Related Articles
-Editorial
El Senado dio su primer paso importante hacia el fin del cierre del gobierno federal que lleva 41 días desde que comenzó el 1 de octubre, al votar 60 a 40 para avanzar en un paquete bipartidista de gastos que podría reabrir el gobierno en los próximos días.
El acuerdo aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por el Presidente antes de que el gobierno pueda reanudar sus operaciones.
La votación se produjo después de que un grupo de demócratas moderados aceptara avanzar sin una extensión garantizada de los créditos fiscales de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), lo que generó molestia entre muchos miembros de su bancada que argumentaron que el partido debía seguir luchando por esos subsidios. La medida establece varios días de procedimientos antes de una votación final sobre el proyecto de ley, posiblemente a finales de esta semana.
El acuerdo, negociado por tres exgobernadores —las senadoras Jeanne Shaheen (D-N.H.), Maggie Hassan (D-N.H.) y el senador independiente Angus King (I-Maine)— financiaría al gobierno hasta finales de enero de 2026 y comprometería al Senado a celebrar una votación a mediados de diciembre sobre la extensión de los créditos fiscales de la ACA, que expiran el 1 de enero. El acuerdo rompió un estancamiento de seis semanas que dejó a casi 900,000 empleados federales suspendidos sin sueldo y a otros dos millones trabajando sin pago.
El presidente Donald Trump reaccionó con cauteloso optimismo ante la acción del Senado, aunque reafirmó su postura firme sobre inmigración y gasto federal. “¡Parece que estamos cerca del final del cierre del gobierno!”, dijo Trump a los periodistas el domingo. “Nunca estaremos de acuerdo en dar dinero a prisioneros o a ilegales que entren en nuestro país, y creo que los demócratas entienden eso.”
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (R-S.D.), respaldó el acuerdo el domingo por la noche y convocó a una votación inmediata para comenzar el proceso de aprobación. El líder demócrata Chuck Schumer (D-N.Y.) votó en contra de avanzar con la medida, junto con todos los demócratas excepto ocho, argumentando que el proyecto no protegía adecuadamente los beneficios de salud para millones de estadounidenses.
“Estados Unidos está en medio de una crisis de salud creada por los republicanos, una crisis tan grave, tan urgente y tan devastadora para las familias estadounidenses que no puedo apoyar una resolución continua que no la aborde”, escribió Schumer en X. “Votaré en contra.”
El cierre comenzó cuando el Congreso no logró aprobar las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó una resolución temporal para mantener abierto el gobierno, pero el Senado la rechazó 14 veces debido a disputas sobre los subsidios de la ACA. Los demócratas insistieron en que cualquier proyecto de financiamiento debía incluir una extensión de los subsidios ampliados originalmente autorizados por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.
El prolongado cierre ha tenido efectos generalizados en todo el país. Programas esenciales como Medicare y Medicaid continúan operando, pero agencias clave como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han sufrido interrupciones significativas. La asistencia alimentaria a través de los programas WIC (para mujeres, bebés y niños) y SNAP (asistencia nutricional suplementaria) ha sido retrasada o reducida, afectando a millones de familias de bajos ingresos.
El personal militar ha permanecido en servicio activo pero sin recibir pago, mientras que los servicios para veteranos, la financiación educativa y los programas de asistencia tribal se han visto limitados. Analistas económicos estiman que el cierre ha costado a la economía estadounidense alrededor de 15 mil millones de dólares por semana, desacelerando el crecimiento y ejerciendo presión sobre los recursos estatales y locales. Bancos de alimentos en todo el país han reportado un aumento en la demanda por parte de trabajadores federales suspendidos y familias que han perdido beneficios.
Si se aprueba, el nuevo paquete de gastos reabriría las agencias cerradas, garantizaría el pago retroactivo a los empleados federales y proporcionaría estabilidad a corto plazo a los programas públicos. Sin embargo, no resolvería el conflicto político de fondo sobre los subsidios de salud federales ni las prioridades presupuestarias a largo plazo.
Los subsidios ampliados de la Ley del Cuidado de Salud Asequible —aumentados por primera vez con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y extendidos hasta 2025 por la Ley de Reducción de la Inflación— han reducido los costos del seguro médico para millones de estadounidenses de ingresos medios y bajos. Sin acción del Congreso, esos subsidios expirarán a fin de año, lo que podría aumentar las primas para millones de hogares.
El cierre de 2025 es el más largo en la historia de Estados Unidos, superando el cierre de 35 días que comenzó en diciembre de 2018. También es el undécimo cierre que ha resultado en la suspensión de empleados federales desde que se estableció el proceso presupuestario moderno.
