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-Editorial
El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión crucial con una votación de 6–3 que limita el poder de los tribunales inferiores para dictar medidas cautelares de alcance nacional, una resolución con amplias repercusiones para la autoridad federal y la política migratoria. Aunque el fallo no aborda directamente la constitucionalidad de la orden ejecutiva del expresidente Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, permite que partes de dicha orden entren en vigor en regiones donde no existen bloqueos legales vigentes.
La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, concluyó que los tribunales inferiores excedieron su autoridad al emitir interdicciones universales que aplican a todos los estados, incluso en casos presentados por un número limitado de demandantes. La Corte enfatizó que los jueces federales deben limitar sus decisiones a las partes involucradas directamente y abstenerse de frenar políticas en todo el país con resoluciones generalizadas. Esta decisión redefine significativamente cómo pueden hacerse cumplir los desafíos legales a políticas federales en el futuro.
Aunque la Corte no dictaminó si la Orden Ejecutiva 14160 de Trump, que busca negar la ciudadanía por nacimiento a ciertos niños nacidos en EE. UU., viola la Constitución, sí señaló que la medida cautelar previa que detenía su aplicación era excesiva. El fallo otorga un plazo de 30 días antes de que la orden pueda entrar en vigor, dando tiempo a los demandantes para solicitar el estatus de demanda colectiva u otro tipo de alivio legal más específico.
Los defensores de la orden ejecutiva argumentan que la decisión restablece el equilibrio entre los poderes judicial y ejecutivo. Consideran que es un freno necesario contra jueces de tribunales inferiores que, afirman, han utilizado medidas cautelares nacionales para obstaculizar la autoridad presidencial y la implementación de políticas. La administración Trump y sus aliados celebraron el fallo como una victoria para el poder ejecutivo.
Sin embargo, los jueces liberales de la Corte expresaron una fuerte oposición. En una disidencia contundente, la jueza Sonia Sotomayor criticó a la mayoría por, en su opinión, poner en riesgo las protecciones constitucionales. Advirtió que al restringir la capacidad de los tribunales para bloquear completamente acciones inconstitucionales, el fallo podría permitir daños generalizados antes de que las políticas sean efectivamente impugnadas. “Cuando el gobierno actúa de manera ilegal, los tribunales deben poder detenerlo—no solo para unos pocos, sino para todos”, escribió Sotomayor.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, condenó rápidamente el fallo, calificándolo como “un precedente peligroso que amenaza los derechos de incontables estadounidenses y debilita la capacidad del poder judicial para actuar como contrapeso frente a los excesos del poder ejecutivo.” En una declaración pública, Bonta reafirmó el compromiso de California con la protección del derecho a la ciudadanía por nacimiento, advirtiendo que “la aplicación fragmentada de una política tan extrema pone en peligro a niños vulnerables y socava normas constitucionales que han perdurado por generaciones.” Prometió seguir luchando en los tribunales para garantizar que todo niño nacido en suelo estadounidense sea tratado con igualdad ante la ley.
La decisión también pone en evidencia la incertidumbre persistente sobre el futuro de la ciudadanía por nacimiento. Según la Enmienda 14, cualquier persona nacida en territorio estadounidense recibe la ciudadanía, un precedente que se ha mantenido durante más de un siglo. La orden de Trump intenta desafiar esa interpretación al enfocarse en los hijos de inmigrantes indocumentados. Los críticos argumentan que esto representa un ataque directo a las garantías constitucionales y podría tener consecuencias profundas para millones de familias estadounidenses.
Desde una perspectiva práctica, la decisión implica que la orden ejecutiva de Trump podría entrar en vigor en zonas donde ya no rigen interdicciones, a menos que se consigan nuevas protecciones legales. Se espera que los demandantes busquen ahora convertir el caso en demanda colectiva para garantizar protecciones más amplias. Mientras tanto, los tribunales inferiores deberán reconsiderar los bloqueos actuales y evaluar si un alivio más limitado es suficiente.
El fallo de la Corte Suprema pone de manifiesto una división ideológica más amplia no solo dentro del poder judicial, sino también en todo el país. Mientras que los conservadores ven la decisión como una corrección del exceso judicial, los progresistas temen que signifique una peligrosa erosión de las protecciones para las poblaciones vulnerables. Por ahora, el tema sigue sin resolverse, y es probable que futuros litigios vuelvan a plantear el núcleo constitucional de la ciudadanía por nacimiento.
Con el inicio del plazo de 30 días, organizaciones de derechos civiles, defensores de los inmigrantes y fiscales generales estatales ya se están movilizando para proteger los derechos de quienes podrían verse afectados. Lo que ocurra a continuación probablemente dará forma a futuras batallas legales—y al debate político—de cara a las elecciones de 2026. Aunque la Corte Suprema no resolvió la cuestión constitucional de fondo, su decisión ya ha cambiado el panorama legal y político en el que se desarrollará esa discusión.