Sheinbaum Propone Mover las Elecciones Judiciales de México a 2028 con Reformas a las Boletas

-Editorial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional para trasladar las próximas elecciones judiciales del país de 2027 al 4 de junio de 2028, además de introducir una serie de cambios destinados a simplificar el proceso de votación y ampliar la participación ciudadana.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de Sheinbaum en la Ciudad de México, donde representantes federales detallaron las modificaciones propuestas al sistema de elección judicial aprobado como parte de la reforma judicial más amplia del país.

Según Sheinbaum, el cambio de fecha permitiría que las elecciones judiciales coincidan con otros procesos electorales federales y locales, incluida una posible consulta de revocación de mandato presidencial si esta es solicitada conforme a la Constitución mexicana.

“Esta propuesta mueve la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028”, declaró Sheinbaum durante la conferencia. “Si hubiera revocación de mandato en 2028, se realizaría el mismo día y en la misma casilla”.

Indicó que las reformas también buscan simplificar las boletas judiciales tras los retos identificados durante el proceso electoral de 2025, facilitando que los votantes identifiquen a los candidatos y comprendan qué poder del Estado los postuló.

Bajo la propuesta, los ciudadanos emitirían sus votos para cargos judiciales en las mismas casillas utilizadas para elecciones de gubernaturas, ayuntamientos y legislaturas, evitando la necesidad de ubicaciones de votación separadas.

Sheinbaum señaló que realizar elecciones judiciales por separado en 2027 obligaría a los votantes a trasladarse entre distintas casillas para participar en múltiples elecciones el mismo día.

“Si la elección fuera en 2027, los ciudadanos tendrían que votar en una casilla para gobernador, alcaldes y legisladores, y luego trasladarse a otra para votar por el Poder Judicial”, afirmó.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, señaló que el calendario propuesto mantendría las futuras elecciones judiciales alineadas con los ciclos electorales ordinarios de 2030, 2033 y 2036, permitiendo que futuras vacantes judiciales se cubran durante años electorales regulares.

De acuerdo con el gobierno federal, las elecciones de 2028 incluirían cargos para cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de circuito y 385 jueces de distrito.

A nivel estatal, los votantes de 25 entidades federativas elegirían a 424 magistrados y 2 mil 831 jueces como parte de reformas judiciales locales alineadas con el sistema federal.

La propuesta también contempla la creación de una comisión coordinadora que estandarizaría los métodos de evaluación y criterios de elegibilidad utilizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al revisar candidaturas judiciales.

La comisión verificaría las calificaciones de los aspirantes y supervisaría un sistema de insaculación pública diseñado para reducir el número de candidatos que aparecerían en las boletas.

Bajo la estructura propuesta, la comisión seleccionaría a las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo judicial antes de reducir la lista mediante un sorteo público, manteniendo requisitos de paridad de género.

La administración también propuso simplificar las boletas permitiendo que los votantes elijan un juez y un magistrado por especialidad entre las candidaturas presentadas por cada poder del Estado.

Las boletas identificarían claramente qué poder postuló a cada candidato, incluidos jueces y magistrados en funciones que busquen la reelección.

La propuesta también requeriría que el Instituto Nacional Electoral divida el país en los distritos judiciales necesarios para garantizar una participación equitativa en las elecciones judiciales.

Las reformas adicionales establecerían capacitación y evaluaciones permanentes para jueces y magistrados mediante programas coordinados por órganos disciplinarios judiciales e instituciones de formación judicial.

Según la propuesta, los sistemas judiciales estatales también tendrían que adoptar procedimientos de evaluación estandarizados, insaculación obligatoria de candidaturas, reducción del tamaño de las boletas y revisiones de desempeño durante el primer año de servicio.

La iniciativa además plantea que el escrutinio y cómputo de votos se realicen en las mismas casillas donde se emitan los sufragios, en lugar de centros de conteo centralizados.

La administración también busca adelantar de septiembre a abril del año previo a la elección el plazo del Senado para emitir convocatorias de elecciones judiciales, otorgando más tiempo a los comités de evaluación para revisar candidaturas.

Otros cambios propuestos incluyen dejar vacantes los cargos judiciales hasta la siguiente elección en casos de renuncia, fallecimiento o destitución, en lugar de otorgar automáticamente el puesto al segundo lugar de la contienda.

La propuesta también crearía dos secciones adicionales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender asuntos menores y permitir que el pleno se concentre en casos constitucionales de mayor relevancia.

Se espera que el paquete de reformas sea presentado al Congreso en las próximas semanas para su discusión legislativa.