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–Editorial
En un cambio significativo de política destinado a frenar la trata de personas y proteger a los jóvenes vulnerables, el gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley 379 de la Asamblea, restableciendo el delito menor de merodeo con la intención de comprar sexo en California. La ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, también introduce sanciones más severas para adultos que soliciten servicios sexuales a menores de 16 y 17 años.
La legislación, coescrita por los asambleístas Maggy Krell (D-Sacramento) y Nick Schultz (D-Orange County), fue copatrocinada por el alcalde de San Diego, Todd Gloria, y la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, dos de los defensores más activos del estado en materia de protección de víctimas y prevención de la trata.
“El AB 379 marcará una verdadera diferencia en nuestra capacidad para frenar la explotación infantil y la prostitución ilegal en San Diego al hacer responsables a compradores y tratantes”, declaró el alcalde Gloria. “Esta legislación salvará vidas y contribuirá a nuestros esfuerzos por proteger a los más vulnerables.”
La nueva ley revierte parcialmente el Proyecto de Ley 357 del Senado, promulgado en 2022, que despenalizó el merodeo con la intención de ejercer la prostitución. Aunque dicha ley se creó con el objetivo de reducir la discriminación contra trabajadoras sexuales —especialmente mujeres trans y mujeres de color— su implementación generó consecuencias no previstas. En los tres años posteriores, autoridades y líderes comunitarios reportaron un alarmante aumento de prostitución callejera, con tratantes y compradores actuando abiertamente y casi con total impunidad.
“Durante los últimos tres años hemos visto las consecuencias del SB 357 con prostitución y trata de personas a plena luz del día, y poco margen de acción para nuestros oficiales”, explicó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. “Esta legislación nos devuelve una herramienta básica para intervenir en situaciones de explotación.”
El AB 379 permite ahora que los fiscales presenten cargos por delito grave contra adultos que soliciten sexo a menores, siempre que haya una diferencia de edad de al menos tres años entre el acusado y la víctima. Si la diferencia de edad es menor, el delito se mantiene como menor, pero el cambio legal cierra una brecha crítica que antes dificultaba procesar a adultos que explotaban a menores.
La Fiscalía General de California ha señalado reiteradamente que la trata de personas es una de las actividades criminales de mayor crecimiento en el mundo, con ganancias globales que superan los 150 mil millones de dólares anuales. En California, por su tamaño, diversidad poblacional y cercanía con fronteras internacionales, la trata sexual ha sido una crisis constante. Esta afecta desproporcionadamente a niñas y mujeres de color en comunidades marginadas, jóvenes LGBTQ+ y menores en el sistema de acogida—grupos especialmente vulnerables por la desigualdad estructural, falta de vivienda estable y escaso acceso a redes de apoyo.
En muchas zonas urbanas —conocidas como “blades” o “tracks”— adolescentes y mujeres jóvenes son abordadas regularmente por hombres que ofrecen dinero por actos sexuales. Los tratantes suelen vigilar de cerca y recolectar las ganancias. La despenalización del merodeo en 2022 dificultó que los agentes intervinieran, lo que elevó los riesgos para la seguridad pública, incrementó la violencia contra las víctimas y generó tensiones con residentes y pequeños negocios.
Reconociendo los vacíos legales y de protección, en 2024 los legisladores impulsaron el SB 1414, que aumentó las penas para quienes compran sexo a menores. No obstante, esa ley exigía probar que la víctima había sido traficada, una carga legal difícil que limitaba su aplicación.
El AB 379 aborda directamente esa limitación al criminalizar la compra de sexo a cualquier menor de 18 años, sin importar si fue víctima de trata. También crea el Fondo de Apoyo a Sobrevivientes, que destinará las multas recaudadas a organizaciones comunitarias que brindan vivienda, asesoría legal, atención psicológica y otros servicios a sobrevivientes de explotación sexual.
La ley equilibra la aplicación de justicia con compasión: quienes sean acusados de participar en el comercio sexual a cambio de bienes o dinero podrán acceder a programas de desvío judicial en sus primeras dos infracciones, evitando así la criminalización directa y recibiendo apoyo para su reintegración.
El AB 379 representa un regreso a la rendición de cuentas, pero con un enfoque moderno y centrado en las víctimas. Al restaurar herramientas legales esenciales, cerrar brechas procesales y redirigir recursos hacia el cuidado de las víctimas, California marca una respuesta más justa y eficaz a uno de sus problemas de seguridad más urgentes.
Con la entrada en vigor de la ley en 2026, ciudades como San Diego estarán a la vanguardia, trabajando para que la política no solo combata la explotación, sino que también devuelva esperanza y dignidad a quienes más lo necesitan.