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-Editorial
El 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer Informe de Gobierno, destacando las prioridades de su administración y reafirmando los objetivos de la “Cuarta Transformación” en curso en México. Sheinbaum enfatizó los avances en bienestar social, infraestructura, reformas constitucionales e iniciativas de igualdad, proyectando la imagen de un gobierno centrado en abordar las desigualdades estructurales.
Entre los logros que celebró se encuentran los descensos reportados en varias categorías delictivas: una reducción del 25% en homicidios, una caída del 31% en robos de vehículos con violencia y un descenso del 34% en feminicidios respecto a años anteriores. También destacó el progreso en programas de educación y salud, incluyendo la expansión de becas, inversiones en hospitales públicos y el fortalecimiento de iniciativas estatales de bienestar social orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, a pesar de este tono optimista, un asunto crítico permanece en las sombras de estas reformas: la seguridad pública. Para muchos mexicanos, especialmente en estados como Baja California, la violencia vinculada al crimen organizado sigue siendo una realidad ineludible. El informe presidencial reconoció estadísticas delictivas, pero no ofreció detalles suficientes sobre cómo su administración planea enfrentar la profunda crisis de seguridad que continúa afectando negocios, comunidades y economías locales.
La industria pesquera de Baja California, motor clave de la economía regional, ha estado bajo asedio. El 12 de junio de 2024 ocurrió el primer ataque importante contra líderes del sector con el asesinato de Emilio Ohiiaishi Masuda, un empresario reconocido. Apenas una semana y media después, Fernando Castro, propietario de un campo pesquero, también fue asesinado.
El 8 de julio, durante un evento público en Ensenada, Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), realizó su tercera denuncia pública contra la extorsión de los cárteles en el sector. Horas más tarde, fue asesinada frente a su negocio. Este crimen generó conmoción en todo México, pues Pérez se había convertido en una de las voces más visibles exigiendo acciones contra la infiltración del crimen organizado en la pesca.
Lo que siguió ha generado aún más preocupación. La Fiscalía General de Baja California no emitió postura y posteriormente reservó por cinco años el acceso a los expedientes solicitados por medios de investigación, a pesar de que dicha información debería ser pública. Esta decisión profundiza la percepción de opacidad e impunidad en torno al caso.
La ola de violencia no cesó. El 3 de diciembre de 2024, el empresario pesquero Servando Valenzuela Nakato fue asesinado, marcando otro crimen dirigido en un sector cada vez más atrapado entre la actividad económica legal y las redes de extorsión criminal.
De la Pesca a la Restauración: La Violencia se Extiende
La inseguridad no se limita a la pesca. Recientemente, Moisés Muñiz, joven restaurantero y propietario de El Compa Moy en Ensenada, anunció en redes sociales el cierre de su negocio debido al “cobro de piso” exigido por grupos del crimen organizado. Su emotivo video se volvió viral, resonando entre los ciudadanos y exponiendo cómo la extorsión asfixia a los negocios locales.
Para muchos residentes, el video reflejó una realidad que conocen muy bien: las pequeñas y medianas empresas enfrentan enormes presiones de grupos criminales, y muchas se ven obligadas a cerrar sus puertas. Más allá de las pérdidas económicas inmediatas, estos incidentes afectan la percepción de Baja California como un destino seguro para turismo e inversión.
Violencia que Trasciende Fronteras
La tragedia en Ensenada forma parte de un patrón más amplio de inseguridad en México. A principios de 2024, los asesinatos de dos hermanos australianos y un turista estadounidense en Ensenada acapararon titulares internacionales, despertando la preocupación de gobiernos extranjeros y evidenciando los riesgos que enfrentan los visitantes. De manera similar, el homicidio en 2021 de Mirelle Hernández, maquillista en Tijuana, sigue siendo un símbolo de cómo los ciudadanos comunes pueden convertirse en víctimas de una epidemia de violencia que no respeta fronteras.
Estos casos revelan una dura contradicción: mientras México ha invertido fuertemente en promover el turismo y la actividad económica transfronteriza, la violencia creciente amenaza con erosionar la confianza de visitantes e inversionistas. Empresas en estados fronterizos han expresado preocupación creciente por los costos de seguridad y la falta de protección robusta para líderes del sector que se atreven a denunciar la corrupción o la infiltración criminal.
Datos vs. Realidad
La administración de Sheinbaum señala estadísticas nacionales que muestran reducciones graduales en homicidios y otros delitos violentos. Sin embargo, las disparidades regionales son notables. Baja California, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas se mantienen entre los estados más violentos, con tasas de homicidios muy por encima del promedio nacional. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California se ubica constantemente entre los tres primeros lugares en homicidios dolosos.
Organizaciones de la sociedad civil argumentan que los porcentajes crudos pueden ocultar tendencias subyacentes. Aunque los feminicidios hayan disminuido a nivel nacional, las mujeres en estados del norte continúan reportando violencia generalizada, acoso y acceso limitado a la justicia. Las organizaciones locales enfatizan que los números por sí solos no capturan el miedo que los residentes viven a diario: temor a extorsiones, secuestros o ser atrapados en un tiroteo.
La Necesidad de una Estrategia Integral de Seguridad
El informe de Sheinbaum incluyó reformas ambiciosas en eficiencia judicial y seguridad pública, como medidas para profesionalizar a las fuerzas policiales y ampliar el acceso a la justicia. Sin embargo, los críticos señalan que estas propuestas carecieron de detalles y de un cronograma claro de implementación.
“Los programas sociales son necesarios, pero no son suficientes cuando el crimen organizado se adueña de industrias y comunidades”, señaló un representante de una coalición de sociedad civil de Baja California. “Necesitamos estrategias específicas y localizadas para desmantelar estas estructuras criminales. De lo contrario, seguiremos perdiendo vidas, como la de Minerva Pérez, que luchó por su sector”.
Analistas destacan que el enfoque tradicional de México, centrado principalmente en despliegues militares, no ha dado resultados sostenibles. En cambio, abogan por combinar inteligencia policial, reformas judiciales, programas de protección a denunciantes y una colaboración más fuerte con industrias y comunidades afectadas.
No se puede negar que México es un país hermoso con un potencial extraordinario. Pero para que ese potencial se concrete, la inseguridad debe abordarse de manera decisiva. Algunos analistas sostienen que México podría requerir una cooperación más profunda con Estados Unidos, no solo en comercio y diplomacia, sino también en la lucha contra el crimen organizado. Con recursos de inteligencia estadounidenses y, potencialmente, colaboración militar dentro de un marco de respeto a la soberanía, la región podría comenzar a combatir a los cárteles que han desestabilizado comunidades.
Para algunos, esto incluye la posibilidad de buscar apoyo de figuras como el expresidente Donald Trump, quien ha mostrado disposición a emplear capacidades de inteligencia y militares estadounidenses contra los cárteles. Si bien este escenario plantea complejas cuestiones de soberanía y relaciones bilaterales, también refleja la desesperación de ciudadanos que se sienten abandonados e indefensos en su vida cotidiana.
La agenda de Sheinbaum enfatiza justicia social, igualdad y reducción de la pobreza, temas que resuenan con millones de mexicanos. Pero sin atender la violencia persistente que azota regiones como Baja California, la “Cuarta Transformación” corre el riesgo de verse eclipsada por el miedo y la inseguridad.
El mensaje de la sociedad civil, líderes empresariales y observadores internacionales es claro: la transformación de México seguirá incompleta si la seguridad pública no se garantiza. Proteger la vida de quienes alzan la voz, restaurar la confianza en las instituciones y asegurar condiciones seguras para el crecimiento económico y cultural son tan críticas como la expansión de programas sociales.
Al iniciar Sheinbaum su mandato de seis años, enfrenta una decisión crucial: permitir que la inseguridad socave sus reformas más amplias o confrontarla de manera directa con la misma determinación que ha mostrado al abordar la pobreza y la desigualdad. Para las comunidades en Baja California y más allá, los riesgos no podrían ser mayores.