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-Editorial
El presidente Donald Trump firmó una ley integral conocida como el “One, Big Beautiful Bill”, que consolida gran parte de su agenda, incluyendo recortes fiscales.
Este fue un gran triunfo para Trump, quien logró implementar muchas políticas que durante años fueron un sueño para el movimiento conservador y que ahora son una realidad. Sin embargo, incluso entre los sectores de derecha, hay reconocimiento sobre las posibles consecuencias de un mayor déficit fiscal a largo plazo y su impacto en la economía.
Según funcionarios de la Casa Blanca, la nueva ley representa el mayor recorte fiscal en la historia para los estadounidenses de clase media y trabajadora, elimina impuestos sobre propinas, horas extra y Seguridad Social, aumenta el ingreso neto familiar, e incluye importantes inversiones en seguridad fronteriza, modernización militar y producción de energía nacional.
Mientras la administración Trump celebra, muchos temen las consecuencias de esta nueva legislación.
Expertos como Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en la Fundación Kaiser, consideran que esta ley equivale a una derogación parcial de la Ley de Cuidado Asequible (ACA), lo que podría revertir muchos de sus logros en cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que reducirá el gasto federal en salud en más de un billón de dólares en la próxima década y aumentará el número de personas sin seguro en casi 12 millones.
Entre las disposiciones clave se incluyen nuevos requisitos laborales para Medicaid, renovaciones de elegibilidad más frecuentes, y restricciones a los subsidios de primas y renovaciones automáticas en el mercado de la ACA. Levitt advierte que alrededor de 4.8 millones de personas podrían perder su cobertura debido a barreras burocráticas.
La ley también afecta a inmigrantes con estatus legal, eliminando su elegibilidad para beneficios de salud federales bajo Medicaid, Medicare y los subsidios de la ACA. También incluye recortes por 500 mil millones de dólares a Medicare.
Aunque se añadió un fondo de salud rural de 50 mil millones de dólares, Levitt afirma que no compensará completamente las pérdidas a largo plazo, especialmente en hospitales rurales. Además, los créditos fiscales ampliados de la ACA establecidos en 2021 expirarán a fin de año, lo que podría aumentar las primas en un 75% y causar que millones pierdan cobertura en 2026.
Natasha Sarin, profesora de Derecho en Yale, citó datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y estudios académicos que indican que hasta 16 millones de estadounidenses podrían perder cobertura médica en la próxima década debido a los recortes a Medicaid y la expiración de los créditos fiscales de la ACA.
“Estos cambios afectarán desproporcionadamente a los más vulnerables”, dijo Sarin, señalando que los estadounidenses de bajos ingresos podrían ver reducidos sus ingresos en 700 dólares anuales por la menor ayuda federal. Mientras tanto, se espera que el 1% más rico reciba recortes fiscales promedio de 30,000 dólares por año, con beneficios aún mayores para el 0.1% más alto.
Sarin también advirtió que, si las disposiciones temporales de la ley se vuelven permanentes, el impacto a largo plazo podría elevar la relación deuda-PIB de EE. UU. al 135%, aumentando los costos de endeudamiento tanto para el gobierno como para las familias.
“Esto es economía al revés, estilo Robin Hood”, afirmó. “Le quitamos a los de abajo para darles a los de arriba”.
El ambientalista y escritor Bill McKibben criticó la nueva legislación federal por eliminar programas de salud pública y cambio climático, calificándola como “una traición al liderazgo científico de Estados Unidos”. McKibben advirtió que la ley elimina créditos fiscales clave para energías limpias y debilita la capacidad del país para enfrentar el cambio climático.
“Esta legislación está diseñada para frenar la transición hacia las energías renovables”, dijo. “Desmantela incentivos para la energía solar, eólica y los vehículos eléctricos, mientras apoya a los combustibles fósiles”.
McKibben también subrayó los impactos en salud pública, señalando que la contaminación del aire por combustibles fósiles contribuye a casos generalizados de asma y muertes prematuras. “Una de cada cinco muertes a nivel mundial está relacionada con partículas de combustibles fósiles”, afirmó.
Además de los recortes ambientales, la ley reduce drásticamente el financiamiento a la NASA y la NOAA, afectando los esfuerzos de monitoreo del calentamiento global. “Estamos apagando los satélites que nos indican qué tan rápido se está calentando el planeta”, concluyó.