Related Articles
-Editorial
El desarrollador de un propuesto centro de datos de inteligencia artificial de $10 mil millones presentó una demanda federal por derechos civiles contra la Ciudad de Imperial y varios altos funcionarios municipales, alegando una campaña coordinada para bloquear el proyecto mediante obstrucción administrativa, represalias y uso indebido de recursos públicos.
Según un comunicado de prensa del 11 de enero emitido por Imperial Valley Computer Manufacturing LLC, la demanda verificada fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California (Caso No. 3:26-cv-00128). Los demandados nombrados en la querella son la Ciudad de Imperial, la concejal Katherine Burnworth, el administrador de la ciudad Dennis Morita, la abogada municipal Kathrine Turner y el director de Planeación Othon Mora.
La empresa alega que funcionarios municipales lanzaron lo que describe como una “campaña de mala fe” para descarrilar un proyecto legalmente permitido que, según el desarrollador, habría generado 1,688 empleos en la construcción, aproximadamente 100 puestos permanentes de alta tecnología y cientos de empleos indirectos. El comunicado indica que se esperaba que el proyecto produjera alrededor de $72.5 millones en ingresos únicos por impuesto sobre las ventas y $28.75 millones en ingresos anuales recurrentes por impuesto a la propiedad.
La demanda se centra en tres solicitudes de plan de sitio que la empresa presentó a la ciudad para terrenos zonificados como I-2, la clasificación industrial más intensiva de Imperial. Según la presentación judicial, el Código Municipal de Imperial exige que la ciudad apruebe o niegue un plan de sitio dentro de un plazo de 15 días; de lo contrario, la solicitud se considera aprobada por ministerio de la ley.
El desarrollador afirma que gastó millones de dólares en estudios técnicos y múltiples revisiones, incluida la adición de un frente comercial sobre Imperial Avenue a solicitud de funcionarios municipales. A pesar de esos cambios, la demanda alega que la ciudad no actuó sobre las solicitudes dentro del plazo requerido. Como resultado, la empresa sostiene que los tres planes de sitio fueron aprobados automáticamente conforme al propio código de la ciudad.
Tras lo que califica como retrasos prolongados, Imperial Valley Computer Manufacturing trasladó el proyecto a un terreno de 75 acres en un área no incorporada del condado Imperial. Según el comunicado, funcionarios del condado determinaron que el proyecto era consistente con la zonificación industrial establecida desde hace tiempo y que podía proceder como un proyecto ministerial que solo requería confirmación administrativa de cumplimiento con los códigos aplicables.
La demanda alega que, después de que el proyecto salió de la jurisdicción municipal, funcionarios de Imperial tomaron represalias utilizando fondos públicos para emprender acciones legales contra el condado de Imperial, afirmando que el sitio requería una rezonificación. El desarrollador describe esa acción como infundada y destinada a obstruir el proyecto pese a la determinación del condado.
Además de las reclamaciones contra la ciudad, la querella alega una conspiración más amplia que involucra a organizaciones externas y a funcionarios asociados con el Distrito de Riego de Imperial. La presentación incluye 43 anexos que, según el desarrollador, documentan comunicaciones y acciones coordinadas destinadas a retrasar el proyecto después de que pasó a supervisión del condado.
De acuerdo con el comunicado, la demanda sostiene que el proyecto fue retrasado durante meses mientras se priorizaban otros desarrollos, lo que le costó al desarrollador tiempo y recursos financieros. La empresa también alega que la oposición se intensificó solo después de que el condado comenzó a procesar el proyecto.
La demanda también acusa a la ciudad de socavar una iniciativa ambiental vinculada al proyecto. El desarrollador afirma que había llegado a un acuerdo para comprar agua reciclada, tratarla y liberar hasta 5.25 millones de galones por día en la cuenca del Mar de Salton, un esfuerzo que, según sostiene, habría apoyado la supresión de polvo y la reducción de salinidad.
Según la presentación judicial, la ciudad posteriormente se retiró del acuerdo de agua después de que el desarrollador ya había financiado al consultor elegido por la ciudad para estudiar el proyecto. La demanda también alega que funcionarios municipales presionaron a jurisdicciones vecinas para que revocaran compromisos de servicio relacionados con el centro de datos.
La querella solicita daños y perjuicios contra los funcionarios municipales a título individual, alegando que utilizaron su autoridad para bloquear un desarrollo económico lícito y violaron los derechos civiles de la empresa.
“Si los funcionarios públicos responsables de estos retrasos aceptan cubrir personalmente todos sus honorarios legales y costos incurridos en la defensa de su postura, y en impulsar su demanda CEQA simulada, retiraremos de inmediato todas las reclamaciones contra la propia Ciudad Imperial, que está siendo perjudicada por sus acciones. Como dice el dicho: es hora de cumplir o callar”, declaró el desarrollador del proyecto, Sebastian Rucci.
