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-Editorial
La redistribución de distritos en Estados Unidos se realiza, por norma general, una vez por década tras el Censo. Durante este proceso, los mapas de los distritos congresionales se redibujan para reflejar los cambios demográficos.
Este año, la disputa se intensificó cuando Texas anunció su intención de modificar nuevamente sus mapas, aparentemente siguiendo la directriz del expresidente Donald Trump de asegurar cinco nuevos escaños republicanos en el Congreso. Otros cinco estados gobernados por republicanos consideran adoptar medidas similares. En respuesta, California declaró que activará “mapas de contingencia” que otorgarían mayor representación a los demócratas, en caso de que alguno de esos estados logre consolidar sus planes de redistribución.
En una sesión informativa reciente, especialistas analizaron el proceso de redistritación, sus posibles impactos y la preocupación de que los votos de comunidades minoritarias puedan verse diluidos como resultado de estas maniobras.
El líder demócrata en la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, advirtió sobre los intentos republicanos de redibujar los mapas legislativos fuera del ciclo censal ordinario. Según Wu, estas acciones buscan afianzar el poder político y debilitar a las comunidades minoritarias que han ganado influencia en los últimos años. También vinculó la ofensiva republicana con los problemas económicos actuales —aumento de precios, pérdida de empleos y disminución del turismo—, argumentando que estas políticas, sumadas a la manipulación del proceso de redistritación, erosionan la rendición de cuentas y alejan a los líderes de las necesidades de sus electores.
Wu señaló que las comunidades latinas y otras minorías en Houston, el sur de Texas y Dallas están siendo blanco de una estrategia más amplia para reducir su fuerza política. Calificó la situación como una grave amenaza a la representación democrática e instó a las comunidades a tomar conciencia de lo que está en juego.
Por su parte, Thomas Saenz, presidente y consejero general del Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), advirtió que la nueva propuesta de Texas reduciría aún más el poder de voto latino y enfrentará retos legales. Recordó que el mapa adoptado en 2021 ya había sido diseñado para maximizar las ventajas republicanas dentro de los límites de la Ley de Derecho al Voto. El nuevo intento, señaló, excede esos límites y constituye una violación de la normativa federal.
De acuerdo con Saenz, desde el Censo de 2020 las comunidades latinas y de color en Texas han crecido a un ritmo mayor que la población blanca, lo que ha generado presión sobre legisladores empeñados en mantener el control político. Sin embargo, los nuevos mapas propuestos reconstruyen distritos de forma que debilitan la fuerza del voto latino, manteniendo el mismo número de distritos mayoritariamente hispanos, pero recurriendo a tácticas de “concentración y fragmentación” para limitar su capacidad de elegir candidatos de su preferencia.
Saenz también criticó la orientación de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hacia los funcionarios texanos, señalando que su interpretación de la Ley de Derecho al Voto tergiversa la norma y encubre cambios que socavan la representación de las minorías. Destacó además la contradicción del estado, que en el pasado defendió que sus mapas se trazaban sin considerar criterios raciales, mientras que ahora se apoya en argumentos de manipulación racial para justificar la redistritación.
MALDEF ha participado en múltiples litigios contra los mapas de Texas a lo largo de las décadas, y Saenz confirmó que ya se prepara una nueva demanda contra este plan. Un panel de tres jueces que supervisa el caso de los mapas de 2021 celebrará pronto una audiencia para decidir si bloquea la entrada en vigor de la nueva redistribución antes de las elecciones de 2026.
El resultado del caso será especialmente relevante, ya que otros estados han señalado que podrían seguir el ejemplo de Texas e impulsar cambios en los mapas congresionales antes del próximo censo.