Newsom conmuta todas las sentencias de muerte en California

-Editorial

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves 5 de noviembre que conmutará todas las sentencias de muerte en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una amplia decisión de clemencia que afecta a 548 personas encarceladas y que provocó críticas de la fiscal de distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, por sus repercusiones en las familias de las víctimas.

En una carta abierta dirigida a los californianos, Newsom señaló que la decisión refleja su oposición de muchos años a la pena capital y su convicción de que la pena de muerte es incompatible con el compromiso del estado con la justicia y la dignidad humana.

“He decidido ejercer mi autoridad constitucional de clemencia para conmutar todas las sentencias de muerte en California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, escribió Newsom.

El gobernador reconoció que las personas condenadas a muerte cometieron delitos graves que ocasionaron sufrimiento duradero a las víctimas, sus familias y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que el Estado no debería llevar a cabo ejecuciones.

“Las personas condenadas a muerte en California causaron un sufrimiento indescriptible a las víctimas, sus familias, las comunidades y a nuestro estado en su conjunto”, escribió Newsom.

Newsom indicó que la decisión es resultado de casi tres décadas de oposición a la pena capital durante su trayectoria en cargos públicos.

El 13 de marzo de 2019, poco después de asumir el cargo, Newsom estableció una moratoria sobre las ejecuciones en California. La medida formalizó una suspensión que, en la práctica, estaba vigente desde 2006, año en que el Estado llevó a cabo su última ejecución.

Aunque la moratoria impidió nuevas ejecuciones, no eliminó las sentencias de muerte existentes. De acuerdo con la oficina del gobernador, California tiene actualmente 548 personas condenadas a muerte, lo que representa la mayor población de reclusos sentenciados a la pena capital en el hemisferio occidental.

Newsom señaló que el sistema de pena capital de California ha enfrentado décadas de desafíos legales, apelaciones prolongadas y preocupaciones relacionadas con condenas erróneas.

“Desde cualquier perspectiva, el sistema de California para aplicar la pena de muerte es un fracaso”, escribió Newsom. “No se ha aplicado de manera justa ni puede aplicarse de esa forma, y ha resultado en la condena de personas inocentes”.

El gobernador explicó que consideró si determinadas categorías de delitos o personas deberían quedar excluidas de la medida de clemencia, pero finalmente determinó que aplicar criterios diferentes podría establecer distinciones entre las víctimas y sus familias.

En su lugar, todas las sentencias de muerte existentes serán conmutadas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Estos delincuentes morirán en prisión, pero no por nuestra mano”, escribió Newsom.

El gobernador enfatizó que las conmutaciones no derogan la legislación de California que permite la pena de muerte.

Los votantes de California han rechazado anteriormente propuestas para eliminar la pena capital, y la facultad de derogarla continúa en manos de la Legislatura estatal y del electorado.

Los fiscales, jurados y tribunales también conservan sus facultades actuales en los casos relacionados con delitos que pueden castigarse con la pena capital, lo que significa que la decisión se aplica a las sentencias de muerte existentes y no a futuros procesos judiciales.

Newsom reconoció que la Constitución de California exige la aprobación de la Corte Suprema estatal para otorgar clemencia a personas condenadas por dos o más delitos graves. Por lo tanto, algunas conmutaciones requerirán una revisión judicial antes de entrar en vigor.

El gobernador también reconoció que el anuncio podría provocar un mayor sufrimiento emocional entre las familias que perdieron a sus seres queridos a causa de delitos violentos.

“Esta decisión es una de las más difíciles de mi carrera, no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede despertar recuerdos extremadamente dolorosos para las familias de las víctimas”, escribió Newsom.

Señaló que consultó a víctimas de delitos, sobrevivientes, funcionarios de seguridad pública, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles y personas involucradas en casos de pena capital antes de tomar su decisión.

Newsom también reconoció que algunas familias de las víctimas podrían encontrar cierto consuelo en la conclusión de prolongados procesos judiciales relacionados con la pena capital, mientras que otras podrían oponerse firmemente a las conmutaciones.

El anuncio provocó críticas de la fiscal de distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, quien afirmó que la decisión ignoró a las familias de las víctimas y les negó la oportunidad de expresar sus opiniones antes de hacerse pública.

“La decisión del gobernador de conmutar las sentencias de muerte de todas las personas condenadas a la pena capital en California representa un golpe devastador para las víctimas que sufrieron la pérdida de sus seres queridos de algunas de las maneras más crueles y estremecedoras, y que ya atravesaron un prolongado juicio ante un jurado y una sentencia que consideraban una medida de justicia”, declaró Stephan en un comunicado.

Stephan señaló que su oficina había recibido llamadas de familias que expresaron conmoción y angustia por la decisión.

También indicó que los fiscales estaban analizando posibles opciones legales para garantizar que las víctimas y sus familiares pudieran participar en el proceso.

“Nuestra oficina está recibiendo llamadas de personas que expresan dolor y conmoción por haber sido privadas de cualquier oportunidad de participar y de que se consideraran sus derechos conforme a la Constitución”, señaló Stephan. “Estamos investigando cualquier recurso legal que permita que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta”.

De acuerdo con Stephan, su oficina no recibió una notificación anticipada y, por lo tanto, no pudo prepararse para brindar asistencia o apoyo a las familias afectadas.

“A mi oficina no se le dio ninguna oportunidad de aportar información ni de notificar, brindar apoyo o proporcionar servicios a las familias de las víctimas antes del anuncio público del gobernador”, declaró Stephan.

La fiscal mencionó específicamente a las familias del oficial de policía de San Diego JD DeGuzman, quien murió en cumplimiento de su deber, y de Danielle van Dam, una niña de 7 años que fue secuestrada de su habitación, agredida sexualmente y asesinada.

Stephan afirmó que esas familias y otras que han sufrido pérdidas a causa de actos violentos merecían recibir una comunicación directa antes de enterarse de la decisión a través de los medios de comunicación.

“Estas familias, que han sufrido pérdidas indescriptibles y han sido condenadas a una vida de dolor y sufrimiento, merecen más que un anuncio público”, señaló Stephan. “Merecen compasión, respeto y la oportunidad de que sus voces sean escuchadas”.

El fiscal de distrito del Condado de Riverside, Mike Hestrin, también criticó la decisión del gobernador y emitió un comunicado en representación de la Fiscalía de Distrito del Condado de Riverside, en el que cuestionó el proceso de clemencia y la falta de consultas previas con los fiscales y las familias de las víctimas.

Hestrin señaló que los fiscales de distrito cuyas oficinas procesaron los casos de pena capital y lograron obtener condenas y sentencias de muerte no fueron notificados antes de que el gobernador anunciara las conmutaciones.

También criticó lo que describió como la falta de participación individual de las familias cuyos seres queridos fueron asesinados.

En lugar de realizar revisiones individuales de las pruebas, los procedimientos judiciales y las circunstancias de cada condena, Hestrin acusó a Newsom de permitir que las consideraciones políticas influyeran en el sistema de justicia penal del estado.

“Esta medida de gran alcance, tomada sin una consulta significativa con los fiscales o las familias de las víctimas, plantea serias dudas sobre los intereses que realmente representa el gobernador”, señaló Hestrin en el comunicado.

Hestrin sostuvo que la decisión demostró una consideración insuficiente hacia las víctimas de delitos, sus familiares y los fiscales que trabajaron en los casos.

Afirmó que los residentes de California merecen funcionarios electos que den prioridad a la rendición de cuentas, la transparencia y la justicia, al tiempo que consideren las consecuencias de sus decisiones para las personas afectadas por delitos violentos.

“El gobernador tiene la responsabilidad de servir a todos los californianos, incluidos aquellos cuyas vidas han cambiado para siempre a causa de delitos violentos”, declaró Hestrin. “La medida de hoy está muy lejos de cumplir con esa responsabilidad”.

Hestrin concluyó su comunicado afirmando: “Los habitantes de California merecen algo mejor”.