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-Editorial
El presidente Donald Trump firmó una amplia orden ejecutiva que amplía la aplicación de aranceles en varias rutas comerciales, suspendiendo el tratamiento libre de aranceles para importaciones de bajo valor provenientes de Canadá, México, China y otros países, en respuesta a una serie de emergencias nacionales declaradas relacionadas con el tráfico de drogas, los déficits comerciales y la producción de opioides sintéticos.
La orden, emitida el 30 de julio de 2025, se basa en múltiples acciones ejecutivas previas e invoca facultades presidenciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Comercio de 1974. La Casa Blanca ha enmarcado estas medidas como necesarias para enfrentar “amenazas inusuales y extraordinarias” a la seguridad nacional, la salud pública y la economía.
Según la nueva orden, la exención de aranceles de minimis bajo el 19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)—que permite la entrada sin arancel de ciertos envíos de bajo valor a Estados Unidos—ha sido suspendida para la mayoría de las importaciones, con excepciones únicamente para envíos postales internacionales y aquellos específicamente exentos por ley federal. La suspensión entrará en vigor el 29 de agosto de 2025 a las 12:01 a.m. EDT.
La administración citó declaraciones previas de emergencia nacional en febrero y marzo de 2025 relacionadas con el tráfico ilícito de drogas desde Canadá (Orden Ejecutiva 14193), México (OE 14194) y China (OE 14195), así como una emergencia adicional sobre los persistentes déficits comerciales de EE.UU. (OE 14257). Cada una de estas órdenes ya había establecido aranceles o pausado ciertos beneficios, pero la nueva acción formaliza un cambio de política integral para eliminar la mayoría de las exenciones de arancel de minimis, especialmente para productos sospechosos de facilitar el contrabando o evasión arancelaria.
Según la administración, los envíos de bajo valor presentan riesgos particulares de cumplimiento. Funcionarios señalaron prácticas engañosas como facturas falsas, declaración incorrecta del país de origen y ocultamiento de fentanilo u otros opioides sintéticos dentro de paquetes comerciales. La orden se enfoca específicamente en envíos provenientes de países vinculados con organizaciones criminales transnacionales o producción de narcóticos a gran escala.
La suspensión se describe como independiente y adaptada a cada emergencia respectiva, lo que significa que las acciones en respuesta a Canadá, México o China no están vinculadas, aunque se implementan de manera conjunta mediante esta directiva amplia.
Aunque los envíos postales seguirán siendo temporalmente elegibles para un tratamiento libre de aranceles limitado, la orden impone nuevos requisitos a los transportistas y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP). Una vez que CBP desarrolle y publique un nuevo sistema de ingreso para artículos postales internacionales, estos también estarán sujetos a recaudación de aranceles.
La orden describe dos métodos para calcular los aranceles en envíos postales. Bajo el Método Ad Valorem, los aranceles se calculan según la tarifa efectiva impuesta bajo IEEPA del país de origen. Alternativamente, el Método de Tarifa Fija aplica un cargo específico por artículo, que va de $80 a $200, dependiendo del nivel arancelario asignado al país de origen.
Los transportistas deben elegir un método por mes y declarar el país de origen de cada envío. El método de tarifa fija solo estará disponible durante un periodo de transición de seis meses.
La orden ejecutiva también instruye al Departamento de Seguridad Nacional a coordinar con los Departamentos de Estado, Comercio y Tesoro, así como con la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. y el Servicio Postal de EE.UU., para implementar la medida. Las agencias están autorizadas a modificar regulaciones existentes, emitir directrices y exigir fianzas para asegurar el cumplimiento en la recaudación de aranceles.
Aunque los críticos sostienen que la suspensión del tratamiento libre de aranceles podría aumentar los costos para consumidores y empresas estadounidenses que dependen de importaciones de bajo valor, funcionarios de la administración argumentan que los intereses en seguridad nacional y control antidrogas justifican el impacto económico potencial.
El Secretario de Comercio ya ha presentado una evaluación sobre el impacto de aranceles previos en las industrias nacionales, y se espera una nueva fase de acciones tras la fecha de implementación del 29 de agosto.