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-Editorial
Una legislación federal bipartidista permitiría a las organizaciones de noticias negociar conjuntamente una compensación justa por el acceso a su contenido por parte de Google, Facebook y otras plataformas dominantes.
Los senadores estadounidenses Amy Klobuchar (D-MN), presidenta del Subcomité Judicial del Senado sobre Política de Competencia, Antimonopolio y Derechos del Consumidor, y John Kennedy (R-LA) reintrodujeron la Ley de Preservación y Competencia del Periodismo, su legislación bipartidista para abordar las plataformas en línea dominantes poder sobre las organizaciones de noticias. En el Congreso pasado, la Ley de Preservación y Competencia del Periodismo fue aprobada por el Comité Judicial del Senado por un fuerte voto bipartidista de 15 a 7.
“Como hija de un periodista, comprendo de primera mano el papel vital que desempeña una prensa libre en el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero las noticias locales se enfrentan a una crisis existencial, desde la caída de los ingresos por publicidad y el cierre de redacciones en todo el país hasta herramientas de inteligencia artificial que se apoderan del contenido. Para preservar un periodismo fuerte e independiente, las organizaciones de noticias deben poder negociar en igualdad de condiciones con las plataformas en línea que dominan la distribución de noticias y la publicidad digital”, dijo Klobuchar. “Nuestra legislación bipartidista garantiza que los medios de comunicación puedan unirse y negociar una compensación justa con las grandes empresas tecnológicas que se benefician de su contenido informativo, permitiendo a los periodistas continuar con su trabajo crítico”.
Este proyecto de ley establece un proceso a través del cual ciertos proveedores de noticias digitales o de radiodifusión pueden negociar colectivamente con plataformas en línea cubiertas (por ejemplo, empresas de redes sociales) con respecto al uso del contenido de los proveedores de noticias por parte de las plataformas.
Específicamente, el proyecto de ley autoriza a un proveedor elegible (por ejemplo, uno con no más de 1,500 empleados de tiempo completo y emisoras de noticias fuera de la red que participan en prácticas noticiosas específicas) a formar conjuntamente una entidad con otros proveedores elegibles para negociar los precios, términos y condiciones mediante el cual determinadas plataformas en línea utilizan el contenido de los proveedores. Una plataforma cubierta es generalmente aquella que tiene al menos 50 millones de usuarios domésticos mensuales y es propiedad o está controlada por una persona con ventas o una capitalización de mercado que excede una cantidad específica o al menos mil millones de usuarios mensuales en todo el mundo.
El proyecto de ley establece requisitos relativos a la formación, gobierno, operación y terminación de la entidad de negociación conjunta. También exime de las leyes antimonopolio ciertas acciones de una entidad de negociación conjunta (por ejemplo, proveedores que niegan conjuntamente el acceso de una plataforma al contenido de los proveedores).
El proyecto de ley describe los requisitos que rigen la conducción de las negociaciones, exigiendo, por ejemplo, que las partes negocien de buena fe. Además, el proyecto de ley prevé derechos de acción privados si no se cumplen los requisitos para una negociación y establece requisitos para el arbitraje en circunstancias limitadas.
Además, la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo:
Permitir que los editores de noticias que no son emisoras exijan un arbitraje de oferta final si su negociación conjunta con una plataforma cubierta no resulta en un acuerdo después de seis meses.
Crear un puerto seguro limitado frente a las leyes antimonopolio federales y estatales para los proveedores de periodismo digital elegibles que les permita participar en negociaciones y arbitrajes conjuntos y, como parte de esas negociaciones, retener conjuntamente su contenido de una plataforma cubierta.
Prohibir la discriminación por parte de una entidad de negociación conjunta o una plataforma cubierta contra un proveedor de periodismo digital elegible en función de su tamaño o las opiniones expresadas en su contenido y proporcionar un derecho privado de acción por violaciones de esta prohibición.
Prohibir las represalias por parte de una plataforma cubierta contra proveedores de periodismo digital elegibles por participar en negociaciones conjuntas o arbitrajes y proporcionar un derecho privado de acción por violaciones de esta prohibición.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental debe estudiar el impacto de las negociaciones conjuntas, incluidos sus efectos en las noticias locales y regionales y el empleo de periodistas.
En general, las disposiciones del proyecto de ley expiran seis años después de su promulgación.