acciones adicionales para garantizar una solución permanente y duradera. En los próximos 100 días, se evaluarán los calendarios de proyectos para acelerar su ejecución.
El acuerdo es resultado de negociaciones que comenzaron tras la visita de Zeldin a San Diego en abril, donde se reunió con funcionarios locales y recorrió las zonas afectadas del Valle del Río Tijuana. Las negociaciones se llevaron a cabo en coordinación con el Departamento de Estado de EE. UU., el Consejo de Seguridad Nacional y el gobierno mexicano.
Funcionarios de ambos países destacaron que el acuerdo considera el crecimiento poblacional futuro, los costos de mantenimiento y la colaboración binacional como pilares clave para una solución duradera a esta crisis ambiental y de salud pública que ha persistido durante décadas.
El presidente y director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Chris Cate, señaló que la crisis del Río Tijuana sigue representando una grave amenaza para la salud pública, el medio ambiente y la economía regional. Añadió que resolver este problema es una prioridad para la Cámara. Cate elogió el liderazgo del administrador Zeldin y de la secretaria Bárcena por su compromiso con acelerar los proyectos de infraestructura y alinear prioridades binacionales. Asimismo, subrayó el papel continuo de la Cámara para impulsar soluciones de largo plazo, incluyendo su próxima delegación a la Ciudad de México en octubre.