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-Editorial
Mientras Estados Unidos lidia con brotes crecientes de enfermedades prevenibles por vacunación, expertos en salud pública advierten sobre el acceso cada vez más limitado a las vacunas contra el COVID-19 y el futuro incierto de una iniciativa global clave contra el VIH/SIDA. Estos acontecimientos surgen en un momento en que la confianza en las vacunas se debilita y los logros históricos en salud pública corren peligro.
Enfermedades que alguna vez se consideraron bajo control en EE.UU., como el sarampión y la tos ferina, están resurgiendo en varios estados. Autoridades de salud atribuyen esta tendencia al aumento de la vacilación hacia las vacunas y a la interrupción de programas de inmunización tanto en el país como en el extranjero.
El Dr. William Schaffner, profesor de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, señaló que décadas de campañas de vacunación lograron reducir enfermedades como la polio, la difteria y el tétanos neonatal. Sin embargo, advirtió que ese éxito también ha generado complacencia.
“Cuando una enfermedad deja de temerse o incluso de recordarse, la vacuna que la previene pierde valor ante los ojos del público”, dijo Schaffner en una rueda de prensa reciente. Esta percepción, advirtió, ha llevado a una disminución en las tasas de vacunación y al resurgimiento de enfermedades peligrosas.
Uno de los brotes más graves ha ocurrido en una comunidad menonita conservadora en el oeste de Texas, donde se han reportado más de 1,000 casos de sarampión. A pesar de no tener objeciones religiosas a las vacunas, la comunidad evita la medicina moderna, lo que la dejó vulnerable. Varios niños han sido hospitalizados con complicaciones, y se han confirmado tres muertes.
La tendencia no se limita a poblaciones rurales o aisladas. Schaffner señaló que incluso familias de clase media y con alto nivel educativo están evitando las vacunas rutinarias por desconfianza hacia las instituciones de salud pública o por preferir estilos de vida “naturales”. Estas decisiones, dijo, ponen en riesgo a poblaciones vulnerables, especialmente ante los recortes a Medicaid y programas de salud infantil que podrían reducir aún más el acceso a la vacunación.
“Las vacunas son uno de los mayores logros de salud pública de nuestro tiempo —pero sólo funcionan si la gente se las aplica”, enfatizó Schaffner.
A esta preocupación se suma un cambio significativo en las directrices federales sobre las vacunas contra el COVID-19. El Dr. Peter Chin-Hong, profesor en la Universidad de California en San Francisco, criticó la implementación de nuevos protocolos que limitarán drásticamente el acceso a la vacuna en la temporada de otoño.
Según las nuevas recomendaciones, las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles principalmente para personas mayores de 65 años o para menores con comorbilidades específicas —aunque aún no se han definido los criterios exactos. Chin-Hong expresó su preocupación de que esta guía excluye a personas embarazadas saludables, niños pequeños y trabajadores de la salud en la primera línea.
“Son grupos en riesgo de enfermedad grave o de transmitir el virus”, dijo Chin-Hong. “Al reducir la elegibilidad, estamos eliminando capas clave de protección”.
Los cambios no se anunciaron por canales científicos oficiales, sino mediante un breve video en redes sociales publicado por figuras políticas como el candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. y el médico Marty Makary. Chin-Hong criticó este enfoque por carecer de transparencia y socavar la comunicación científica.
“La gente está confundida. Las farmacias y doctores no saben qué guía seguir”, afirmó. “Estamos viendo una menor aceptación de la vacuna como resultado”.
Chin-Hong también refutó las críticas sobre la supuesta innecesidad de los refuerzos contra el COVID-19. “Los datos del mundo real muestran que la inmunidad disminuye, especialmente en adultos mayores. Los refuerzos salvan vidas”, afirmó.
Mientras tanto, el destino del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) permanece incierto. Este programa global de salud, al que se atribuye haber salvado más de 25 millones de vidas desde 2003, se encuentra bajo presión tras una pausa de 90 días en la ayuda extranjera impuesta por la actual administración.
El Dr. Jirair Ratevosian, investigador asociado en la Universidad de Yale y exasesor de políticas, advirtió que las consecuencias de esta pausa ya se están sintiendo en los países socios. Clínicas están cerrando, los tratamientos se interrumpen y los programas de prevención se están reduciendo.
“El tratamiento sólo funciona si es continuo”, dijo Ratevosian. “Cuando las personas interrumpen la terapia, la carga viral aumenta, se incrementa la transmisión y las vidas están en riesgo”.
Su equipo estima que el retraso en la financiación podría resultar en hasta 100,000 muertes prevenibles en un solo año. Proyecciones adicionales sugieren que, si el programa finaliza, podrían ocurrir 11 millones de nuevas infecciones por VIH y 3 millones de muertes adicionales para 2030.
La autorización legislativa de PEPFAR expiró en marzo, dejando al programa vulnerable a manipulaciones políticas. Aunque históricamente ha contado con apoyo bipartidista, ahora se encuentra estancado en un ambiente legislativo profundamente dividido.
“Sabemos qué funciona”, dijo Ratevosian. “Tenemos las herramientas —una pastilla diaria que salva vidas y detiene la transmisión. Pero sólo funciona si la entregamos. Los retrasos cuestan vidas. El silencio cuesta vidas.”
Los expertos llaman a un liderazgo más firme y a políticas basadas en evidencia científica. Advierten que, sin acción, los avances recientes en el control de enfermedades infecciosas podrían deshacerse.
“La salud pública no funciona en piloto automático”, concluyó Schaffner. “Requiere inversión, confianza y vigilancia. No podemos permitirnos perder lo que hemos construido.”