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-Editorial
El alcalde de San Diego, Todd Gloria; el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl; y la fiscal del condado de San Diego, Summer Stephan, destacaron la implementación del Proyecto de Ley 379, una nueva ley estatal destinada a fortalecer la respuesta de California contra la trata de personas con fines sexuales y la explotación sexual. La ley entrará en vigor el jueves.
La AB 379, patrocinada por Gloria y Stephan, está diseñada para trasladar la responsabilidad legal hacia las personas que compran sexo comercial, al tiempo que trata a quienes son explotados como víctimas y no como infractores. Funcionarios de la ciudad y del condado señalaron que la medida otorga a las fuerzas del orden una autoridad más clara para intervenir en actividades relacionadas con la prostitución y aborda preocupaciones sobre la calidad de vida en vecindarios afectados por la trata.
Gloria dijo que la ley busca mejorar la seguridad pública mientras refuerza un enfoque centrado en las víctimas. Indicó que la ciudad planea comenzar a implementar la medida de inmediato una vez que entre en vigor.
“La Asamblea Bill 379 le da a nuestra ciudad herramientas más sólidas e inteligentes para abordar la prostitución y la trata de personas, responsabilizando a los compradores y tratando a las personas explotadas como víctimas”, dijo el alcalde Todd Gloria. “Esta ley refleja nuestro compromiso con la seguridad pública, la calidad de vida en los vecindarios y la dignidad humana. Entra en vigor el jueves y no perderemos tiempo en implementarla aquí en San Diego”.
La fiscal del condado, Summer Stephan, dijo que la legislación representa un cambio significativo en la manera en que el sistema de justicia penal aborda la trata sexual, en particular los casos que involucran a menores.
“Comprar a niños que, por ley, no pueden consentir tener relaciones sexuales solo puede describirse como esclavitud”, dijo Stephan. “Luché durante 10 años para asegurarme de que quienes compran sexo con niños sean plenamente responsabilizados ante la ley, y finalmente ese momento ha llegado con la AB 379”.
Funcionarios indicaron que la AB 379 fue presentada en parte como respuesta a la Ley del Senado 357, firmada en 2022, que derogó el estatuto de California que criminalizaba merodear con la intención de cometer prostitución. Líderes de las fuerzas del orden han señalado que esos cambios limitaron la capacidad de los oficiales para intervenir en actividades sospechosas de trata, particularmente en espacios públicos.
El jefe de Policía, Scott Wahl, dijo que la nueva ley restablece herramientas para que los oficiales puedan intervenir cuando crean que personas intentan comprar sexo comercial, al tiempo que se prioriza la protección de las víctimas.
“La legislación anterior limitó de manera significativa nuestra capacidad para abordar la prostitución y la trata de personas. La Asamblea Bill 379 cambia eso”, dijo Wahl. “Esta ley brinda a nuestros oficiales las herramientas que necesitan para intervenir, proteger a las víctimas, en particular a los menores, y responsabilizar a los infractores. Agradecemos a nuestros líderes electos por reconocer la urgencia de este problema y apoyar una legislación que fortalece la aplicación de la ley y prioriza los servicios para las víctimas”.
Bajo la AB 379, es un delito que una persona merodee en un lugar público con la intención de comprar sexo comercial. La ley también crea un Fondo de Apoyo a Sobrevivientes, que otorgará subvenciones a organizaciones comunitarias que brindan servicios directos y alcance a víctimas de trata y explotación sexual. Además, la medida incrementa las sanciones civiles por ciertas violaciones relacionadas con la trata de personas cometidas por negocios.
Funcionarios de la ciudad dijeron que la implementación de la ley implicará la coordinación entre fuerzas del orden, fiscales y proveedores de servicios para garantizar que las acciones de cumplimiento vayan acompañadas de apoyo a las víctimas y servicios de recuperación. Añadieron que la legislación refleja un esfuerzo por equilibrar la seguridad pública, la rendición de cuentas y la protección de las personas vulnerables afectadas por la trata.
