
Prohibiciones de celulares ganan impulso en las escuelas mientras estudios muestran beneficios académicos pero dudas sobre la salud mental
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-Editorial
Muchos estados han promulgado leyes que obligan a los distritos escolares a implementar prohibiciones de teléfonos celulares en las aulas de K-12. La mayoría de estas prohibiciones impide el uso de celulares durante toda la jornada escolar.
La semana pasada, un tribunal determinó que gigantes de las redes sociales como Meta y YouTube son cómplices en la creación de adicción a las redes sociales entre los jóvenes. Niños y adultos jóvenes pasan en promedio 5.5 horas al día en sus teléfonos, en gran parte impulsados por las redes sociales.
Un creciente cuerpo de investigación internacional sugiere que prohibir los celulares en las escuelas puede mejorar el rendimiento académico y el comportamiento en el aula, mientras que la evidencia sobre los efectos en la salud mental sigue siendo inconclusa, según Timothy Pressley, profesor asociado de psicología en Christopher Newport University.
Pressley señaló que los estudios existentes sobre las prohibiciones de celulares, a veces denominadas “phone bans” en la literatura académica, aún son limitados, aunque están en expansión en varios países. “Nuestro conocimiento sobre el impacto sigue creciendo y todavía necesitamos mucha más investigación”, dijo.
Los investigadores han analizado varios modelos de políticas, incluidos los vetos de “timbre a timbre”, que prohíben el uso de teléfonos durante toda la jornada escolar; las restricciones durante la instrucción, que limitan su uso en clase; y restricciones específicas para ciertos entornos, como exámenes o recreo. Algunos estados han adoptado enfoques flexibles, permitiendo a los distritos elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.
La investigación revisada por Pressley indica que las prohibiciones de celulares generalmente conducen a una mejora en el rendimiento académico, particularmente entre estudiantes con bajo desempeño y en situación de desventaja.
“La evidencia más sólida es el avance académico de esos estudiantes una vez que se implementa la prohibición”, afirmó Pressley.
Sin embargo, los resultados no siempre son inmediatos. Señaló un estudio en Florida que no mostró mejoras en el primer año de implementación, seguido de avances medibles en el segundo año.
En contraste, los estudios que analizan los efectos en la salud mental han arrojado resultados inconsistentes.
Una investigación realizada en Australia encontró una disminución del acoso escolar, pero ningún cambio medible en ansiedad o depresión. Estudios similares en el Reino Unido, Suecia y España reportaron poca o ninguna diferencia en esos aspectos.
“Es muy difícil sacar conclusiones firmes sobre los beneficios en la salud mental”, dijo Pressley, citando variaciones en la implementación de las prohibiciones y el uso continuo de celulares fuera de la escuela.
Hallazgos más consistentes han surgido en el comportamiento estudiantil y la participación en el aula. Las escuelas que implementan prohibiciones suelen reportar menos interrupciones y mayor concentración.
Pressley también señaló un estudio en la ciudad de Nueva York que encontró un aumento de aproximadamente 50% en la participación en actividades extracurriculares y eventos deportivos, lo que sugiere una mejor interacción entre compañeros.
“Los estudiantes interactuaban con mayor frecuencia y asistían para apoyarse mutuamente”, dijo.
A pesar de los posibles beneficios, las prohibiciones de celulares han generado preocupaciones entre los distintos actores.
Padres de familia han expresado inquietud sobre su capacidad para comunicarse con sus hijos durante emergencias o coordinar actividades diarias como el transporte y responsabilidades familiares.
Algunos estudiantes reportan un aumento en la ansiedad al separarse de sus teléfonos. Un estudio citado por Pressley encontró que la salud mental empeoró en ciertos casos debido a la “ansiedad por separación”.
Los estudiantes también han manifestado preocupaciones sobre la aplicación inconsistente de las reglas y la equidad en las medidas disciplinarias.
Por su parte, los docentes han señalado que los teléfonos pueden servir como herramientas de respaldo para la enseñanza cuando falla la tecnología escolar o se restringe el acceso a ciertos sitios web.
Pressley enfatizó que las políticas efectivas requieren una planificación cuidadosa y la participación de la comunidad.
Recomendó que los líderes escolares involucren a estudiantes, padres, maestros y administradores antes de adoptar una política y definan claramente su propósito, ya sea enfocado en el rendimiento académico, el comportamiento, la interacción social o la salud mental.
“Esto requerirá el compromiso de todos los maestros para aplicar la política de manera justa”, dijo Pressley.
Las escuelas también deben proporcionar capacitación y apoyo a los docentes, establecer reglas claras y excepciones, y garantizar una aplicación consistente en todas las aulas.


