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-Editorial
Funcionarios de California anunciaron el martes que una serie de operativos coordinados en noviembre resultaron en la erradicación de más de 58,000 plantas de cannabis y la incautación de aproximadamente tres toneladas de cannabis procesado, valuadas en unos $56.5 millones, mientras el estado continúa sus esfuerzos para frenar el mercado ilícito del cannabis.
Los operativos fueron realizados por el Grupo Unificado de Aplicación de la Ley del Cannabis (UCETF, por sus siglas en inglés), un equipo multiagencia dirigido por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) y el Departamento de Control del Cannabis (DCC). Las acciones se enfocaron en sitios de cultivo exterior e interior sin licencia en los condados de Alameda y Los Ángeles que, según funcionarios estatales, representaban riesgos para la seguridad pública y el medio ambiente.
Entre el 18 y el 20 de noviembre, agentes de CDFW coordinaron un operativo a gran escala cerca de Lancaster, en el noreste del condado de Los Ángeles. En colaboración con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, los agentes ejecutaron 52 órdenes de cateo en propiedades privadas utilizadas para el cultivo exterior de cannabis. El operativo de tres días resultó en la erradicación de 32,738 plantas y la destrucción de 5,122 libras de cannabis procesado. Los agentes detuvieron y citaron a 12 personas y confiscaron seis armas de fuego. CDFW documentó 24 violaciones al Código de Pesca y Caza de California y reportó el hallazgo de botellas etiquetadas como carbofurán y metamidofos, pesticidas prohibidos en Estados Unidos debido a su toxicidad para la vida silvestre y su potencial de contaminar el agua y el suelo. También se confiscaron 12 gramos de metanfetamina.
CDFW realizó otra acción de cumplimiento el 18 de noviembre en Hayward, donde los agentes ejecutaron órdenes de cateo en varias bodegas industriales que operaban como sitios de cultivo interior sin licencia. Las autoridades reportaron la erradicación de 6,157 plantas de cannabis y la incautación de 193.6 libras de cannabis procesado. Varias agencias estatales y locales apoyaron el operativo.
El Departamento de Control del Cannabis llevó a cabo una operación separada el 24 de noviembre en Harbor City, donde los investigadores ejecutaron tres órdenes de cateo en sitios de cultivo interior ubicados cerca de un centro recreativo y varias instituciones religiosas. Los agentes erradicaron 19,463 plantas y confiscaron 277.2 libras de cannabis procesado, valuadas en aproximadamente $16.5 millones. Las agencias colaboradoras cortaron los servicios públicos y emitieron múltiples violaciones de código.
Funcionarios estatales señalaron que el cultivo ilegal continúa afectando el mercado regulado del cannabis en California y perjudicando a las comunidades circundantes. Los sitios de cultivo exterior pueden desviar agua ilegalmente, utilizar pesticidas no registrados, contaminar el suelo y las vías fluviales y dañar los ecosistemas locales, incluyendo la remoción de vegetación nativa e introducción de especies invasoras. Los sitios de cultivo interior a menudo implican robo de electricidad, cableado inseguro y circuitos sobrecargados, lo que aumenta el riesgo de incendios estructurales.
Las operaciones de noviembre involucraron una amplia coordinación entre agencias estatales, locales y regulatorias, incluyendo apoyo del Departamento de Impuestos y Tarifas de California, la Fuerza de Tareas Antidrogas de la Guardia Nacional de California, el Departamento de Desarrollo del Empleo, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, agencias regionales de agua y múltiples dependencias policiales y de bomberos de distintos condados.
El Grupo Unificado de Aplicación de la Ley del Cannabis fue establecido en 2022 por el gobernador Gavin Newsom para fortalecer la colaboración entre agencias estatales y federales que combaten el mercado ilícito del cannabis. Copresidido por DCC y CDFW, el grupo ahora incluye más de dos docenas de agencias asociadas. Desde su creación, ha llevado a cabo cientos de acciones de cumplimiento, priorizando casos relacionados con daños ambientales, violaciones laborales y amenazas a la seguridad pública.
