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-Editorial
El 11 de agosto, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia de seguridad pública en el Distrito de Columbia, citando lo que la administración describe como un fuerte aumento de la criminalidad violenta que amenaza a los residentes, visitantes y el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos.
La orden instruye al Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD) a proporcionar servicios policiales para fines federales, incluyendo la protección de edificios, monumentos y propiedades federales, así como garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las agencias federales. La supervisión de estas medidas se ha delegado al Fiscal General de los Estados Unidos, quien determinará el alcance de la participación del MPD, monitoreará las condiciones de emergencia y reportará regularmente al presidente.
La autoridad invocada proviene de la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que permite al presidente exigir al alcalde que ponga los servicios del MPD a disposición para fines federales durante emergencias.
Según cifras divulgadas por la Casa Blanca, Washington D.C. registró en 2024 una tasa de homicidios de 27.54 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas entre las principales ciudades estadounidenses. La administración también destacó que la tasa de robo de vehículos en el Distrito, de 842.4 por cada 100,000 habitantes, fue más de tres veces el promedio nacional. Funcionarios federales señalaron que las tasas de criminalidad violenta, homicidios y robos en D.C. superan a las de los 50 estados, situando a la ciudad entre el 20% de las áreas urbanas más peligrosas a nivel mundial.
La orden ejecutiva menciona varios incidentes recientes de alto perfil, entre ellos el asesinato de dos empleados de embajadas en mayo, el homicidio de un pasante del Congreso cerca de la Casa Blanca en junio y la agresión a un empleado de la Casa Blanca en un incidente separado.
En un comunicado que acompaña la orden, el presidente Trump afirmó que el aumento de la criminalidad violenta “pone en peligro de manera urgente a los servidores públicos, ciudadanos y turistas” y ha obligado a desviar recursos hacia la respuesta de emergencia y medidas de seguridad reforzadas. Sostuvo que la incapacidad del gobierno local para garantizar la seguridad pública ha afectado la capacidad del gobierno federal para operar de manera eficiente.
“La violencia en nuestra capital es inaceptable”, indicó el presidente. “Nuestro gobierno debe poder funcionar sin la amenaza constante de anarquía en las calles.”
La orden precisa que sus disposiciones no crean nuevos derechos o beneficios legales y que su implementación debe ajustarse a las leyes aplicables y a las limitaciones presupuestarias.
En un memorando separado dirigido al secretario de Defensa, Lloyd Austin, el presidente autorizó la activación de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para apoyar los esfuerzos de lucha contra el crimen. La directiva concede al Departamento de Defensa la autoridad para movilizar a tantos miembros de la Guardia como se considere necesario y coordinar con los gobernadores de otros estados para incorporar unidades adicionales si es preciso.
La movilización permanecerá vigente hasta que el presidente determine que se han restablecido las condiciones de ley y orden. El memorando señala que la medida tiene como objetivo proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, a los empleados federales y garantizar que las operaciones gubernamentales continúen sin interrupciones por la criminalidad violenta.
Desde su regreso al cargo, el presidente Trump ha señalado la reducción del crimen en Washington D.C. como una prioridad. A principios de este año, la administración creó un grupo de trabajo federal con el objetivo de mejorar la seguridad pública, modernizar la infraestructura y abordar lo que el presidente ha descrito como “un colapso” en los servicios básicos. Ha prometido convertir a Washington “en una de las ciudades más seguras del mundo” y revertir lo que califica como “una desgracia” en la capital de la nación.
Las medidas anunciadas el 11 de agosto colocan tanto al MPD como a la Guardia Nacional de D.C. bajo dirección federal para ciertos propósitos policiales. Esto representa una de las intervenciones federales más significativas en la seguridad del Distrito en las últimas décadas y podría redefinir el panorama policial de la ciudad en los próximos meses.
Se prevé que la medida genere tanto apoyo como críticas. Quienes la respaldan argumentan que el aumento de la criminalidad en D.C. justifica una acción federal inmediata y decidida, especialmente por el papel de la ciudad como sede del gobierno de los Estados Unidos y destino de millones de visitantes cada año. También señalan la autoridad constitucional y legal que permite este tipo de intervención en circunstancias extraordinarias.
Los críticos, sin embargo, probablemente expresen preocupaciones sobre las implicaciones para la autonomía y el autogobierno local de D.C., advirtiendo que un mayor control federal podría tensar las relaciones entre las autoridades municipales y la administración. Hasta el momento de cierre de esta edición, los líderes locales no habían emitido una respuesta oficial a la orden ejecutiva.
El Fiscal General tiene la responsabilidad de proporcionar actualizaciones periódicas al presidente sobre el estado de la emergencia y podrá recomendar acciones adicionales o el levantamiento de las medidas cuando lo considere pertinente.
El éxito de la iniciativa se medirá en función de la evolución de las estadísticas de criminalidad en los próximos meses y del impacto que tengan los esfuerzos coordinados entre la policía local, las agencias federales y la Guardia Nacional en la seguridad pública del Distrito de Columbia.