Related Articles
-Editorial
La Casa Blanca anunció el desmantelamiento de un centro de procesamiento de migrantes en el Sector de la Patrulla Fronteriza de San Diego, citando una fuerte disminución en los cruces ilegales y un refuerzo en las medidas de aplicación migratoria. La instalación de lona construida durante la administración Biden, que servía para albergar temporalmente a migrantes, fue retirada tras lo que las autoridades describieron como una reducción de más del 96% en cruces ilegales en la región.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), esta disminución refleja cambios continuos en las políticas migratorias y una mayor coordinación federal con agencias estatales y locales. La Casa Blanca subrayó que las medidas de seguridad fronteriza fortalecidas están generando reducciones “históricas” en la migración no autorizada, especialmente en áreas de alto tráfico como San Diego.
El anuncio se produce en el contexto de una campaña más amplia por parte de las autoridades federales para localizar y arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en todo Estados Unidos. Durante el fin de semana del Día de los Caídos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a varias personas acusadas o condenadas por delitos graves, incluidos actos de violencia de pandillas y delitos sexuales contra menores. Las detenciones ocurrieron en ciudades como Boston, Denver, Nueva York, San Francisco y Houston.
Entre los detenidos se encontraba Kevin Estuarde Hernandez, un joven de 18 años originario de Guatemala, arrestado en Boston. Es sospechoso de ser miembro de la pandilla Calle 18 y de haber participado en un tiroteo entre pandillas rivales. En Denver, las autoridades arrestaron a Jose Antonio Deras, salvadoreño de 45 años, quien enfrenta cuatro cargos graves por agresión sexual a un menor con patrón de abuso. Deras ya tenía una orden de deportación emitida en 2009.
En California, Carlos Torres Valdovinos, ciudadano mexicano de 46 años, fue detenido en San Francisco. Tiene una condena previa por copulación oral forzada a un menor y es uno de varios individuos detenidos como parte de operativos recientes que buscan remover a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales serios. Estas detenciones reflejan un esfuerzo nacional más amplio, impulsado por la administración Trump, para priorizar la seguridad pública en la aplicación de la ley migratoria.
Las detenciones forman parte de los esfuerzos en curso de las autoridades federales bajo la administración Trump para intensificar las operaciones de deportación dirigidas a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública.
En una proclamación presidencial publicada el mismo día, el presidente Donald Trump conmemoró el 101.º aniversario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) destacando lo que calificó como una “restauración de la ley y el orden” en la frontera sur. Trump atribuyó la fuerte caída en los cruces ilegales a las acciones tempranas de su administración, como la declaración de emergencia nacional, la reanudación de la construcción del muro fronterizo y la reversión de políticas de asilo y detención migratoria.
“Durante mis primeros 100 días en el cargo, los encuentros fronterizos diarios cayeron un 95 por ciento, y los cruces migratorios disminuyeron en un asombroso 99.99 por ciento,” indicó la proclamación. También afirmó una reducción del 54 por ciento en el tráfico de fentanilo en comparación con el año anterior y más de 135,000 deportaciones desde el 20 de enero.
La proclamación reiteró la opinión de Trump de que las políticas migratorias anteriores alentaron la migración ilegal y socavaron la seguridad nacional, haciendo referencia a “un ejército de extranjeros ilegales no verificados” que llegaron bajo administraciones previas. También elogió el compromiso y sacrificio de los agentes de la USBP y prometió continuar invirtiendo en su misión.
Estos acontecimientos subrayan la marcada diferencia en las políticas migratorias entre la administración actual y la anterior, así como el creciente papel de la aplicación migratoria en el debate político nacional. Mientras los críticos advierten sobre posibles violaciones de derechos civiles y consecuencias humanitarias derivadas de tácticas de cumplimiento estrictas, los partidarios argumentan que las medidas firmes son necesarias para mantener el estado de derecho y proteger a las comunidades estadounidenses.