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-Editorial
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su administración presentará una solicitud formal de registros relacionada con el uso reciente que hizo el presidente Donald Trump de fuerzas del orden federales y personal militar en California. La petición sigue a reportes que señalan que decenas de agentes federales fueron desplegados cerca del Democracy Center en Los Ángeles el 14 de agosto, durante un evento en el que funcionarios estatales y federales se reunieron para anunciar esfuerzos destinados a impugnar la manera en que la administración estaba manejando las próximas elecciones intermedias. Según la oficina del gobernador, la acción parecía tener la intención de intimidar a los opositores políticos.
En una declaración, Newsom condenó el despliegue, calificándolo como un uso indebido y peligroso de los recursos federales. “El uso del ejército y de las fuerzas del orden federales por parte de Trump para intentar intimidar a sus oponentes políticos es otro paso peligroso hacia el autoritarismo”, señaló. “No retrocederemos en la defensa de la libertad democrática, y la administración Trump debe rendir cuentas por esta conducta”. La solicitud incluye documentos, comunicaciones y registros que detallen la decisión de la administración, así como cualquier coordinación con Fox News, medio que habría incrustado a un reportero con agentes de inmigración durante la operación.
Esta es la segunda petición presentada bajo la Ley de Libertad de Información por parte de la administración de Newsom en las últimas semanas. El 6 de agosto, la oficina del gobernador solicitó registros para determinar el costo total de la orden emitida en junio por Trump para federalizar a la Guardia Nacional de California y activar a infantes de marina estadounidenses en Los Ángeles. Funcionarios del Pentágono han declarado ante el Congreso que el despliegue costará aproximadamente 134 millones de dólares. La oficina del gobernador señaló que esta información es esencial para evaluar la legalidad y el impacto fiscal de las acciones de la administración.
En junio de 2025, el presidente Trump ordenó la federalización de hasta 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California y desplegó aproximadamente 700 infantes de marina en Los Ángeles en medio de crecientes protestas vinculadas a la aplicación de las leyes de inmigración. La medida, ejecutada sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, marcó la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado fue puesta bajo control federal en contra de la voluntad de su gobernador. La administración Trump defendió la decisión, argumentando que era necesaria para proteger instalaciones y personal federal bajo una disposición legal que lo permite en casos de disturbios.
Los líderes de California impugnaron rápidamente el despliegue, argumentando que violaba la Ley Posse Comitatus, la cual restringe el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. Los funcionarios presentaron evidencia de que tropas federales participaron en bloqueos, seguridad perimetral y operaciones relacionadas con la aplicación de leyes de inmigración, actividades que los líderes estatales afirmaron excedían la autoridad presidencial. Un tribunal federal inicialmente falló a favor de California y ordenó que el mando regresara al gobernador, pero una corte de apelaciones posteriormente permitió que el control federal continuara mientras se llevaba a cabo una revisión legal más amplia.
En los últimos seis meses, la disputa ha evolucionado en una batalla legal de alto perfil que pone a prueba los límites del poder presidencial. El juicio en curso determinará si las acciones de Trump fueron legales o si representaron una extralimitación inconstitucional en la autoridad estatal. El caso ha atraído la atención nacional, con críticos que advierten sobre el precedente que podrían sentar estos despliegues y defensores que sostienen que eran necesarios para mantener el orden en medio de disturbios. El resultado se espera que tenga implicaciones duraderas en las relaciones entre el gobierno federal y los estados, así como en el papel del ejército en asuntos internos.