California Impugna la Política de Carga Pública de Trump Mientras Continúa la Batalla Legal

-Editorial

California y una coalición de otros estados están impugnando la nueva regla de la administración Trump sobre la carga pública (public charge), al argumentar que la mayor discrecionalidad otorgada al gobierno federal para evaluar el uso de beneficios públicos podría desalentar a las familias inmigrantes de acceder a servicios de salud, asistencia alimentaria y otros programas para los que cumplen los requisitos de elegibilidad.

El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con los fiscales generales de Nueva York e Illinois, encabeza la demanda multiestatal presentada el 14 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La coalición está integrada por 22 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien se sumó a la demanda en su calidad de funcionario público.

La demanda impugna una disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que revoca las regulaciones adoptadas en 2022 para establecer cómo los funcionarios de inmigración determinan si una persona podría convertirse en una “carga pública”. La nueva regla otorga mayor discrecionalidad a los agentes de inmigración para considerar el uso de beneficios públicos y otra información pertinente al evaluar determinadas solicitudes de admisión a Estados Unidos o de residencia permanente legal.

El DHS sostiene que el cambio busca reflejar con mayor precisión la intención del Congreso, promover la autosuficiencia y permitir que los funcionarios de inmigración consideren todas las circunstancias pertinentes al realizar una determinación de carga pública. El departamento argumentó que las regulaciones de 2022 eran demasiado restrictivas y limitaban la capacidad de los funcionarios para realizar evaluaciones individualizadas.

California y los demás demandantes sostienen que la administración excedió sus facultades conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) e infringió la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act). Por ello, solicitan al tribunal que invalide la nueva regla y las directrices federales relacionadas.

Bonta abordó la demanda durante una sesión informativa con medios de comunicación realizada el jueves, enfocada en la nueva disposición y sus posibles repercusiones para las comunidades inmigrantes.

“Durante más de un siglo, el término carga pública ha significado una persona que depende principalmente del gobierno”, afirmó Bonta.

El fiscal general argumentó que recurrir temporalmente a asistencia para alimentos, vivienda o atención médica no debería considerarse equivalente a depender principalmente del apoyo gubernamental.

Conforme a la legislación federal de inmigración, una persona que no es ciudadana estadounidense y que se determina que probablemente se convertirá en una carga pública generalmente puede ser considerada inadmisible en Estados Unidos o no elegible para obtener la residencia permanente legal, en las circunstancias contempladas por la ley. La nueva regla amplía la información que los funcionarios de inmigración pueden considerar al realizar esa determinación.

Bonta señaló que una de las principales preocupaciones de la coalición es que la nueva disposición pueda desalentar a las familias de utilizar beneficios a los que tienen derecho legalmente.

“Cuando se les dice a las familias que recibir ayuda para comprar alimentos, obtener atención médica o pagar la renta podría utilizarse en su contra en una decisión migratoria, las personas dejan de recibir la ayuda que necesitan”, expresó Bonta.

El fiscal general también manifestó su preocupación por los hogares de estatus migratorio mixto, en los que algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros no. De acuerdo con las inquietudes planteadas por funcionarios de California, la incertidumbre sobre cómo los agentes de inmigración podrían evaluar las circunstancias de cada hogar podría llevar a algunos padres a evitar inscribir a sus hijos elegibles en programas de asistencia pública.

La secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson, dijo que las autoridades estatales también están preocupadas por lo que se conoce como un “efecto disuasorio” (chilling effect), mediante el cual personas que continúan cumpliendo los requisitos para recibir beneficios deciden no solicitarlos o darse de baja por temor a posibles consecuencias para ellas o sus familiares.

Johnson señaló que California ha observado disminuciones en la inscripción y casos de baja de programas como Medi-Cal y CalFresh. Sin embargo, advirtió que esos cambios no pueden atribuirse exclusivamente a la nueva regla de carga pública, ya que otras modificaciones a las políticas federales también están afectando los requisitos de elegibilidad y la percepción de la población.

“Hemos observado una disminución y también hemos visto que personas se dan de baja. Y, nuevamente, esto se debe al temor”, afirmó Johnson.

La funcionaria enfatizó que las disposiciones sobre carga pública no se aplican de la misma manera a todos los inmigrantes. Determinadas categorías migratorias están exentas conforme a la legislación federal, y la determinación afecta principalmente a quienes solicitan admisión a Estados Unidos o un ajuste de estatus para obtener la residencia permanente legal, en las circunstancias contempladas por la ley.

Johnson exhortó a los residentes de California a no abandonar los servicios de salud, asistencia nutricional u otros programas únicamente por inquietudes relacionadas con la nueva regla, sin antes recibir orientación sobre sus circunstancias particulares.

“Antes de que una persona tome la difícil decisión de darse de baja de recursos como los servicios de salud y la asistencia alimentaria, recomendamos encarecidamente que busque orientación y consulte con un experto de confianza”, expresó Johnson.

California ha destinado recursos a servicios legales de inmigración, trabajadores comunitarios de salud, orientadores y promotoras para ayudar a los residentes a comprender los cambios en las políticas federales, explicó Johnson. Añadió que algunos programas de salud y servicios humanos son financiados exclusivamente por el estado y pueden operar bajo diferentes requisitos de elegibilidad.

Johnson señaló que los niños podrían verse particularmente afectados por la confusión en torno a las políticas de carga pública, de acuerdo con la experiencia de California ante modificaciones anteriores de esta disposición. Los padres de familias con estatus migratorio mixto podrían evitar inscribir a sus hijos elegibles en determinados programas debido al temor de posibles consecuencias migratorias.

También se plantearon inquietudes sobre la privacidad y el intercambio de información de los beneficiarios de programas públicos con agencias federales. Johnson indicó que las dependencias de California han actualizado la información disponible para explicar cómo pueden utilizarse o compartirse los datos relacionados con Medi-Cal, CalFresh y otros programas. Agregó que el estado ha impugnado por separado acciones federales relacionadas con el uso de información sobre beneficios públicos para fines de aplicación de las leyes migratorias.

La nueva regla entra en vigor mientras continúa el litigio

Un acontecimiento importante desde que se anunció la demanda es que la nueva disposición federal entró oficialmente en vigor el 18 de septiembre de 2026.

La regla, publicada en el Registro Federal (Federal Register) el 20 de julio, revoca las regulaciones de 2022 y restablece una mayor discrecionalidad para que los funcionarios de inmigración evalúen las determinaciones de carga pública. Conforme a las directrices actualizadas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), los funcionarios pueden considerar si un solicitante recibe beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos, incluidos asistencia alimentaria, apoyo para vivienda, determinados beneficios de atención médica y ayuda financiera para estudios universitarios, entre otras circunstancias pertinentes.

La política se aplica a las solicitudes de admisión y de ajuste de estatus contempladas por la disposición que se presenten a partir del 18 de septiembre. Los beneficios recibidos antes de esa fecha continúan sujetos al marco normativo anterior.

Es importante destacar que la nueva regla no descalifica automáticamente a todos los inmigrantes que reciben asistencia pública. Los funcionarios de inmigración deben considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante, incluidos su edad, estado de salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades. Recibir un beneficio específico no constituye, por sí solo, una determinación automática de que una persona representa una carga pública.

Mientras tanto, la demanda multiestatal continúa activa ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo la supervisión de la jueza federal Ronnie Abrams.

En octubre, el tribunal estableció un calendario para que las partes presenten sus argumentos mediante procedimientos de sentencia sumaria (summary judgment). El gobierno federal debía presentar el expediente administrativo del caso antes del 23 de octubre. La solicitud de sentencia sumaria de los estados está programada para el 11 de diciembre de 2026, seguida de la respuesta y la solicitud de sentencia sumaria del gobierno federal, previstas para el 29 de enero de 2027. El calendario de presentación de argumentos se extiende hasta el 12 de marzo de 2027.

Al 3 de noviembre, el tribunal no ha emitido una resolución definitiva sobre la impugnación presentada por los estados, ni ha suspendido o bloqueado la implementación de la nueva regla. Por consiguiente, la disposición permanece vigente mientras continúa el proceso judicial.

Los estados mantienen que las acciones de la administración exceden las facultades del gobierno federal y podrían obstaculizar el acceso a servicios públicos esenciales, generando dificultades adicionales para las comunidades inmigrantes y los programas estatales de salud y asistencia social.

La demanda sobre carga pública se suma a otras disputas legales entre California y el gobierno federal relacionadas con los beneficios públicos y las políticas migratorias. El Departamento de Justicia de California ha promovido diversos litigios contra políticas federales de inmigración, incluidos recursos legales relacionados con el acceso a programas públicos y el uso de información gubernamental.

Bonta ha manifestado confianza en los argumentos legales de la coalición, aunque el resultado definitivo y la duración del litigio siguen siendo inciertos.

Para los residentes de California, particularmente aquellos que forman parte de hogares con diferentes estatus migratorios, es importante distinguir entre el alcance ampliado de la nueva regla y la manera en que realmente se aplica. Johnson ha exhortado a quienes tengan dudas sobre su elegibilidad o las posibles consecuencias migratorias a consultar con profesionales calificados en derecho migratorio, en lugar de tomar decisiones basadas en información general o en el temor.

Mientras la impugnación legal avanza hacia su siguiente etapa, la cuestión central sigue siendo si el gobierno federal tiene autoridad para ampliar los criterios de evaluación de carga pública en los términos establecidos por la nueva regla y cuáles podrían ser las consecuencias de esa política para las familias inmigrantes que dependen de servicios públicos esenciales.