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-Editorial
En una conversación virtual organizada por Ethnic Media Services, un panel de juristas y politólogos advirtió que Estados Unidos atraviesa una deriva rápida y dramática hacia el autoritarismo, una que difiere significativamente de la erosión democrática gradual observada en otros países. El diálogo, impulsado por recientes artículos académicos y eventos políticos actuales, destacó la erosión de los controles y equilibrios institucionales, el señalamiento de grupos marginados y la creciente normalización del desafío del poder ejecutivo al sistema judicial.
Durante los primeros 100 días del regreso de Donald Trump a la presidencia, encuestas de opinión han mostrado un aumento en la preocupación sobre la dirección del país. Una encuesta no partidista realizada por el Public Religion Research Institute (PRRI) reveló que el 52% de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación de que Trump es “un dictador peligroso”. De manera similar, un sondeo de ABC News/Washington Post/Ipsos encontró que el 49% de los encuestados cree que el presidente está ampliando su autoridad de maneras que desafían el estado de derecho y los principios democráticos fundamentales.
Observadores han identificado un patrón en el enfoque del gobierno, que incluye críticas al poder judicial, el reemplazo de expertos por leales al presidente y una retórica confrontativa hacia instituciones como las universidades y la prensa. Los críticos sostienen que estos desarrollos reflejan comportamientos asociados con el deterioro de las normas democráticas.
En el centro de la discusión estuvo el profesor Lucan Way de la Universidad de Toronto, coautor junto a Steven Levitsky de un influyente artículo publicado en Foreign Affairs, que advertía sobre la posible transición de Estados Unidos hacia un régimen autoritario. Reflejando sobre su trabajo, Way explicó que lo que comenzó como una proyección de erosión lenta y legalista —similar a lo ocurrido en Hungría y Polonia— se ha transformado en un ataque rápido y frontal a las normas democráticas.
“Lo que hemos visto es algo mucho más dramático y rápido”, dijo Way. “Es un esfuerzo mucho más agresivo por imponer el autoritarismo que lo que hemos visto en lugares como Hungría, Turquía o India… y el desprecio abierto por los tribunales y la legalidad es particularmente alarmante”.
Las declaraciones de Way se dan en medio de crecientes preocupaciones por el cumplimiento selectivo de fallos judiciales, ataques retóricos al poder judicial e intentos de socavar instituciones legales que actúan como freno al poder ejecutivo.
El profesor Aziz Huq, de la Universidad de Chicago, amplió la evaluación de Way detallando el desprecio sistemático de la administración Trump hacia la autoridad judicial. “Hemos observado un patrón de incumplimiento parcial de órdenes judiciales y un ataque retórico y legal de amplio alcance contra el sistema judicial”, explicó Huq. Señaló casos específicos en los que fallos sobre inmigración y gasto público fueron ignorados o cumplidos superficialmente, lo que plantea serias dudas sobre el respeto del poder ejecutivo al estado de derecho.
“Particulares vinculados al movimiento del presidente han atacado públicamente a jueces e incluso a sus familias”, añadió Huq, señalando una tendencia preocupante de intimidación que podría disuadir a los jueces de emitir fallos en contra del Ejecutivo. Aunque existen mecanismos como los procedimientos por desacato, Huq observó que estas herramientas legales aún no se han puesto a prueba de forma significativa en este contexto. Un intento reciente del juez Boasberg por imponer sanciones por desacato fue detenido por una corte de apelaciones, dejando en el aire la cuestión del poder de aplicación del sistema judicial.
Desde una perspectiva histórica y de justicia racial, la profesora Gloria J. Browne-Marshall del John Jay College enfatizó que las crisis constitucionales no son nuevas para Estados Unidos, especialmente para los afroamericanos y otros grupos históricamente marginados. “Nos acostumbramos a estos métodos de socavar la ciudadanía cuando se trataba de personas de ascendencia africana”, dijo Browne-Marshall. “Todo lo que hicimos como nación fue insensibilizarnos ante los gritos de esas personas”.
Describió cómo prácticas que antes se utilizaban para reprimir a comunidades negras y latinas ahora se están expandiendo. Los ataques a inmigrantes, estudiantes extranjeros e incluso los derechos de las mujeres forman parte, según ella, de una tendencia más amplia que refleja patrones históricos de exclusión constitucional.
“En 2023, dije que los afroamericanos eran el canario en la mina”, comentó Browne-Marshall. “Ahora otros se están dando cuenta de que los derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el derecho al voto, están bajo ataque generalizado”.
Regresando al marco de la ciencia política, Way introdujo el concepto de “autoritarismo competitivo”, un término que describe regímenes donde las elecciones existen pero son profundamente injustas y manipuladas. En estos sistemas, como en Hungría o Venezuela, los partidos de oposición pueden operar, pero bajo amenaza constante y en desventaja institucional.
“El 63% de los dictadores ahora son elegidos”, señaló Way. “Existe una fachada de democracia, pero en realidad son sistemas autoritarios donde los costos de la oposición son demasiado altos”. Advirtió que Estados Unidos muestra cada vez más estos rasgos, citando ataques a medios de comunicación, oponentes políticos e instituciones legales tradicionales.
Incluso la profesión legal, históricamente alejada de la lucha partidista, no ha sido inmune. “Bufetes de abogados y juristas—personas que nunca antes enfrentaron desafíos por apoyar a uno de los dos principales partidos—ahora están bajo amenaza”, dijo Way. “Esto representa una ruptura significativa con la historia estadounidense”.
Al abordar preguntas de los medios, Peter Schurmann de American Community Media preguntó si el electorado estadounidense está comenzando a reconsiderar el valor de la democracia ante su aparente deterioro. Señaló críticas pasadas a la campaña Biden-Harris por centrarse en la democracia en lugar de en temas económicos. Sherman también expresó su preocupación por cómo la nacionalización del discurso político—y la disminución del compromiso cívico local—podría haber acelerado la apatía pública hacia las normas democráticas.
En respuesta, los panelistas enfatizaron la importancia de una educación cívica sostenida y de la integridad institucional. Browne-Marshall fue especialmente clara al rechazar la idea de que esta crisis democrática sea algo sin precedentes. “Hay muy poco de lo que se está experimentando en este país que no haya sido ya vivido por la comunidad afroamericana”, reiteró.
El consenso entre los expertos fue claro: la democracia estadounidense atraviesa una vulnerabilidad aguda, y los patrones que emergen hoy no son incidentes aislados, sino parte de una trayectoria más amplia y peligrosa. Si el país podrá revertir el rumbo dependerá de cuán en serio se tomen la amenaza tanto las instituciones como la ciudadanía, y si actúan con decisión antes de que se erosione irreversiblemente la base democrática.