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-Editorial
Una organización local sin fines de lucro que opera en el Condado Imperial se encuentra bajo escrutinio después de que surgieran acusaciones de posibles violaciones con respecto a la financiación de subvenciones. Ryan Kelley, representante del Distrito 4 en la Junta de Supervisores del Condado Imperial, ha solicitado a la Oficina Ejecutiva que investigue las subvenciones recibidas por esta organización.
La investigación fue motivada por la preocupación de que la organización sin fines de lucro pudiera haber participado en una protesta expresando apoyo a Palestina, una acción que potencialmente podría contravenir las pautas establecidas. Esta revelación ha planteado dudas sobre el cumplimiento de la organización con las regulaciones y el uso apropiado de los fondos públicos.
Kelley expresó su preocupación por la participación de la Coalición de Justicia y Equidad del Valle Imperial (IV Equity) en una manifestación pro palestina durante los desfiles navideños de El Centro y Calexico. Kelley enfatizó que las regulaciones del condado prohíben estrictamente la asignación de fondos para acciones políticas.
Se sabe que este grupo tiene estrechos vínculos con los miembros del Concejo Municipal de Calexico, Raúl Ureña y Gilberto Manzanarez, quienes enfrentan una posible destitución de su cargo debido a una elección revocatoria especial programada para el 16 de abril.
El 30 de junio de 2022, el gobernador Gavin Newsom promulgó el Proyecto de Ley Senatorial 125, que autorizaba la asistencia del estado en el desarrollo del recurso de litio del Condado Imperial dentro del Área de Recursos Geotérmicos Conocidos del Mar de Salton, conocida como Valle del Litio. Entre las disposiciones de la SB 125, el proyecto de ley había asignado $5,000,000 del Fondo General del Estado al Condado de Imperial para diversas actividades relacionadas con el litio, incluyendo, entre otras, financiar el desarrollo de un Informe Programático de Impacto Ambiental (PEIR) y distribuir subvenciones a organizaciones comunitarias locales para su participación en el PEIR.
El 26 de julio de 2022, según la Orden de Minuta n.º 17, el Condado había acordado con una empresa consultora preparar el Plan Específico de Recursos Renovables de Salton Sea, PEIR, y la Evaluación de Infraestructura de Desarrollo de Litio.
El Condado buscó apoyar la educación comunitaria, la participación, la investigación participativa y los esfuerzos de divulgación sobre el Plan Específico de Recursos Renovables del Mar de Salton y el PEIR creado por el Condado para los esfuerzos de desarrollo de litio y energía geotérmica en el Condado de Imperial.
Este compromiso tenía como objetivo fomentar la participación y el aporte público significativo en el proceso para informar mejor la evaluación de los impactos ambientales y liderar la toma de decisiones de la agencia resultante de los proyectos propuestos en el área de desarrollo especificada.
Un comité de selección designado por la Oficina Ejecutiva del Condado revisó y calificó las propuestas para brindar una recomendación para las organizaciones receptivas y responsables, cuya propuesta se consideró más ventajosa para el Condado según los criterios de evaluación descritos en la Solicitud de Propuestas.
Las cinco organizaciones candidatas obtuvieron puntuaciones cercanas en las ocho categorías y contaban con ventajas únicas para garantizar la participación de la comunidad local. El monto total asignado por el Proyecto de Ley Senatorial 125 para este programa fue de $800,000. El condado había retenido el diez por ciento por compromisos y contingencias tribales. El monto total del premio a las organizaciones no debía exceder los $720,000.
Las agencias que recibieron financiamiento son Los Amigos de la Comunidad-$89,000; Raizes: 72,000 dólares; Comité Cívico Del Valle-$363,000; IV Centro de Recursos LGBT: $26,000; y Coalición de Justicia y Equidad del Valle Imperial: $170,000.
“Me preocupó que otros fondos de la subvención se estuvieran utilizando para promover esta acción política, por lo que solicité una revisión de esos contratos y garantizar que los fondos públicos y nuestras responsabilidades fiduciarias se respeten”, dijo Kelley.
Kelley señaló que el acuerdo firmado con los grupos exigía facturación mensual e informes trimestrales. De los cinco grupos, solo Amigos de la Comunidad y el Centro de Recursos LGBT del Valle Imperial han mantenido el cumplimiento de estos requisitos.
“Los otros tres no han cumplido y no se han presentado facturas al condado, por lo tanto, no podemos discernir si el dinero se utilizó de manera inapropiada. Enviamos aviso a todos los grupos para que proporcionen su información y estamos a la espera de esas facturas para poder revisar y verificar si se utilizó de manera inapropiada. Pero en este momento están incumpliendo el acuerdo que firmaron”, dijo Kelley.
En una crítica irónica, Jacob Rodríguez, un residente de la localidad, condenó al supervisor Kelley por lo que percibe como un intento de reprimir la libertad de expresión y atacar injustamente a una organización sin fines de lucro. Rodríguez, expresando preocupación por posibles violaciones de la Primera Enmienda, reveló que la Junta recibió copias de una carta enviada al Fiscal General de California, Rob Bonta, durante su reciente visita al Condado de Imperial. La carta instaba a una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la presunta infracción de los derechos de expresión protegidos por parte de la Junta, estableciendo paralelos con un acuerdo reciente entre el condado de Kern y el DOJ por violaciones similares. Rodríguez enfatizó que la auditoría, iniciada durante el mandato del entonces presidente Ryan Kelley, fue un acto inconstitucional de venganza del gobierno. Además, afirmó que el Condado amplió la auditoría a otras organizaciones para desviar las sospechas en torno a la controvertida investigación.
Kelley refutó diciendo que esto no se trataba de su libertad de expresión, sino de una preocupación si se utilizan fondos públicos para una protesta y si IV Equity, un contratista del condado, interrumpe un desfile público sin un permiso y lo publicita en sus plataformas de redes sociales.
“La solicitud de IV Equity paga el salario de dos personas, entonces, ¿cómo contabilizo su tiempo y lo que hacen? ¿Nos están facturando por su tiempo en el desfile y protestando? No te lo puedo decir porque todavía no nos han facturado. El señor Rodríguez puede cuestionar, pero mi intención es garantizar que los fondos se utilicen apropiadamente y se mantenga la confianza pública”, dijo Kelley.