El Concejo Municipal de Calexico Vota en Contra de Ampliar la Aplicación del Código Municipal

-Editorial

Después de una extensa discusión sobre personal, costos y prioridades de aplicación, algunos integrantes del Concejo Municipal de Calexico consideraron que el Ayuntamiento ya enfrenta suficientes responsabilidades y votaron en contra de una recomendación de la Oficina del Abogado Municipal para comenzar a desarrollar un proceso que habría permitido al abogado municipal procesar determinadas violaciones al Código Municipal.

La propuesta no contemplaba iniciar de inmediato procesos judiciales. Su objetivo era comenzar a determinar cómo podría funcionar un sistema de este tipo, dejando por ahora la iniciativa en espera.

La propuesta planteaba que el Concejo identificara como prioritarias aquellas violaciones relacionadas con conductas graves, reiteradas o crónicas que afectaran la salud, seguridad y bienestar público. Entre los problemas mencionados durante la discusión estuvieron el grafiti, las molestias públicas, los campamentos ilegales y otros delitos menores.

La Abogada Municipal Laura Estrada explicó que el Código Municipal de Calexico ya contempla diversos mecanismos para hacer cumplir sus disposiciones, entre ellos el cumplimiento voluntario, citaciones administrativas, procesos penales, eliminación de molestias públicas, recursos civiles y recuperación de costos de aplicación.

“Recientemente, el Concejo Municipal ha identificado la necesidad de considerar un papel más claramente definido para el abogado municipal en el procesamiento de determinadas violaciones al Código Municipal”, señaló Estrada.

El tema se remonta a un punto de la agenda del Concejo del pasado 3 de junio, cuando se solicitó autorización para que el abogado municipal pudiera procesar determinadas violaciones. Aquella propuesta se enfocaba en asuntos relacionados con el cumplimiento del código y delitos menores vinculados con campamentos ilegales, intoxicación pública, eliminación de grafiti y cobro de multas derivadas de las acciones de aplicación.

De acuerdo con las recomendaciones presentadas el miércoles, la Oficina del Abogado Municipal revisaría primero el Código Municipal y las leyes estatales aplicables para determinar cuáles violaciones podrían ser procesadas por la ciudad. Posteriormente, el personal desarrollaría un proceso coordinado para remitir casos entre el Departamento de Cumplimiento del Código, el Departamento de Policía, la Oficina del Administrador Municipal y la Oficina del Abogado Municipal.

Estrada advirtió que implementar la propuesta requeriría una cantidad considerable de trabajo y podría representar costos adicionales.

“Creemos que es una gran idea, simplemente que requiere una cantidad sustancial de trabajo”, dijo Estrada, al señalar los recursos limitados de la Oficina del Abogado Municipal.

La concejal Diana Nuricumbo, quien anteriormente había planteado el tema ante el Concejo, explicó que la propuesta buscaba responder a las quejas de residentes que consideran que algunas de las ordenanzas municipales existentes no se están haciendo cumplir de manera consistente.

“¿De qué sirve tener estas ordenanzas si no se hacen cumplir?”, cuestionó Nuricumbo.

Entre las situaciones que esperaba atender mediante una aplicación más efectiva mencionó los problemas en el centro de la ciudad relacionados con intoxicación pública y campamentos ilegales, así como el grafiti que afecta distintas áreas de Calexico.

La concejal Lisa Tylenda cuestionó cómo determinaría la ciudad cuáles violaciones deberían recibir prioridad y sugirió que el Concejo podría revisar periódicamente los casos pendientes. Estrada recomendó comenzar con una categoría limitada, en lugar de intentar abordar todo el Código Municipal de manera simultánea.

“Podemos hacerlo por secciones”, dijo Estrada. “Yo recomendaría, si están de acuerdo, que comencemos con la solicitud de la concejal Nuricumbo”.

Estrada también aclaró que la intoxicación pública está regulada por la ley estatal y, por lo tanto, requeriría un proceso de aplicación distinto.

La concejal Adriana Marquez cuestionó si la ciudad contaba con suficiente personal y recursos para asumir las responsabilidades adicionales que implicaría la propuesta.

“¿Tenemos los recursos y el personal necesarios para poder hacer esto?”, preguntó Marquez.

El Administrador Municipal Benjamin Martinez respondió que la ciudad cuenta con el abogado municipal, abogados consultores y otros recursos legales. Sin embargo, explicó que mantener la mayor parte del trabajo dentro de la propia administración ayudaría a controlar los costos, aunque podría prolongar el tiempo necesario para completar el proceso.

Marquez también preguntó cómo avanzarían las presuntas violaciones a través del sistema de aplicación y si la ciudad estaba intentando avanzar antes de establecer los procedimientos necesarios.

“Mi preocupación es que estamos avanzando, como si nos estuviéramos adelantando”, dijo Marquez. “Ni siquiera tenemos un proceso”.

Estrada respondió que precisamente el establecimiento de ese proceso formaría parte del trabajo contemplado en la propuesta.

“Primero revisaríamos el Código Municipal y después nos reuniríamos con el Departamento de Policía y Cumplimiento del Código para tratar de establecer un proceso”, explicó Estrada. “Es un trabajo sustancial, pero sí, eventualmente llegaremos a ello”.

Estrada reconoció además que podría existir un impacto fiscal derivado del tiempo que dedicarían los abogados y de la posibilidad de que fuera necesario contratar asistencia legal externa. Indicó que los costos adicionales potenciales todavía no habían sido determinados.

El alcalde Victor Legaspi dijo estar de acuerdo con el concepto general, pero cuestionó si este era el momento adecuado para que la Oficina del Abogado Municipal asumiera una carga adicional de trabajo. También señaló que el Departamento de Policía ya tiene responsabilidades relacionadas con la aplicación de las leyes.

“Creo que es una buena ordenanza, pero no creo que en este momento debamos tener esto”, dijo Legaspi, haciendo referencia a la carga de trabajo actual de Estrada.

Nuricumbo cuestionó esa postura y sostuvo que no era consistente con discusiones y acciones anteriores del Concejo relacionadas con el grafiti, las condiciones del centro de la ciudad y los campamentos ilegales.

“Esta ordenanza o política se presentó debido a todas las quejas de los ciudadanos que hemos recibido”, dijo Nuricumbo.

También recordó conversaciones anteriores sobre la posible adquisición de cámaras para combatir el grafiti y señaló que Marquez había apoyado la ordenanza municipal que prohíbe acampar.

“¿Por qué querrías aprobarla si no quieres hacerla cumplir?”, cuestionó Nuricumbo.

Nuricumbo sostuvo que la posibilidad de que la ciudad iniciara procesos podría funcionar como un elemento disuasorio y aclaró que la propuesta no significaba que el abogado municipal tendría que procesar cada violación. También acusó a Legaspi de oponerse a la propuesta debido a que ella había sido quien la presentó.

Legaspi volvió a centrar la discusión en su preocupación por la carga de trabajo de la Oficina del Abogado Municipal y presentó una moción para no continuar con las recomendaciones. Marquez secundó la moción.

Durante la discusión también se escucharon objeciones de algunos integrantes del público, lo que llevó a Legaspi a pedir orden.

“Por favor, muestren algo de etiqueta”, dijo Legaspi. “También muéstrennos algo de respeto”.

Revisión del programa de licencias comerciales

Más adelante durante la reunión, el Concejo votó para instruir al personal municipal a realizar una revisión integral y modernización del programa de licencias comerciales de Calexico.

La revisión incluirá un análisis de las disposiciones existentes del Código Municipal y el desarrollo de recomendaciones que serán presentadas al Concejo para su consideración futura.

La concejal Tylenda señaló que las preocupaciones relacionadas con la carga de trabajo del personal no deberían impedir que el Concejo avance con la revisión.

Nuricumbo apoyó la medida y la calificó como un asunto importante. También expresó su esperanza de que el alcalde Legaspi y la concejal Marquez respaldaran la propuesta de Tylenda y no se opusieran a ella en función de cuál integrante del Concejo la hubiera presentado.

La revisión analizará la estructura y administración actuales del sistema de licencias comerciales de la ciudad. Cualquier cambio propuesto a las clasificaciones fiscales, tarifas o disposiciones del Código Municipal deberá regresar posteriormente al Concejo para su consideración.

El alcalde interino Calderón estuvo ausente de la reunión.