Related Articles
-Editorial
En un discurso el lunes en Austin conmemorando el 60º aniversario de la Ley de Derechos Civiles, el presidente Joe Biden pidió reformas amplias para la Corte Suprema de EE.UU., criticando decisiones recientes que, según él, han otorgado a los presidentes una amplia inmunidad frente a la persecución penal.
Biden describió esta inmunidad como si hiciera a un presidente “un rey ante la ley”, y la condenó como un “principio fundamentalmente defectuoso y peligroso”. Relacionó este problema con una serie de fallos recientes de la Corte Suprema, incluidos aquellos que socavan la Ley de Derechos Electorales y revocan Roe v. Wade, que, según él, contrastan de manera tajante con el progreso en derechos civiles del pasado.
“El extremismo está socavando la confianza pública en las decisiones de la Corte,” dijo Biden. Añadió, “Podemos y debemos prevenir el abuso del poder presidencial y restaurar la fe en la Corte Suprema.”
El presidente Biden ha propuesto una enmienda constitucional para terminar con la inmunidad presidencial por delitos cometidos mientras está en el cargo. Esta enmienda, conocida como la Enmienda Nadie Está Por Encima de la Ley, tiene como objetivo asegurar que ningún presidente esté por encima de la ley o sea inmune a la persecución penal federal. Dejaría claro que la Constitución no proporciona inmunidad contra la acusación, juicio, condena o sentencia por delitos cometidos durante el servicio como presidente.
Además, Biden ha llamado a establecer límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema, similares a los establecidos para la presidencia hace más de 75 años. Su propuesta incluye nombrar a un nuevo juez cada dos años por un período de dieciocho años. Este cambio pretende promover cambios regulares en la membresía de la Corte, hacer el proceso de nominación más predecible y mitigar el riesgo de influencia indebida por parte de una sola presidencia.
Asimismo, Biden ha instado al Congreso a establecer un código de conducta vinculante para la Corte Suprema. Este código impondría reglas éticas que requieren que los jueces revelen regalos, se abstengan de actividades políticas públicas y se inhiban de casos que impliquen conflictos de interés financieros u otros. Esta propuesta tiene como objetivo alinear a los jueces de la Corte Suprema con los estándares éticos que se aplican a otros jueces federales.
El presidente Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, expresó su deseo de colaborar con el Congreso y el pueblo estadounidense para proteger las instituciones democráticas. También agradeció a la Comisión Presidencial sobre la Corte Suprema por su análisis de las propuestas de reforma y se comprometió a continuar con los esfuerzos para asegurar que impere el estado de derecho y se mantengan los principios democráticos.
El informe final, sometido al presidente Biden el 7 de diciembre de 2021, con aprobación unánime, revisó la historia y la importancia legal de diversas cuestiones de la Corte Suprema pero no apoyó cambios estructurales. Aunque fue generalmente favorable a permitir cámaras de televisión en la sala del tribunal, no abordó los límites de mandato ni la expansión de la Corte. Biden no había solicitado recomendaciones a la comisión y no se comprometió a un cronograma específico para revisar el informe, lo que llevó a críticas de que no se pretendía seriamente mejorar la institución. Algunos miembros progresistas de la comisión indicaron que su aprobación fue para someter el informe a Biden, no para mantener el statu quo. A partir de 2024, no se han resultado reformas legales de la comisión.