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-Editorial
El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, junto con la Asociación de Productores Hortofrutícolas del Norte (PROHONOR), organizó un foro público titulado “Análisis y Propuestas al Proyecto de Modificación de la Ley de Aguas Nacionales”.
Las organizaciones indicaron que el evento busca reunir a líderes industriales, legisladores y expertos en agua para evaluar la propuesta federal y presentar recomendaciones destinadas a proteger la gestión regional del agua y las necesidades agrícolas.
La Asociación de Productores Hortofrutícolas del Norte (PROHONOR) hizo un llamado a la unidad entre los diversos usuarios de agua del estado, mientras se intensifica el debate sobre la reforma propuesta a la Ley Nacional de Aguas de México. En el foro del miércoles, la presidenta de PROHONOR, Judith Méndez León, dijo que productores, distritos de riego y consejos agrícolas han analizado de manera independiente la reforma y llegaron a preocupaciones similares sobre su impacto en los derechos de agua, la gobernanza y los procesos administrativos.
“Podemos ser usuarios indirectos que no estamos en la mesa de toma de decisiones, pero seguimos siendo afectados directamente”, dijo Méndez León. “Nuestra preocupación es la cantidad de agua disponible, los estudios técnicos detrás de los cambios y el futuro de la gobernanza del agua.”
Méndez León señaló que el foro reflejó “responsabilidad cívica”, destacando la amplia gama de intereses representados y la alarma compartida sobre los elementos clave de la reforma. Subrayó que, aunque cada región enfrenta desafíos únicos —desde zonas costeras hasta módulos de riego—, los cambios propuestos afectarían a todos los sectores.
“Todos coincidimos en los mismos puntos, pero cada grupo ha trabajado por separado”, dijo. “Lo que queremos expresar hoy es que compartimos las mismas preocupaciones, sin importar si eres de la costa o del valle.”
Méndez León indicó que el sector reconoce la intención positiva detrás de los esfuerzos para avanzar hacia una nueva ley federal de aguas alineada con el Artículo 4 de la Constitución, que garantiza el acceso al agua para uso humano. Sin embargo, advirtió que las enmiendas propuestas a la Ley Nacional de Aguas vigente contienen “puntos muy importantes” que podrían socavar los sistemas de administración del agua establecidos desde hace décadas.
Lo más significativo, dijo, es que el gobierno federal busca convertirse en la única autoridad sobre los derechos de agua, revirtiendo décadas de gobernanza compartida y eliminando la capacidad de los usuarios de transferir o ceder derechos de agua entre particulares.
También expresó preocupación por los derechos de herencia. “Dicen que la gente no debe preocuparse, pero el lenguaje en la propuesta no coincide con los discursos públicos”, dijo. Bajo la propuesta, los herederos no recibirían automáticamente los títulos existentes; en cambio, se emitirían nuevos, un proceso que, según Méndez León, podría tardar años. “Hay un periodo de vulnerabilidad en el que no sabemos cuánto tardará el gobierno en responder”, agregó, señalando que los retrasos administrativos actuales para los títulos de agua a menudo alcanzan los cinco años.
Méndez León agregó que la reforma introduce nuevas sanciones y otros cambios importantes que el gobierno pretende aprobar “en las próximas semanas”. Dijo que PROHONOR y otros grupos de usuarios de agua han identificado diez puntos críticos dentro de la reforma que podrían afectar a todos los sectores productivos, directa o indirectamente.
“Queremos que todos los sectores del estado sean vistos como unidos”, dijo. “No se trata de ser un pequeño agricultor, un productor hortofrutícola o alguien con un pozo profundo. Todos estamos preocupados por los mismos temas.”
Indicó que el análisis colectivo producido en el foro se enviará al Congreso como declaración formal de las expectativas del sector para proteger los derechos de agua.
“No estamos aquí para adoptar una postura negativa, sino proactiva”, dijo Méndez León. “Queremos que todos los usuarios sean escuchados y queremos una explicación clara de cómo funcionará esta transición.”
Hablando en el foro regional, Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, dijo que la reforma propuesta podría socavar décadas de progreso en el uso eficiente del agua y generar cargas adicionales para las comunidades costeras y agrícolas.
“Estamos aquí para contribuir desde la región costera y aportar nuestro granito de arena a este esfuerzo para defender el recurso más importante que tenemos en el sector agrícola: el agua”, dijo Solorio Meza. “Ese vínculo esencial entre agua y agricultura ha sostenido generaciones, incluidas cuatro en mi propia familia.”
Representando la zona costera, Solorio Meza señaló que la región concentra aproximadamente el 80 por ciento de la agricultura organizada y genera decenas de miles de empleos. Afirmó que los productores costeros se han convertido en ejemplos nacionales y mundiales de eficiencia en el uso del agua, midiendo la rentabilidad no por hectáreas sino por litros de agua usados por kilogramo de producción.
“Hemos dado al agua el valor que merece”, dijo. “La región costera ha sido un referente mundial en eficiencia hídrica, especialmente con lluvias anuales tan limitadas.”
Solorio Meza señaló que, aunque los valles y las zonas costeras operan bajo “dos realidades completamente diferentes”, los productores de todo el estado comparten preocupaciones sobre elementos clave de la reforma, incluida la transferencia de derechos de agua, la reubicación de pozos y los retrasos administrativos, que calificó de “paralizantes”.
“En la zona costera, donde prácticamente nunca llueve, dependemos de la reubicación de pozos y del acceso a nuevas fuentes para mantener nuestras operaciones”, dijo. “Pero estos procesos llevan años. Tenemos trámites para pozos costeros y tomas directas al mar que llevan seis años pendientes, con reglas que siguen sin estar claras.”
Agregó que los productores deben cumplir con las nuevas regulaciones impuestas por las autoridades federales, pero carecen de un mecanismo para exigir respuestas oportunas del gobierno. “Tenemos una autoridad que establece las reglas, pero no resuelve”, dijo.
Solorio Meza también destacó los graves desafíos hídricos que enfrentan las comunidades de San Quintín, donde, según él, los residentes pagan “los costos de agua más altos del mundo” y dependen de sistemas de racionamiento que no satisfacen necesidades básicas. A pesar de que los salarios en la región superan los promedios nacionales, dijo que muchas familias todavía no pueden acceder a agua adecuada.
“El gobierno necesita un nuevo marco normativo que aplique reglas justas y claras para que podamos dotar de agua a las comunidades”, dijo Solorio Meza. “Debemos dejar de ver a los agricultores como explotadores del agua, cuando son ellos quienes han invertido y realizado los ajustes necesarios simplemente para sobrevivir.”
Concluyó llamando a estudios técnicos, análisis transparentes y cooperación con las autoridades para garantizar que cualquier reforma refleje la compleja realidad hídrica del estado. “Necesitamos un plan basado en lo que realmente requerimos”, dijo, “y debemos luchar para que estos esfuerzos se traduzcan en soluciones reales.”
El Dr. Jorge Ramírez, jefe del Centro de Investigación del Agua de la UABC, dijo que las universidades tienen la responsabilidad de apoyar a la sociedad contribuyendo con investigación y orientación técnica.
“Nuestro objetivo como académicos es mirar hacia la comunidad y pensar en cómo podemos apoyar el desarrollo”, dijo Ramírez. Señaló que el Centro de Investigación del Agua de la UABC reúne especialistas en agricultura, ingeniería, ciencias sociales y educación para dirigir la investigación “hacia las necesidades de la población.”
Ramírez dijo que la Ley General de Aguas propuesta incluye elementos positivos, particularmente el reconocimiento del derecho humano al agua, la participación comunitaria y la importancia de la cultura del agua en regiones con escasez. “Son puntos fundamentales y estamos totalmente de acuerdo”, dijo.
Sin embargo, advirtió que los cambios propuestos a la Ley Nacional de Aguas vigente no modernizan estructuras clave que deberían reflejar la realidad actual. “Hemos visto cambios importantes en el uso y la disponibilidad del agua en los últimos 30 años”, dijo. “Esperaríamos que la ley nos ayudara a ser más productivos y más eficientes.”
Ramírez criticó la falta de actualizaciones en el capítulo de participación ciudadana, específicamente en la estructura de los Consejos de Cuenca, que dijo sigue igual que hace tres décadas. “El Consejo de Cuenca reunía a todos los sectores para discutir los problemas del agua y alcanzar acuerdos”, dijo. “Pero incluso hoy, la Comisión Nacional del Agua no está obligada a acatar esos acuerdos.”
Dijo que una reforma significativa debería garantizar que el consenso regional se integre en la política nacional del agua.
