Fallo de la Corte Suprema en derechos electorales desata batallas acerca de la redistribución de distritos en el sur de EE. UU.
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-Editorial
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 29 de abril de invalidar el mapa congresional de Luisiana que contenía dos distritos de mayoría afroamericana ha generado un renovado debate sobre los derechos electorales y la representación política en el sur del país.
El fallo debilitó las protecciones bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, una legislación federal diseñada para evitar prácticas electorales que diluyan la representación de minorías. Defensores de los derechos electorales señalaron que la decisión podría tener amplias implicaciones para los votantes afroamericanos y otras comunidades minoritarias en futuros procesos de redistribución de distritos.
Horas después del fallo, legisladores de varios estados del sur comenzaron a discutir sesiones extraordinarias de redistribución de distritos, lo que provocó preocupación entre organizaciones de derechos civiles que consideran que los nuevos mapas podrían reducir la influencia electoral de las minorías.
Mitchell Brown afirmó que los recientes acontecimientos legales han creado obstáculos importantes para abogados y organizaciones defensoras que buscan impugnar mapas electorales que, según consideran, diluyen el poder político de las comunidades de color.
Brown forma parte de la Red de Liderazgo Sureño para la Participación Electoral de los Votantes, conocida como SOLVE, un proyecto de la Coalición Sureña por la Justicia Social, con sede en Durham. Durante la discusión, Brown señaló que la reciente decisión “Calais” de la Corte Suprema de Estados Unidos ha hecho más difícil presentar demandas exitosas bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, legislación federal destinada a proteger a los votantes minoritarios de prácticas electorales y mapas distritales discriminatorios.
“Solo para poner en contexto lo que ocurre hoy, la decisión Calais salió hace un par de semanas y realmente dificulta el trabajo para abogados como yo y para los defensores de la democracia”, dijo Brown. “Hace más difícil impugnar mapas y hace más difícil que los votantes de color puedan hacer escuchar sus voces en nuestras comunidades”.
Brown afirmó que el clima político y legal actual en torno a los derechos electorales no es algo nuevo y lo describió como parte de un ciclo histórico que ocurre después de periodos de mayor participación electoral y representación política para las minorías.
“Quiero comenzar diciendo que esto no es nuevo”, dijo Brown. “Esta ha sido la línea del partido, y el juego de palabras es intencional, desde hace mucho tiempo. Cuando hay periodos de mayor participación electoral y mayores oportunidades para los votantes de color, existe un retroceso blanco que busca quitarles esos avances”.
Brown sostuvo que, aunque se invirtieron décadas en construir protecciones electorales mediante legislación federal y decisiones judiciales, fallos recientes están debilitando gradualmente esas garantías.
“Nos tomó décadas conseguir los derechos electorales y otros derechos civiles, y ahora está tomando décadas tratar de desmantelarlos”, dijo Brown.
Según Brown, una de las consecuencias más importantes del fallo es que los demandantes que impugnen mapas distritales ahora podrían tener que demostrar discriminación intencional en lugar de solamente probar efectos discriminatorios.
“Lo que hace el caso Calais es que esencialmente vuelve muy difícil probar un caso bajo la Sección 2 porque ahora tenemos que demostrar discriminación intencional”, dijo Brown.
Explicó que demostrar discriminación intencional en los tribunales puede ser complicado porque los legisladores rara vez hacen declaraciones explícitas reconociendo motivos discriminatorios.
“Se necesita evidencia contundente, básicamente que un legislador o un cuerpo legislativo diga: ‘Dibujé este mapa para privar de derechos y discriminar a votantes afroamericanos, latinos y AAPI’”, dijo Brown. “Estos legisladores y cuerpos legislativos son personas muy astutas y no van a decir en voz alta la parte silenciosa”.
Brown recordó que el Congreso modificó la Ley de Derechos Electorales en 1982 específicamente para eliminar el requisito de probar discriminación intencional en los casos bajo la Sección 2. En cambio, los tribunales podían evaluar si los mapas electorales resultaban en la dilución del voto minoritario independientemente de la intención.
“Ahora, 44 años después, esta corte ha cambiado el rumbo y básicamente le ha quitado al Congreso el poder de hacer cumplir la Enmienda 15”, dijo Brown.
Brown indicó que el fallo ya provocó respuestas rápidas de gobiernos estatales en el sur del país, donde legisladores buscan redibujar distritos congresionales y legislativos.
“Los estados se están apresurando para aprobar nuevos mapas”, dijo Brown. “Se están apresurando para cambiar distritos creados bajo la Ley de Derechos Electorales y diseñados para cumplir con esa ley”.
Añadió que algunos estados también buscan redibujar distritos por razones partidistas incluso cuando esos distritos no fueron creados originalmente bajo protecciones federales de derechos electorales.
Brown señaló que esos esfuerzos ocurren en un momento en que los defensores de derechos electorales cuentan con menos herramientas legales para impugnar planes de redistribución.
“En el pasado, cuando teníamos toda la Sección 2, cuando teníamos la Sección 5 y leyes sólidas contra la manipulación racial de distritos, contábamos con una amplia gama de herramientas para combatir la redistribución”, dijo Brown. “Ahora ya no las tenemos”.
Brown señaló a Alabama como un ejemplo clave del creciente conflicto entre la política partidista y la representación racial en los casos de redistribución de distritos.
Hizo referencia al caso Allen v. Milligan, posteriormente renombrado Merrill v. Milligan, en el que la Corte Suprema determinó en 2023 que el mapa congresional de Alabama probablemente violaba la Ley de Derechos Electorales y ordenó al estado crear un segundo distrito de oportunidad para minorías.
Según Brown, los legisladores de Alabama se resistieron a implementar el fallo, lo que provocó nuevas acciones legales. Posteriormente, un panel federal de tres jueces concluyó que el estado discriminó intencionalmente contra los votantes afroamericanos al negarse a crear un distrito adicional donde los votantes negros pudieran elegir al candidato de su preferencia.
Brown afirmó que posteriormente la Corte Suprema permitió a Alabama redibujar nuevamente sus mapas a pesar de las conclusiones del tribunal inferior.
“Alabama recibe esencialmente una hoja en blanco, aun cuando discriminó y fue encontrado culpable de discriminar contra votantes afroamericanos”, dijo Brown.
También advirtió que las batallas legales y políticas que actualmente ocurren a nivel congresional y estatal eventualmente podrían extenderse a elecciones locales.
“Nos preocupa que lo que está ocurriendo a nivel congresional y estatal termine llegando también a las elecciones locales”, dijo Brown.
Brown señaló que las organizaciones defensoras están exhortando a los residentes a monitorear de cerca los cambios propuestos por gobiernos locales, incluyendo esfuerzos para convertir elecciones no partidistas en contiendas partidistas.
“Podrían darse cambios de elecciones no partidistas a partidistas, lo que permitiría movimientos en distritos y cierto juego político con los distritos”, dijo Brown.
Como respuesta, Brown explicó que los defensores están alentando a las comunidades a involucrarse más en las discusiones de gobiernos locales y considerar sistemas electorales alternativos, incluyendo modelos de representación proporcional, como una forma de contrarrestar la manipulación partidista de distritos.
“Estamos tratando de asegurarnos de que la justicia racial siga prevaleciendo a pesar del partidismo”, dijo Brown. “El partidismo nunca debería ser la respuesta, especialmente cuando impacta a los votantes de color”.
