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-Editorial
El presidente Donald Trump instó al Congreso a aprobar lo que su administración denomina el “Gran Plan de Salud”, una amplia propuesta legislativa destinada a reducir los precios de los medicamentos recetados, bajar las primas de los seguros de salud, ampliar la transparencia de precios e imponer nuevos requisitos de divulgación a las compañías de seguros.
La Casa Blanca señaló que la propuesta busca basarse en las acciones que Trump ha tomado desde su regreso al cargo, así como en políticas de salud de su primer mandato. Funcionarios de la administración describieron el plan como un intento integral de frenar el gasto en salud, al tiempo que se incrementa la capacidad de elección del consumidor y la rendición de cuentas en todo el sistema de salud.
“El presidente Trump está cumpliendo su promesa de reducir los costos de la atención médica para todos los estadounidenses”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, al argumentar que el plan devolvería a los pacientes el poder sobre los precios y reduciría el papel de lo que calificó como intermediarios de la industria.
Uno de los pilares principales de la propuesta se centra en el precio de los medicamentos recetados. La administración dijo que el plan codificaría políticas de “nación más favorecida”, que buscan vincular lo que pagan los estadounidenses por ciertos medicamentos con los precios más bajos que se pagan en otros países desarrollados. Trump impulsó políticas similares durante su primer mandato, incluidas acciones ejecutivas dirigidas a la insulina y otros medicamentos de alto costo.
Bajo la nueva propuesta, la administración indicó que se mantendrían los acuerdos voluntarios de precios previamente negociados entre compañías farmacéuticas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El plan también propone ampliar el número de productos farmacéuticos considerados seguros para la venta sin receta, una medida que, según la Casa Blanca, aumentaría la competencia, mejoraría el acceso y reduciría la necesidad de consultas médicas para medicamentos de uso rutinario.
Además de los precios de los medicamentos, la propuesta aborda las primas de los seguros de salud. La administración dijo que buscaría poner fin a ciertos pagos de subsidios financiados por los contribuyentes a las compañías de seguros y redirigir esos fondos directamente a los estadounidenses elegibles para ayudarlos a comprar la cobertura de su elección. La Casa Blanca sostuvo que este enfoque reduciría las primas y aumentaría el control de los consumidores sobre las decisiones de seguros.
El plan también incluye financiamiento para un programa de reducción de costos compartidos para planes de salud. Según la administración, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que dicho programa podría ahorrar al menos 36 mil millones de dólares a los contribuyentes y reducir en más de 10% las primas de algunos planes de referencia de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Otra disposición abordaría el papel de los administradores de beneficios farmacéuticos, conocidos como PBM, que negocian los precios de medicamentos en nombre de aseguradoras y empleadores. La administración dijo que la propuesta buscaría eliminar lo que describió como pagos indebidos de los PBM a intermediarios de corretaje, al argumentar que esos pagos contribuyen al aumento de las primas de seguros. Durante años, la industria de la salud ha estado dividida sobre el papel de los PBM: aseguradoras y empleadores sostienen que ayudan a controlar los costos de los medicamentos, mientras que críticos afirman que sus prácticas carecen de transparencia y elevan los precios.
La propuesta también busca imponer nuevos requisitos de divulgación y reporte a las compañías de seguros. Bajo lo que la administración denomina un estándar de seguros en “lenguaje claro”, las aseguradoras estarían obligadas a publicar explicaciones simplificadas de la cobertura y comparaciones de tarifas en sus sitios web, evitando lenguaje técnico o propio de la industria. Las compañías también tendrían que divulgar qué porcentaje de sus ingresos se destina a reclamaciones de pacientes, en comparación con costos administrativos y ganancias.
Además, las aseguradoras tendrían que publicar el porcentaje de reclamaciones que rechazan y los tiempos promedio de espera para atención de rutina. La Casa Blanca dijo que estas medidas buscan facilitar a los consumidores la comparación de planes y exigir mayor rendición de cuentas sobre el uso de las primas y la toma de decisiones en la atención médica.
El plan también enfatiza la expansión de la transparencia de precios en todo el sistema de salud. Exigiría que cualquier proveedor de atención médica o aseguradora que acepte Medicare o Medicaid publique de forma visible su información de precios y tarifas en sus instalaciones y en línea. La propuesta también reforzaría los mecanismos de cumplimiento para garantizar que se respeten estas normas.
Durante su primer mandato, Trump emitió regulaciones que obligaban a hospitales y compañías de seguros a divulgar información de precios en diversos formatos. La Casa Blanca dijo que la propuesta actual se basaría en esas reglas y criticó a la administración Biden por lo que calificó como una falta de aplicación, al argumentar que los pacientes seguían teniendo dificultades para acceder a datos claros y utilizables sobre los precios.
Desde su regreso al cargo, Trump ha firmado órdenes ejecutivas destinadas a fortalecer la transparencia de precios y reducir el costo de los medicamentos. Una de ellas, firmada el 12 de mayo de 2025, ordenó a las agencias federales impulsar referencias internacionales de precios de medicamentos. La administración dijo que desde entonces ha alcanzado 16 acuerdos con fabricantes farmacéuticos para alinear los precios en Estados Unidos de ciertos medicamentos con los que se pagan en otros países desarrollados.
Otra orden ejecutiva se centró en ampliar el acceso público a información sobre precios de atención médica y en reforzar las acciones contra hospitales que no cumplen con las normas de transparencia existentes. Según la Casa Blanca, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han finalizado actualizaciones a las regulaciones de transparencia hospitalaria y han propuesto nuevos requisitos para las compañías de seguros.
La administración también destacó la ley de recortes fiscales para familias trabajadoras impulsada por Trump, que, según dijo, amplió el acceso a cuentas de ahorro para la salud, incrementó los esfuerzos federales para combatir el fraude y el abuso en el sector salud, y fortaleció la inversión en sistemas de salud rurales.
Aunque la Casa Blanca está instando a una acción rápida del Congreso, la propuesta enfrenta un camino incierto en el Capitolio. Históricamente, la legislación en materia de salud ha generado intensos debates, con legisladores divididos sobre el papel del gobierno federal en la regulación de precios, la reestructuración de subsidios y la imposición de nuevos mandatos a aseguradoras y proveedores. También se espera que las industrias farmacéutica, de seguros y hospitalaria analicen de cerca la propuesta, que podría modificar de manera significativa las estructuras de precios y los requisitos de reporte.
