EE.UU. sanciona a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

-Editorial

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, alegando que utilizó su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a la organización de la intervención del gobierno y de las autoridades de seguridad en el estado.

Torres fue uno de los 21 individuos y 25 entidades sancionados el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, en una acción dirigida contra presuntos líderes, facilitadores financieros y asociados del Cártel de Sinaloa. Las designaciones también incluyeron a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como líder de la facción Los Mayos del cártel.

“Las medidas anunciadas hoy dejan claro que ningún líder de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará e interrumpirá las actividades de cualquier actor de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

El Departamento del Tesoro identificó a Torres como un operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix o “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como líder de Los Rusos, una facción de Los Mayos que opera en Baja California.

Según el Departamento del Tesoro, Torres presuntamente utilizó su influencia política para facilitar actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las autoridades de seguridad en Baja California. El departamento también señaló que la visa estadounidense de Torres fue revocada en mayo de 2025 debido a lo que describió como sus vínculos con el cártel y su trabajo en representación de la organización.

Torres ha negado las acusaciones. En un comunicado difundido después del anuncio del Tesoro, afirmó que no tenía ninguna relación con grupos criminales ni con actividades delictivas y señaló que cooperaría con cualquier investigación, solicitando que se presentaran pruebas que sustentaran las acusaciones.

El Departamento del Tesoro también sancionó al hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Las autoridades estadounidenses alegan que Mendívil recibió sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que el cártel ejerciera influencia sobre las operaciones de la Policía Municipal de Mexicali y facilitara actividades de tráfico de drogas. El Tesoro también alega que Carlos Torres recibía pagos mensuales de Mendívil, mientras que Luis Torres se encargaba de los pagos de sobornos y ayudaba a lavar recursos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.

La OFAC designó a Carlos Torres, Luis Torres, Mendívil y otras personas bajo órdenes ejecutivas dirigidas contra el tráfico ilícito de drogas y el apoyo financiero relacionado con el terrorismo. Por lo general, este tipo de sanciones bloquea los bienes y los intereses en bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohíbe determinadas transacciones con las personas y entidades designadas.

La acción más amplia del Departamento del Tesoro está dirigida contra presuntas redes del Cártel de Sinaloa que operan en Baja California y otras partes de México. De acuerdo con el departamento, las sanciones tienen como objetivo interrumpir el liderazgo del cártel, sus redes financieras y presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos que facilitan las actividades de organizaciones criminales.

Gobierno de Baja California responde

Tras el anuncio, el gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que enfatizó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Torres y no se encuentra entre las personas sancionadas por la OFAC.

El gobierno estatal señaló que el único interés que Ávila Olmeda comparte con Torres es el bienestar de su hijo. También afirmó que la gobernadora no tiene cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que sus bienes han sido declarados ante las autoridades mexicanas.

La gobernadora también instruyó a la oficina administrativa del estado a determinar si alguna de las empresas identificadas por la OFAC ha tenido contratos con el gobierno de Baja California. El estado señaló que cualquier registro relevante sería remitido a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para su revisión y las acciones correspondientes.

El gobierno estatal señaló que las personas mencionadas por la OFAC deberán atender sus respectivas situaciones directamente ante las autoridades correspondientes y que la administración estatal no hablará en su nombre.

Las acusaciones del Departamento del Tesoro siguen siendo señalamientos del gobierno de Estados Unidos y, por sí mismas, no constituyen una condena penal. Las sanciones son una medida financiera y legal del gobierno estadounidense que restringe el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y afecta bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense.

El caso permanece sujeto a una mayor investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos y México.