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-Editorial
Los líderes de California están intensificando su resistencia legal y política frente a las políticas migratorias federales, tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita el uso de medidas cautelares a nivel nacional, lo que podría dificultar los esfuerzos para frenar una orden ejecutiva que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la decisión como un “resultado mixto”, subrayando que, si bien la Corte no eliminó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, sí redujo de manera significativa una herramienta legal clave usada por los estados.
“La Corte no abordó la cuestión constitucional de fondo—y ese derecho sigue vigente”, afirmó Bonta. “Si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano estadounidense. Punto final.”
Bonta advirtió que restringir las medidas cautelares de alcance nacional podría generar un “caos administrativo” y socavar el trato igualitario entre estados. “Sería inaceptable que un niño nacido en Texas sea tratado de manera distinta a uno nacido en California”, dijo.
El fallo se da en el contexto de un conflicto más amplio entre California y la administración Trump, que ha intensificado la aplicación de leyes migratorias en el estado, generando condenas por parte de defensores de derechos de los inmigrantes y autoridades locales. Bonta reveló que California ha presentado 26 demandas en 23 semanas contra lo que describió como “una avalancha de acciones ejecutivas ilegales”, que van desde la militarización de ciudades hasta intentos de recortar programas de salud pública y el uso indebido de datos federales para la aplicación de leyes migratorias.
“Lamentablemente, el presidente ha demostrado una y otra vez que no tiene problema alguno en ignorar la ley”, dijo Bonta. “Pero nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente.”
Organizaciones de derechos civiles reportan un aumento en las tácticas agresivas de aplicación de la ley migratoria, incluyendo agentes enmascarados sin identificación realizando redadas. Jeannette Zanipatin, directora de políticas públicas y defensa de CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), describió una ola de arrestos que ocurren fuera de tribunales, durante citas migratorias, e incluso en entrevistas con USCIS.
“Nunca hemos visto algo como este momento”, señaló Zanipatin, abogada de inmigración con décadas de experiencia. “Hay un efecto paralizante sobre el debido proceso, y plantea serias preocupaciones constitucionales.”
Zanipatin mencionó reportes sobre agentes con placas de otros estados y autoridad dudosa, lo que sugiere un uso creciente de contratistas privados o agentes delegados. Dijo que el acceso legal a los detenidos está siendo restringido, señalando que incluso miembros del Congreso y personal de CHIRLA fueron recientemente rechazados al intentar entrar al centro de detención de Adelanto.
Datos citados por CHIRLA indican que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales graves, lo que contradice los argumentos del gobierno federal de que se está enfocando en personas peligrosas.
En medio del creciente conflicto, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa condenó las tácticas de aplicación migratoria como “antiestadounidenses”. En un panel virtual organizado por grupos de defensa de inmigrantes, Villaraigosa trazó paralelismos con campañas históricas de deportación masiva y alertó sobre un exceso de poder por parte del gobierno federal.
“No he visto a personas en uniforme militar o civil, armadas con granadas aturdidoras, persiguiendo a niñeras, jardineros y trabajadores en ceremonias de graduación”, dijo Villaraigosa. “Esto no es aplicación de la ley—es intimidación.”
Pidió a California proteger los datos de los residentes y establecer como requisito la obtención de citatorios judiciales para que el gobierno federal acceda a los registros del DMV. “Esta es una oportunidad para que todos los estadounidenses—sean latinos o no—se unan en defensa de nuestras libertades civiles”, afirmó.
Henry Brady, profesor de políticas públicas en UC Berkeley, coincidió en que California está siendo blanco político. “California representa todo lo que desagrada a la administración Trump”, dijo. “Somos el ejemplo del éxito, abrazamos la diversidad y la innovación. Por eso somos el modelo anti-MAGA.”
Brady advirtió sobre el impacto económico, citando investigaciones que proyectan hasta 500 mil millones de dólares en pérdidas derivadas de acciones federales contra la inmigración, el comercio y servicios públicos en el estado. “Esto no son solo diferencias políticas”, advirtió. “Son intentos por castigar a California por desafiar la visión del gobierno federal.”
Bonta concluyó reafirmando el compromiso de su oficina con la acción legal, la libertad de prensa y la protección constitucional. “Estamos ganando la mayoría de estas batallas legales”, dijo. “Los tribunales han respaldado nuestra postura—y seguiremos exigiendo cuentas a esta administración.”