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-Editorial
La periodista Dianeth Pérez Arreola, directora de Brújula News, fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de plantear preguntas sobre un contrato de obra pública durante una reciente conferencia de prensa con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Durante la rueda de prensa del 6 de agosto en Mexicali, Pérez Arreola cuestionó a la mandataria sobre un presunto doble proceso de licitación en la planta de tratamiento de aguas de Tecate y posibles vínculos entre la empresa ganadora y el crimen organizado. Días después, la periodista recibió una notificación formal de la FGR, aunque no se le acusó de ningún delito.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han manifestado preocupación, interpretando la acción como una advertencia a reporteros que formulan preguntas incómodas. La propia Pérez Arreola calificó la citación como un intento de desalentar el escrutinio crítico.
En respuesta, la periodista presentó una solicitud formal para obtener los contratos de construcción de “La Nopalera” antes de acudir a su cita programada con la FGR el 18 de agosto.
Por su parte, el gobierno de Baja California negó que la medida constituya censura o intimidación. El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, emitió un comunicado en el que reafirmó el compromiso de la administración con la legalidad y la libertad de expresión.
Según el comunicado, el turno a la FGR se hizo para garantizar una investigación imparcial sobre el señalamiento de la periodista respecto a posibles vínculos de la empresa con el crimen organizado, un asunto de jurisdicción federal. Álvarez Cárdenas agregó que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado también abrió una revisión interna del proceso de licitación.
La FGR solicitó documentación a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California (SEPROA) y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), misma que ya fue entregada para su análisis. Las autoridades señalaron que la investigación se mantendrá bajo reserva para no comprometer el proceso.
“La gravedad del señalamiento exige que todas las partes aporten la información necesaria para esclarecer los hechos”, señaló Álvarez Cárdenas, reiterando que el gobierno estatal “respeta el Estado de derecho y las libertades fundamentales de los ciudadanos, en particular la libertad de expresión.”
Críticos advierten que la citación de Pérez Arreola refleja un patrón más amplio en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual ha sido señalada en reiteradas ocasiones de intentar intimidar a medios percibidos como críticos de su gobierno. Recientemente, el despido del periodista Gustavo Macalpin de Canal 66 habría ocurrido presuntamente bajo presión de las autoridades estatales, lo que acrecienta las preocupaciones sobre la libertad de prensa en Baja California.
Asimismo, observadores apuntan que las conferencias de prensa de la gobernadora parecen estar estructuradas para favorecer a medios afines a su administración, mientras que se limitan los espacios para que periodistas independientes planteen preguntas incisivas sobre temas sensibles.