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-Editorial
Estados Unidos atraviesa su undécimo cierre de gobierno desde 1976, tras un estancamiento político sobre los límites de gasto, la reducción de la ayuda exterior y los subsidios de salud. La falta de acuerdo, que comenzó a inicios de este mes, ha provocado amplias interrupciones en agencias federales y ha generado preocupación por su impacto económico en todo el país.
Este cierre ocurre seis años después del récord de 35 días registrado en 2018–2019 y podría igualarlo en duración y severidad. Según estimaciones oficiales, aproximadamente 900,000 empleados federales han sido suspendidos sin goce de sueldo, mientras que cerca de 700,000 continúan trabajando sin recibir pago.
A diferencia de cierres anteriores, aún no está claro si todos los trabajadores recibirán el pago retroactivo una vez que el gobierno reabra. Algunas agencias han advertido sobre posibles despidos permanentes si el estancamiento continúa. Operaciones esenciales como el control aéreo, la protección fronteriza y las funciones militares siguen en marcha, pero muchas agencias civiles —incluyendo el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Educación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)— han reducido o detenido sus actividades.
De acuerdo con datos de WalletHub, el cierre está costando a la economía estadounidense alrededor de 400 millones de dólares por día. El sitio de finanzas personales analizó cómo la falta de fondos afecta a cada estado, evaluando cinco indicadores: porcentaje de empleos federales, monto de contratos federales per cápita, porcentaje de familias que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), proporción del sector inmobiliario en la economía estatal y acceso a parques nacionales.
El análisis determinó que el Distrito de Columbia, Hawái y Nuevo México son los más afectados, mientras que Minnesota, Iowa e Indiana resultan los menos impactados.
El analista de WalletHub, Chip Lupo, explicó que los efectos son más graves en lugares donde el gobierno federal desempeña un papel económico importante.
“El cierre de gobierno hace la vida más difícil para todos en EE.UU., pero lugares como D.C. y Hawái, donde una gran parte de los residentes trabajan para el gobierno o dependen de contratos federales, son los más afectados,” dijo Lupo. “Estados con alta dependencia de beneficios como SNAP, como Nuevo México, podrían enfrentar una situación crítica si se agotan los fondos antes de que se resuelva el bloqueo.”
El Distrito de Columbia encabeza la lista con una puntuación total de 76.33. Más de uno de cada cuatro empleos en D.C. está vinculado al gobierno federal —la proporción más alta del país— y recibe más de 50,000 dólares en contratos federales per cápita. Con muchas agencias cerradas, los contratistas locales y pequeños negocios que dependen de esos proyectos ya enfrentan dificultades.
Más allá del empleo, el cierre también amenaza la red de apoyo social de D.C., que tiene el segundo mayor porcentaje de beneficiarios de SNAP en el país, un programa en riesgo si el cierre se prolonga.
Hawái, en segundo lugar, depende en gran medida del gasto federal: el 5.6% de su fuerza laboral trabaja para el gobierno federal y el sector inmobiliario —que representa casi el 23% de su producto estatal bruto— ya sufre retrasos en la aprobación de hipotecas por parte del IRS, la Administración Federal de Vivienda (FHA) y el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Además, sus numerosos parques nacionales podrían ver cierres parciales que afecten el turismo y los ingresos estatales.
Nuevo México, tercero en el ranking, enfrenta vulnerabilidades similares. El estado recibe más de 6,000 dólares en contratos federales per cápita, muchos de los cuales están suspendidos. Más del 20% de su población depende del programa SNAP, lo que aumenta la presión sobre los hogares de bajos ingresos conforme el cierre se prolonga.
Otros estados gravemente afectados incluyen Alaska, Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Alabama, Oklahoma y Arizona, todos con fuerte presencia federal. Maryland y Virginia, por su cercanía con la capital, son especialmente vulnerables por su gran número de empleados y contratistas del sector defensa.
En contraste, Iowa, Minnesota e Indiana se encuentran entre los menos afectados debido a su baja dependencia del empleo y contratos federales, así como a su limitada red de parques nacionales.
Economistas advierten que un cierre prolongado podría tener efectos profundos. Además de la pérdida de productividad, los retrasos en salarios y pagos de contratos pueden reducir el consumo y desacelerar las economías locales, especialmente en regiones dependientes de nóminas federales. También se están retrasando transacciones inmobiliarias, becas de investigación y préstamos para pequeñas empresas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que el cierre de 2018–2019 costó 11 mil millones de dólares a la economía, de los cuales 3 mil millones se perdieron permanentemente. Si el actual estancamiento continúa por varias semanas más, analistas advierten que el impacto podría superar esas cifras.
El análisis de WalletHub utilizó datos del Censo de EE.UU., la Oficina de Estadísticas Laborales, USAspending.gov, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y el Servicio de Parques Nacionales, con información actualizada al 11 de octubre de 2025. Los indicadores más determinantes en la clasificación fueron la proporción de empleos federales y la participación en SNAP.
