Supervisores del Condado Imperial Considerarán Moratoria de Centros de Datos

-Editorial

Después de más de dos horas de testimonios públicos y discusión por parte de la junta, la Junta de Supervisores del Condado de Imperial decidió no actuar sobre la propuesta original para el desarrollo de centros de datos y, en su lugar, instruyó al personal del condado y al Asesor Jurídico a regresar en la reunión del 16 de junio con una resolución para establecer un comité ad hoc integrado por diversos sectores interesados e implementar una moratoria temporal sobre los proyectos de centros de datos.

La propuesta original, presentada por la vicepresidenta de la Junta, Martha Cardenas-Singh, y la presidenta Peggy Price, buscaba establecer lineamientos a nivel condal para el futuro desarrollo de centros de datos en las áreas no incorporadas del Condado de Imperial.

La medida instruía al personal a desarrollar posibles modificaciones de uso de suelo y zonificación que requirieran una revisión discrecional por parte del condado para los proyectos de centros de datos, así como regresar con recomendaciones en un plazo de 45 días. Entre los estándares propuestos se incluían una zona de amortiguamiento de 1,000 pies respecto a viviendas, escuelas y otros sitios sensibles; evaluaciones de infraestructura e impacto ambiental; mejoras a los servicios públicos financiadas por los desarrolladores; divulgación del uso de agua; compromisos de capacitación laboral; acuerdos de beneficios comunitarios; y requisitos de desmantelamiento. El punto de la agenda establecía que la propuesta tenía como objetivo proporcionar orientación de política pública y no aprobar ningún proyecto específico.

Sin embargo, muchos consideraron que este tema representaba una falta de respeto hacia quienes se han opuesto al proyecto desde el principio. También cuestionaron por qué se estaba discutiendo precisamente el Día de la Elección.

Durante los comentarios públicos, Christopher Scurries instó a la junta a rechazar la resolución propuesta sobre los centros de datos, argumentando que no ofrecía protecciones significativas para los residentes. Scurries sostuvo que la medida parecía diseñada para facilitar futuras solicitudes de centros de datos en lugar de atender las preocupaciones de la comunidad, señalando excepciones que aún podrían permitir este tipo de proyectos bajo ciertos planes de desarrollo específicos. Pidió a la junta que adoptara una moratoria provisional para todos los desarrollos de centros de datos bajo el Código de Gobierno de California 65858, afirmando que una pausa temporal daría tiempo a funcionarios y residentes para desarrollar protecciones más sólidas. También desafió a los supervisores Martha Cardenas-Singh y Jesús Escobar a respaldar una moratoria, señalando que había llegado el momento de convertir las preocupaciones sobre estos proyectos en acciones concretas.

Jake Tison criticó durante los comentarios públicos los lineamientos propuestos para los centros de datos, cuestionando su origen y alcance e instando al condado a adoptar regulaciones más estrictas. “¿A quién están tratando de engañar? ¿De dónde sacaron los 1,000 pies? ¿Quién escribió esto? Por cierto, ¿quién redactó estos lineamientos? Nadie quiere asumir la responsabilidad”, dijo Tison.

Argumentó que los lineamientos eran insuficientes y pidió ordenanzas con fuerza legal. “Los lineamientos no son suficientes. El Condado de Imperial necesita ordenanzas exigibles, no sugerencias, listas de verificación ni promesas voluntarias de los desarrolladores”, afirmó.

Tison instó a la junta a tomar medidas más contundentes, incluyendo eliminar los centros de datos como uso permitido por derecho, exigir revisiones discrecionales y permisos de uso condicional, y requerir evaluaciones ambientales completas para todos los proyectos. “La comunidad no le está pidiendo al condado que administre mejor los centros de datos; le está pidiendo que los prohíba”, expresó.

Shelby Trimm, directora ejecutiva de la Coalición de Trabajo, Agricultura y Negocios (COLAB), manifestó su apoyo a los lineamientos propuestos. Trimm explicó que la organización representa a aproximadamente 200 empleadores del Valle Imperial en sectores como agricultura, construcción y sindicatos laborales, y señaló que muchos de sus miembros no pudieron asistir, pero habían expresado su respaldo a la medida. Indicó que el enfoque de la junta refleja un esfuerzo de “planificación proactiva” que equilibra transparencia, consistencia y responsabilidad, al tiempo que fomenta el desarrollo económico en lugar de imponer una moratoria. Trimm agregó que el Condado de Imperial tiene la oportunidad de atraer inversión y generar empleos aprovechando sus recursos energéticos existentes. Asimismo, elogió a la junta por optar por lineamientos en lugar de una moratoria y afirmó que COLAB espera colaborar con todas las partes interesadas a medida que avance el proceso.

Timothy Kelley, de la Corporación de Desarrollo Económico del Valle Imperial, señaló que la región ha pasado años intentando atraer proyectos de centros de datos y criticó lo que describió como una amplia falta de comprensión sobre la industria. “¿Cuántos de ustedes han visitado un centro de datos?”, preguntó Kelley a los supervisores, agregando que hay “muchos expertos en este edificio sobre centros de datos”, mientras cuestionaba cuánto saben realmente los críticos sobre el tema. Argumentó que gran parte de la información que se presenta es incorrecta, afirmando que “mucha de la información que continuamente se dice en este edificio es desinformación”, y enfatizó que los generadores de respaldo utilizarían gas natural y no diésel, como han sugerido algunos opositores. Kelley instó a la junta a enfocarse en los “hechos por encima del miedo”, señalando que las asignaciones regionales de agua para la industria han sido malinterpretadas y que la agricultura sigue siendo el principal consumidor de agua, mientras que los centros de datos utilizarían una cantidad comparativamente menor.

“Cuando comenzamos esta discusión, había personas viviendo cerca de un centro de datos que estaba siendo considerado, y puedo entender sus preocupaciones”, dijo Kelley. “Con el tiempo, muchos de ellos han llegado a comprender que tal vez no sea algo tan malo, pero aun así no quieren un centro de datos frente a sus casas. Ni ustedes ni yo lo querríamos. Pero yo tampoco compré una casa junto a un parque industrial”.

Kelley también señaló que los residentes dependen de la misma infraestructura digital a la que se oponen, destacando que “todos usamos centros de datos, todos usamos inteligencia artificial, estamos pagando por ello y otros están obteniendo beneficios”. Argumentó que estos proyectos generarían ingresos sustanciales para la región, calificando la instalación propuesta como “el mayor contribuyente fiscal del Condado de Imperial”, y afirmó que los procesos actuales de revisión ambiental ya incluyen salvaguardas, además de que se siguen considerando protecciones adicionales.

Singh indicó que fue ella quien trabajó en la resolución y explicó que la intención era garantizar que ningún proyecto fuera aprobado por derecho y comenzar a encaminar al condado hacia una ordenanza formal mediante un proceso público estructurado.

“Pero les diré que el espíritu de asegurar que existiera una resolución, y lo que más me preocupaba, era que ningún proyecto fuera aprobado por derecho. Ese era mi principal objetivo”, dijo Singh. Explicó que su meta era instruir al personal para que regresara con un marco de trabajo que condujera a audiencias públicas, permitiendo que residentes y partes interesadas expresaran sus opiniones antes de cualquier decisión final por parte de la junta.

Singh dijo que trabajó con otro supervisor en la redacción de la resolución y subrayó que no hubo ninguna violación de la Ley Brown, señalando que dos supervisores pueden trabajar en un documento al mismo tiempo sin generar preocupaciones sobre reuniones seriales. También indicó que no vio los lineamientos hasta que fueron publicados el viernes y agregó que, desde su perspectiva, la resolución y los lineamientos eran inicialmente documentos separados, pero posteriormente fueron fusionados debido a sus similitudes. Singh afirmó que desde entonces ha revisado los materiales y desarrollado sus propias inquietudes y comentarios tras analizarlos por primera vez.

Añadió que tiene la intención de garantizar que cualquier proyecto pase por el proceso de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y que la junta cuente con información y datos suficientes antes de tomar decisiones. También pidió incorporar a un experto de la industria de centros de datos para asesorar al condado sobre requisitos técnicos y posibles medidas de mitigación que permitan alinear los proyectos con los estándares de revisión ambiental.

Singh agregó que, aunque no se disculpa por haber impulsado la resolución, está dispuesta a ajustar el rumbo cuando sea necesario. “No me disculpo por intentar presentar una propuesta ni por no quedarme sentada sin hacer nada ante una oportunidad”, dijo. “Estoy dispuesta a cambiar, recalibrar o hacer lo que sea necesario, pero debemos asegurarnos de proteger la seguridad de nuestros residentes”.

También aclaró que, dado que la junta no se había reunido durante dos semanas, el tema no pudo discutirse antes y aseguró que no tenía ninguna relación con el Día de la Elección.

El supervisor John Hawk solicitó que el tema regresara en tres semanas, señalando el próximo viaje de la junta a Washington, D.C., y argumentando que se necesitaba más tiempo para revisarlo. Sin embargo, finalmente se instruyó que el asunto regresara para su consideración el próximo 16 de junio.