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-Editorial
En una acción que ha generado una condena generalizada y sacudido a una comunidad unida, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron el pasado viernes en un querido restaurante de San Diego durante horas laborales, deteniendo a varios trabajadores indocumentados frente a clientes y personal. La redada, descrita como excesiva y traumática, ha despertado indignación y solidaridad entre residentes y líderes por igual.
Testigos afirman que los agentes llegaron sin previo aviso, interrumpiendo el servicio de desayuno y esposando al personal de cocina frente a los comensales. Algunos de los detenidos llevaban años trabajando en el lugar, formando familias y contribuyendo a la comunidad sin antecedentes penales.
El senador Steve Padilla (D-San Diego), cuyo distrito incluye el área afectada, emitió una contundente declaración condenando la operación.
“El viernes, durante las horas de operación del restaurante y utilizando lo que parece ser una demostración desproporcionada y peligrosa de fuerza, agentes de inmigración atacaron un querido lugar de reunión y comidas en mi comunidad y distrito”, expresó Padilla. “Esposaron a trabajadores que preparaban alimentos y deterioraron aún más la confianza entre nuestra comunidad y las autoridades federales.”
Padilla criticó la redada como parte de una estrategia política más amplia basada en el miedo y no en la justicia.
“La aplicación de nuestras leyes siempre ha requerido disciplina, juicio y cuidado”, continuó. “Tácticas extremas para ejecutar los actos de política de este pequeño presidente no nos disuadirán en nuestra lucha por proteger a todos los californianos, ni lograrán intimidar a las familias inmigrantes trabajadoras.”
Las palabras del senador resuenan entre muchos en la comunidad, quienes señalan que, si bien las leyes migratorias deben respetarse, su aplicación debe hacerse con humanidad y en contexto—especialmente con personas que han demostrado una conducta moral intachable, ética de trabajo y compromiso con el bien común.
“Estas personas no son criminales—son miembros de nuestra comunidad”, dijo Ana Ramírez, organizadora local que ayudó a coordinar una vigilia tras la redada. “Tienen empleos, hijos y sueños. Merecen dignidad.”
En efecto, aunque nadie aboga por ignorar la política migratoria, muchos creen que el gobierno federal tiene una obligación moral de actuar con compasión, especialmente al tratar con individuos que han vivido y trabajado en EE.UU. de forma pacífica durante años.
El abogado de inmigración Luis Morales subrayó la importancia de distinguir entre hacer cumplir la ley y ejercer la crueldad.
“No se trata de debilitar la ley,” dijo Morales. “Se trata de cómo la aplicamos. Debe haber espacio para la discreción—para valorar a una persona no solo por sus documentos, sino por sus acciones.”
En una vigilia a la luz de las velas, los carteles decían “Todos Somos Inmigrantes” y “La Misericordia Es Justicia.” El pastor José Castillo habló a la multitud: “Cuando el gobierno tiene el poder de mostrar misericordia y decide no hacerlo, pierde una parte de su alma.”
El senador Padilla lo resumió mejor: “Los inmigrantes siempre han enriquecido nuestra sociedad, y su sincera creencia de que pueden construir una vida mejor en Estados Unidos es lo que hace grande a este país. Tal como nuestros vecinos lo demostraron valientemente en protesta ante estos ataques, estamos unidos contra este odio instrumentalizado.”
La comunidad ha dejado algo claro: no lo olvidarán, y no permanecerán en silencio.