San Diego podría prohibir cámaras lectoras de placas por preocupaciones sobre privacidad
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-Editorial
San Diego podría eliminar próximamente su red de cámaras de reconocimiento automático de placas vehiculares, ante la creciente preocupación por la vigilancia gubernamental, la privacidad de los ciudadanos y el posible acceso de las autoridades federales de inmigración a la información recopilada, factores que están transformando el enfoque de la ciudad sobre el uso de tecnología para la seguridad pública.
El Comité de Presupuesto y Eficiencia Gubernamental del Concejo Municipal votó por unanimidad, con cuatro votos a favor y ninguno en contra, para avanzar una propuesta que pondría fin al uso de las cámaras de Flock Safety y exigiría la eliminación de los datos almacenados sobre las placas vehiculares.
Se espera que la propuesta sea presentada ante el pleno del Concejo Municipal a finales de este año o a principios de 2027.
La decisión representa un cambio significativo en el debate sobre los lectores automáticos de placas vehiculares, conocidos como ALPR por sus siglas en inglés, que la policía utiliza para identificar vehículos relacionados con investigaciones criminales, recuperar bienes robados y localizar personas desaparecidas.
Los concejales Stephen Whitburn y Henry Foster III cambiaron sus posturas para oponerse a las cámaras, citando preocupaciones sobre la confianza de la comunidad, la vigilancia y la posibilidad de que la información recopilada pueda quedar al alcance de las autoridades federales de inmigración.
Estos cambios han fortalecido la oposición al programa y han puesto en duda su continuidad.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, criticó la decisión del comité y advirtió que eliminar las cámaras debilitaría la capacidad de investigación del Departamento de Policía.
“Los lectores automáticos de placas vehiculares están ayudando a la Policía de San Diego a resolver delitos graves, recuperar vehículos y propiedades robadas, y localizar personas desaparecidas”, declaró Gloria. “Quitarles esta herramienta comprobada a nuestros agentes sería un grave error y un retroceso para la seguridad pública”.
Gloria defendió las medidas de protección de la privacidad existentes en la ciudad, incluidas las revisiones independientes, auditorías y requisitos de informes públicos establecidos mediante la Ordenanza TRUST de San Diego, adoptada en 2022.
El alcalde exhortó a los integrantes del Concejo Municipal a mantener el programa y conservar el sistema de supervisión actualmente establecido.
El jefe del Departamento de Policía de San Diego, Scott Wahl, también se manifestó en contra de la prohibición propuesta y señaló que esta tecnología ha ayudado a los agentes en más de 900 investigaciones criminales.
“No tenemos que especular sobre si los lectores automáticos de placas ayudan a resolver delitos”, afirmó Wahl. “Hemos visto sus resultados en más de 900 casos, desde robos de vehículos y secuestros hasta homicidios”.
Wahl sostuvo que retirar las cámaras no resolvería las preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de personal policial, la aplicación de las leyes migratorias ni las presiones presupuestarias del municipio.
Las preocupaciones sobre la privacidad se han intensificado a medida que comunidades de todo Estados Unidos cuestionan cómo se recopila, almacena y comparte la información obtenida mediante sistemas de vigilancia entre las distintas agencias policiales.
Los opositores a esta tecnología han expresado especial preocupación por la posibilidad de que los datos de las placas vehiculares sean utilizados en investigaciones federales de inmigración, lo que podría afectar a familias inmigrantes y desalentar su cooperación con las autoridades locales.
Por su parte, los defensores del programa sostienen que las restricciones y los mecanismos de supervisión existentes pueden proteger la información personal de los ciudadanos sin eliminar una herramienta útil para las investigaciones policiales.
La recomendación del comité no implica la cancelación inmediata del programa. Su eliminación definitiva requeriría la aprobación del pleno del Concejo Municipal.
