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Editorial
Líderes empresariales de diversas cámaras industriales instaron al Congreso de Baja California a poner un tope a los incrementos de impuestos municipales en las Leyes de Ingresos 2026, argumentando que no deben superar la inflación ni los recientes ajustes al salario mínimo.
En una conferencia de prensa conjunta, representantes de CANADEVI, CANACAR, COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC, ADEPM y otras organizaciones presentaron datos económicos que, señalaron, demuestran la necesidad de una política fiscal prudente en un periodo de lento crecimiento y pérdida de empleos.
Según los grupos empresariales, el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte aumentará 5% a partir del 1 de enero de 2026, pasando de 419.88 a 440.87 pesos diarios. En el resto del país, el salario mínimo subirá 13%. Con una inflación anual de 3.8%, el incremento real en la frontera norte será de aproximadamente 1.2%, señalaron. Indicaron que cuando los ayuntamientos aprobaron sus Leyes de Ingresos 2026, todavía no se conocían los ajustes salariales, lo que calificaron como una falta de correspondencia entre los ingresos proyectados y la capacidad económica.
Los organismos destacaron que las condiciones económicas en Baja California siguen siendo frágiles. Citaron datos que muestran un crecimiento económico de 0.5% en 2025 y una proyección de 1.5% para 2026. También señalaron la pérdida de 19,258 empleos formales entre enero y octubre de 2025, lo que, aseguraron, subraya la necesidad de políticas que respalden la estabilidad y competitividad empresarial. Representantes advirtieron que los aumentos a los impuestos municipales por encima de la inflación podrían agravar las condiciones para los empleadores locales.
Las cámaras empresariales también abordaron retos de largo plazo para la economía estatal, particularmente la propuesta reforma laboral federal para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. La reforma, actualmente en discusión nacional, contempla una reducción gradual — de 48 a 46 horas, luego a 44, 42 y finalmente 40. Las organizaciones señalaron estar de acuerdo con el objetivo de la reforma, pero advirtieron que su implementación generará incrementos significativos en los costos. Estiman que los gastos de nómina aumentarán entre 12% y 28%, dependiendo del tamaño de la empresa, afectando en mayor medida a las pequeñas y medianas.
Representantes advirtieron que la reducción de la jornada laboral podría acelerar la adopción de automatización, inteligencia artificial y tecnologías de procesos, mientras los empleadores se ajustan a turnos más cortos. Dijeron que las empresas podrían necesitar reorganizar cargas de trabajo, incrementar la eficiencia o modificar plantillas para absorber los costos adicionales. Los líderes empresariales pidieron un enfoque coordinado entre el sector privado y el gobierno para gestionar la transición sin afectar la creación de empleo ni la competitividad regional.
Las organizaciones concluyeron reiterando su solicitud de que el Congreso estatal ajuste las Leyes de Ingresos 2026 conforme a las condiciones económicas reales y garantice que los incrementos impositivos se mantengan proporcionales a la inflación y a la política salarial, argumentando que ello daría estabilidad a los empleadores y protegería el impulso económico del estado.
