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-Editorial
Una propuesta para imponer una tarifa de US$100,000 a las visas H-1B, que entraría en vigor en 2026, está generando amplia preocupación entre profesionales extranjeros y empleadores en Estados Unidos. La medida no solo aumentaría significativamente los costos de los procesos migratorios, sino que también podría transformar la forma en que las empresas y los trabajadores calificados planifican su futuro profesional.
La barrera económica podría hacer inalcanzable el sueño de trabajar en Estados Unidos para miles de profesionales. Además de los gastos de reubicación y los honorarios legales, este costo sin precedentes limitaría las oportunidades para quienes no cuenten con un respaldo financiero sólido.
Si bien las grandes corporaciones podrían absorber el aumento, las pequeñas y medianas empresas tendrían dificultades para patrocinar talento extranjero, reduciendo la diversidad laboral y concentrando las oportunidades en unos pocos actores principales. Analistas también advierten que la elevada tarifa podría intensificar la competencia por el número limitado de visas emitidas anualmente, haciendo el proceso aún más selectivo.
La propuesta también podría tener efectos migratorios secundarios, ya que algunos trabajadores extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos podrían acelerar su camino hacia la residencia permanente para evitar depender del programa H-1B.
Aún existen alternativas disponibles para los trabajadores calificados que buscan oportunidades en Estados Unidos. Entre ellas se incluyen las visas O-1, para personas con habilidades extraordinarias, o las visas L, para transferencias dentro de una misma empresa. Quienes ya poseen una visa H-1B activa son alentados a tramitar renovaciones antes de que entre en vigor la nueva tarifa, mientras que otros podrían considerar ajustar su estatus migratorio hacia la residencia permanente.
Los expertos destacan la importancia de la preparación anticipada y la asesoría legal para enfrentar el próximo cambio de política.
“La tarifa propuesta representa mucho más que un costo económico: es un desafío estructural tanto para los profesionales como para las empresas,” señaló el abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas, fundador de Benme Legal en Miami. “Contar con una estrategia legal clara es esencial para lograr el objetivo de trabajar en Estados Unidos.”