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–Editorial
En una medida decisiva para proteger los intereses del estado ante posibles cambios en las políticas federales, la Asamblea de California aprobó el 3 de febrero dos proyectos de ley destinados a fortalecer la defensa legal y proporcionar asistencia a inmigrantes. Impulsadas por los demócratas de la Asamblea, estas iniciativas asignan 50 millones de dólares para servicios legales dirigidos a comunidades vulnerables y crean un fondo para impugnar políticas federales que podrían amenazar los programas y recursos del estado.
Las legislaciones incluyen SBX1-1, que establece un Fondo de Litigios Estatales de 25 millones de dólares dentro del Departamento de Justicia de California para hacer frente a acciones federales que puedan poner en riesgo el financiamiento estatal. Además, SBX1-2 destina otros 25 millones de dólares para asistencia legal gratuita a veteranos, estudiantes, inquilinos, familias y otros grupos en situación de riesgo, excluyendo expresamente a personas condenadas por delitos violentos o graves.
Los líderes de la Asamblea presentaron estas medidas como un esfuerzo preventivo contra políticas federales que podrían afectar los programas estatales. Entre sus preocupaciones está el reciente “Congelamiento Republicano”, que ha retrasado la entrega de fondos federales previamente aprobados por el Congreso para pequeñas empresas, educación, vivienda, recuperación de incendios forestales y programas de salud.
El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, destacó la urgencia de estas iniciativas, subrayando el compromiso de California de proteger a sus residentes frente a la inestabilidad política en Washington.
“En un momento en que Washington se ve afectado por un comportamiento caótico y poco profesional, en California estamos enfocados en obtener resultados”, declaró Rivas. “No confiamos en que el presidente Donald Trump respete la Constitución o los límites de su poder, por lo que estamos tomando medidas para proteger a nuestros residentes”.
Por su parte, el presidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea, Jesse Gabriel, enfatizó la responsabilidad del estado de defender los derechos de los contribuyentes californianos.
“No podemos—y no vamos a—permanecer pasivos si la administración rompe la ley o viola la Constitución de los EE.UU.”, afirmó Gabriel. “Los californianos deben estar seguros de que protegeremos con firmeza tanto su parte justa de los fondos federales como sus derechos fundamentales”.
El Fondo de Litigios Estatales (SBX1-1) permitirá al Departamento de Justicia de California emprender acciones legales si el gobierno federal retiene ayuda de emergencia o financiamiento crítico para el estado.
Mientras tanto, SBX1-2 proporcionará recursos para servicios legales gratuitos dirigidos a veteranos, personas con discapacidades, jóvenes sin hogar, adultos mayores y víctimas de violencia doméstica, robo de salarios y trata de personas.
Las legislaciones han recibido el respaldo de una amplia variedad de sectores, incluidos líderes empresariales, socorristas y defensores de los derechos civiles y educativos.
Brian K. Rice, presidente de los Bomberos Profesionales de California, destacó la necesidad de estar preparados para responder a posibles cambios en las políticas federales.
“Esta acción no busca antagonizar al gobierno federal, sino garantizar que podamos proteger a nuestros residentes”, explicó Rice.
Por su parte, Louise McCarthy, presidenta de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles, enfatizó la importancia de asegurar el financiamiento federal para los servicios de salud.
“No podemos jugar a la política con la vida de las personas”, advirtió McCarthy. “Agradecemos al Estado de California por actuar con rapidez ante cualquier amenaza a nuestros programas y fondos federales”.
Pepi Jackson, presidente de la Cámara de Comercio Negra del Condado de Riverside, resaltó el impacto de la legislación en las pequeñas empresas.
“Este paquete de 50 millones de dólares es una cuestión de supervivencia para las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas pertenecientes a minorías, que forman la columna vertebral de nuestra economía local”, afirmó Jackson.
California tiene un historial de litigios para proteger sus intereses. Entre 2016 y 2021, el Departamento de Justicia de California gastó aproximadamente 40 millones de dólares en desafíos legales contra políticas federales, obteniendo victorias en dos tercios de los casos presentados contra la administración Trump.
Entre los logros más importantes se incluyen la recuperación de más de 8 mil millones de dólares en ahorros energéticos para los consumidores californianos y la restitución de casi 60 millones de dólares en subvenciones federales para seguridad pública.
Los defensores de SBX1-2 también destacaron la importancia económica de los inmigrantes en California, quienes generan aproximadamente 715 mil millones de dólares anuales para el Producto Interno Bruto (PIB) del estado. Según datos del USC California Immigrant Data Portal y del Censo de EE.UU.:
- Pagan cerca de 130 mil millones de dólares en impuestos estatales y federales cada año.
- Representan el 88% de la población trabajadora agrícola del estado, de los cuales aproximadamente la mitad son indocumentados.
- Constituyen el 41% de la fuerza laboral en la construcción y un tercio de los trabajadores del sector turístico y de hospitalidad.
- Son el 50% de los asistentes de enfermería certificados en los asilos de California, demostrando su papel fundamental en la industria del cuidado de la salud.
Durante la sesión legislativa especial, también se abordó la financiación para la recuperación de incendios forestales. Los legisladores ya aprobaron un paquete de 2,500 millones de dólares destinado a la recuperación de incendios en Los Ángeles, que incluye esfuerzos de limpieza y reconstrucción de escuelas y viviendas.
En la última década, el presupuesto estatal para la prevención de incendios forestales casi se ha triplicado, pasando de 1,100 millones de dólares en 2014-15 a 3,000 millones de dólares en 2023-24. El presupuesto actual destina 199 millones de dólares para la contratación de más bomberos e inversiones en programas de resiliencia contra incendios.
Con la aprobación de la Asamblea, los proyectos de ley SBX1-1 y SBX1-2 ahora pasarán al Senado de California para su revisión y votación final.