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-Editorial
Una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se tornó tensa el 21 de mayo tras las preguntas de periodistas sobre la decisión de Estados Unidos de admitir a sudafricanos blancos como refugiados.
Lo que comenzó como un intercambio diplomático rutinario escaló rápidamente cuando Trump reiteró afirmaciones sobre un supuesto “genocidio” contra los sudafricanos blancos, declaraciones que Ramaphosa cuestionó enérgicamente y que han sido ampliamente rechazadas por funcionarios sudafricanos y observadores internacionales.
El intercambio representa un nuevo punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica, que se han visto tensadas en los últimos meses a raíz de comentarios de Trump y del empresario tecnológico Elon Musk, ambos acusando al gobierno sudafricano de discriminar a ciudadanos blancos mediante políticas de reforma agraria y supuesta discriminación racial.
Durante la reunión en la Oficina Oval, Trump presentó un montaje de video con declaraciones controvertidas y clips noticiosos que mostraban violencia contra agricultores blancos en Sudáfrica. Ramaphosa respondió enfatizando que las personas mostradas pertenecían a partidos políticos marginales y no representaban la política oficial del gobierno. Posteriormente, el ministro de Agricultura de Sudáfrica aclaró que los comentarios incluidos en el montaje no estaban alineados con la coalición gobernante del país ni con su postura oficial.
En respuesta, la Casa Blanca emitió un comunicado defendiendo las declaraciones de Trump. El comunicado describió el video como evidencia del “impactante trato” hacia los agricultores blancos y reiteró el apoyo a concederles estatus de refugiados. También citó varios informes de medios sobre ataques violentos a agricultores y retórica política polémica en Sudáfrica, incluyendo cánticos como “¡Maten al bóer!”, que han provocado reacciones negativas a nivel internacional.
La controversia gira en torno a la reciente promulgación de la Ley de Expropiación N.º 13 de 2024 en Sudáfrica, la cual permite la confiscación de tierras sin compensación en casos que se consideren “justos, equitativos y de interés público”. Críticos —entre ellos Trump— argumentan que esta ley afecta de manera injusta a los propietarios de tierras blancos, especialmente a los de origen afrikáner. Las autoridades sudafricanas sostienen que la ley es un paso necesario para abordar desigualdades históricas derivadas de la propiedad de tierras en la época del apartheid.
Mediante una orden ejecutiva presidencial emitida el 7 de febrero, Trump delineó una política para suspender la ayuda exterior de EE. UU. a Sudáfrica y priorizar el reasentamiento de refugiados afrikáners. La orden instruye a agencias federales, incluida USAID, a detener la asistencia, y encarga a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional desarrollar un plan para admitir a afrikáners que huyen de presunta discriminación racial.
La orden también cita recientes acciones de política exterior de Sudáfrica, incluyendo sus acusaciones de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y su acercamiento con Irán, como justificación para reevaluar el compromiso de EE. UU. con ese país.
El gobierno sudafricano aún no ha respondido formalmente a la orden ejecutiva. Sin embargo, analistas políticos advierten que esta medida podría profundizar las fracturas diplomáticas y dificultar la cooperación futura entre ambas naciones.
Organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales han pedido un enfoque más matizado, instando a ambos gobiernos a evitar una retórica incendiaria y trabajar hacia un diálogo constructivo sobre temas de raza, reforma agraria y política de refugiados.